El acuerdo del CGPJ desata el desconcierto en Sumar y reaviva las fricciones internas

El acuerdo de PSOE y PP para renovar el CGPJ tensa de nuevo las costuras de Sumar. La coalición de partidos vivió este martes una jornada extraña. Los diputados asistían al Pleno del Congreso cuando se anunció por sorpresa el pacto, que despertó un "desconcierto total" en sus filas por el secretismo extremo que se mantuvo en torno a las negociaciones, y por las dudas sobre el papel que habían mantenido como socio minoritario del Gobierno.

Una vez que el ala socialista del Gobierno envió la nota que confirmaba el acuerdo, salían a toda prisa del Hemiciclo algunos miembros de la dirección de Sumar, que se enteraron del anuncio al mismo tiempo que la prensa. Ninguno de los diputados conocía los términos del pacto que acababa de sellarse. Con una excepción: el dirigente de IU Enrique Santiago, portavoz de la Comisión de Justicia.

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El dirigente de IU atendió a los periodistas en los pasillos del Congreso una hora después de anunciarse públicamente el acuerdo para celebrar la "victoria para la democracia" que suponía la renovación de un órgano caducado desde hace cinco años. En su intervención, dejó claro que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había negociado en nombre de todo el Gobierno y que Sumar había "participado y dado nuestros criterios" sobre los veinte vocales elegidos.

Confusión

Pero a última hora del día, ni siquiera los diputados de Sumar habían sido informados sobre el acuerdo ni de los nombres de los dos vocales que su propio grupo parlamentario había incluido en el órgano de los jueces. Algunas voces de la coalición se maliciaban sobre el silencio de la dirección parlamentaria, atribuyéndolo a que ni siquiera la cúpula de Sumar conocía los términos del pacto. El objetivo de este absoluto hermetismo, señalaban desde Sumar, era preservar el acuerdo, del que llevaban mano a mano Yolanda Díaz y Santiago, al mismo tiempo en que evitaban "quemar" a los vocales propuestos, evitando su exposición pública.

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Pero más allá de los contactos entre Santiago con el PSOE, la confusión aumentaba en las filas de la coalición de izquierdas, donde existía un "desconcierto total", según admitía un diputado, que afeaba la falta de información que se había trasladado a quienes debían en último lugar deberían apoyar ese acuerdo en el Congreso.

Está previsto que a mediados de julio se convoque un Pleno para ratificar los nombres ahora elegidos y tramitar, por el procedimiento de urgencia, la proposición de ley orgánica pactada entre PP y PSOE para reformar la Ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para entre otras cosas impedir las puertas giratorias entre Gobiernos y organismos judiciales. El acuerdo también incluye pedir al CGPJ aprobar con un mínimo de 12 de 20 vocales una propuesta para reformar su sistema de elección, que se trasladará al Gobierno y a las Cortes para su tramitación.

Intervención de Errejón

La falta de información oficial por parte del grupo parlamentario y las informaciones que apuntaban a una reforma del sistema de elección de los vocales encendieron las alarmas en distintas facciones de grupo parlamentario, y Compromís, CHA y Mès per Mallorca llegaron durante unas horas a dejar en el aire su apoyo al acuerdo en caso de que se vinculara a esta reforma. Tanto es así que tuvo que intervenir el portavoz parlamentario, Iñigo Errejón, que se reunió con los portavoces de estas formaciones para aplacar los ánimos.

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En esa reunión se las trasladó que la "participación directa" de los jueces en la elección del CGPJ ya se producía de facto, puesto que las asociaciones judiciales proponen a los 100 candidatos de entre los que se eligen a sus vocales. Además, señaló que la eventual reforma de las mayorías debería elaborarse con el visto bueno de los vocales progresistas del CGPJ -el acuerdo obliga a que refrenden la propuesta tres quintos del órgano-, y que su tramitación no sería inmediata. Las explicaciones rebajaron la tensión entre estas formaciones, que sin embargo admiten estar "vigilantes" del detalle de los acuerdos.

La dirección parlamentaria de Sumar, el único órgano institucional donde conviven las distintas formaciones, tampoco se convocó para explicar los términos del acuerdo, algo que también generó cierto malestar entre dirigentes de distintos partidos, que afeaban que las principales decisiones "las sigue tomando Yolanda y los suyos" de espaldas al resto. "Hablamos de crear nuevas mesas de partidos pero no se emplean los espacios que ya hay", se quejaba un dirigente de un partido minoritario.

Lea el texto íntegro del acuerdo PSOE-PP para el CGPJ y la reforma de la ley del poder judicial

Lo cierto es que tampoco Errejón tenía indicios sobre la inminencia del acuerdo hasta unas horas antes, apuntan fuentes parlamentarias. Este mismo lunes en rueda de prensa dos de las coordinadoras generales de Sumar se mostraban escépticos sobre que pudiera alcanzarse un acuerdo. Sólo el lunes por la noche, empezaron a sondearse algunos de los vocales que Sumar iba a proponer, en unos contactos que continuaron en la mañana del martes.

Los vocales de Sumar

En la dirección de Sumar tampoco tenían conocimiento de cuáles eran los vocales en el nuevo CGPJ. Los dos nombres propuestos por Sumar, según apuntan distintas voces de la coalición aunque sin confirmación oficial, se corresponden por la cuota de los jueces con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Hugo Preciado, un nombre que los Comunes situaron hace dos años en el último intento de renovación del CGPJ, pero que no han propuesto en esta ocasión, aseguran desde la formación el partido.

En segundo lugar está la fiscal Inés Herreros, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, que será vocal del CGPJ por la cuota de juristas de reconocido prestigio. Esta figura desplazó al constitucionalista Joaquín Urías, que estaba entre los aspirantes a entrar en la cúpula judicial pero que finalmente fue desplazado para cumplir la paridad de género.

También ha entrado la magistrada Esther Erice, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que emitió un voto particular contra la rebaja de condena a un miembro de La Manada, después de la cascada de rebajas de penas por la ley del sí es sí de Irene Montero. Erice fue un nombre que ya incluyó Podemos en el principio de acuerdo que firmó a finales de 2018 con el PSOE, cuando el partido entonces liderado por Pablo Iglesias. Aquel intento se terminó frustrando años después por el veto del PP a la inclusión de José Ricardo de Prada, el magistrado de la trama Gürtel, también propuesto por Podemos.