Sánchez sienta las bases para una legislatura larga con el pacto por el CGPJ y el inicio de los Presupuestos

Pedro Sánchez estaba tan satisfecho por el pacto alcanzado con Alberto Núñez Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras cinco años y medio de bloqueo, que un día después de sellarlo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, dejó que el líder del PP se colgara la medalla. “Para usted la perra gorda”, le dijo el miércoles el jefe del Ejecutivo, pasando por alto que lo recién acordado (relevo de los miembros del organismo, con socialistas y conservadores nombrando cada uno a 10 vocales, y el estudio de propuestas para que los integrantes provenientes de la judicatura sean elegidos por los propios jueces) era básicamente lo mismo que Feijóo a punto estuvo de firmar en 2022, echándose atrás en el último momento por las presiones internas. Pero Sánchez también añadió algo más: “Tenemos tres años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar”. 

Todos los ministros y colaboradores del presidente del Gobierno consultados coinciden en que tras el pacto del CGPJ y las recientes elecciones europeas, en las que el PP sacó cuatro puntos al PSOE pero se quedó lejos de la abrumadora victoria que anhelaba, la legislatura se ha consolidado. Las dos grandes incógnitas siguen siendo Catalunya, con Salvador Illa intentando una investidura que tiene que llegar antes del 26 de agosto, y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, muy condicionada por lo que acabe ocurriendo en la Generalitat, ya que el apoyo de ERC y Junts resulta imprescindible para que las cuentas públicas del año que viene salgan adelante. Pero el optimismo ha vuelto a instalarse en las filas socialistas. 

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“El PP ha asumido dos cosas: que el tono bronco, la hipérbole destructiva, no ha funcionado y que hay Sánchez para rato”, señalan en la Moncloa. “Ellos han aceptado que las numerosas elecciones que se han celebrado entre el pasado año y este no han servido para que el presidente tenga que desalojar la Moncloa. El PP sabe que hay legislatura por delante. Si Feijóo creyera de verdad que en otoño puede haber generales, no habría firmado el acuerdo del CGPJ”, continúan.  

La crispación política no remitirá del todo, anticipan los socialistas, pero ahora se abre una nueva etapa que debería traer consigo nuevos pactos con los populares para renovar el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE). Más difícil se presenta el Consejo de Administración de RTVE. Y todavía más el nuevo sistema de financiación autonómica, con el actual caducado desde 2014, porque los conservadores gobiernan en la mayoría de comunidades (11 de 17) y sus presidentes defienden métodos dispares y contradictorios entre sí para abordar el cálculo. “En cualquier caso, el cambio de actitud es evidente”, señalan en el entorno de Sánchez.  

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El bloque de investidura

Al mismo tiempo, el pacto con el PP para renovar el CGPJ ha contribuido a alimentar el malestar de los aliados del PSOE. En la Moncloa contaban con las críticas de partidos como ERC y Podemos, que consideraron que el acuerdo era el germen de una “gran coalición” entre las dos fuerzas mayoritarias. Mayor sorpresa causó la respuesta de Sumar. En un primer momento, nada más conocerse el entendimiento, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró satisfecha. Al día siguiente, sin embargo, su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, tomó distancia. 

Los socialistas atribuyen estas diferencias a los “problemas internos” en Sumar, después de que Díaz abandonase el liderazgo de la formación debido a los malos resultados en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Pero la consigna es no incidir en este aspecto. Al contrario. En la Moncloa quieren “dar su espacio” a la vicepresidenta segunda, algo que se verá en los próximos días con la reducción de la jornada laboral. 

En cuanto al resto del bloque de investidura, los socialistas también observan señales positivas. Todos los grupos que propiciaron hace siete meses la reelección de Sánchez votaron el jueves a favor de la ley de paridad. Ese mismo día hubo otro guiño relevante: el Gobierno cumplió con lo pactado con Junts e incluyó en el decreto anticrisis la derogación del artículo que explicitaba que la ley de amnistía quedaba suspendida si los jueces elevaban una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La supresión del precepto no cambia en el fondo nada, porque se continuará aplicando la doctrina europea que prescribe la paralización de los procedimientos en estos casos, pero fue un nuevo síntoma de que en la Moncloa continúan apostando por los posconvergentes. Al fin y al cabo, no tienen otra alternativa. 

La gran prueba de la legislatura llegará con los Presupuestos, cuya aprobación depende en gran parte de la suerte que corra la investidura de Illa. En principio, la idea que maneja el Gobierno es no presentar las cuentas a menos que tenga atado el apoyo de Junts y ERC. Pero la maquinaria ya ha echado a andar. El mismo jueves, Hacienda publicó la orden ministerial que obliga a todos los ministerios a confeccionar sus respectivas cuentas, con el 8 de julio como fecha límite. “Ponemos la directa para tener unos Presupuestos aprobados en tiempo y forma. Confiamos en el diálogo con los grupos para llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía”, señalaron los socialistas. 

Casi todo aquí vendrá condicionado por el desenlace catalán. Pero en la Moncloa aseguran que, pase lo que pase, no se adelantarán las generales. “Si hay repetición electoral en Catalunya, tendremos que pisar el freno de la legislatura, porque habrá un impasse de dos meses -concluyen en el Gobierno-. Pero si no lo hay, si hay acuerdo sobre la investidura de Illa, podremos decir que se hizo la luz”.