El PSOE prevé rehabilitar a Chaves y Griñán si se los exculpa del caso ERE: “Sería de justicia”

Nueve años después de que Pedro Sánchez reclamase como secretario general del PSOE la renuncia inmediata de las actas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Ferraz pretende emprender su rehabilitación política. En la dirección socialista aducen que “sería de justicia” tomar la decisión de recuperarlos de militancia, al calor de la decisión del Tribunal Constitucional de anular las penas de cárcel a varios exaltos cargos condenados por el caso de los ERE.

Desde que el Supremo imputó en 2015 a los expresidentes de la Junta y otros altos cargos, su legado fue borrado en las filas socialistas y sus nombres prácticamente dejaron de pronunciarse. Hasta ahora, cuando se apunta desde la sede federal que se verán las fórmulas para rehabilitarlos aunque no soliciten por sí mismos su alta como militantes tras haber renunciado en su día.

Nuevos excarcelamientos de los ERE: la Audiencia de Sevilla pone el libertad a Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo

El propio Pedro Sánchez ya dejó entrever este ánimo de rehabilitación cuando en la campaña de las europeas, durante un mitin en Benalmádena (Málaga), citó desde el escenario a Magdalena Álvarez, condenada por los ERE, como objetivo “también” del “vil ataque de la derecha y la ultraderecha”, según recogió Servimedia. En las primeras filas se había reservado un asiento para la exministra con José Luis Rodríguez Zapatero quien justificó su apoyo porque le estarían haciendo “juego sucio” al jefe del Ejecutivo, algo que dijo haber sufrido en sus propias carnes.

Solo el expresidente socialista se atrevió públicamente a saltarse el tabú de mencionar a Chaves y Griñán en campaña electoral. Lo hizo en 2022 para reivindicar el “orgullo” por su herencia política y referirse a la honestidad de ambos. Si bien los socialistas siempre defendieron que ni Chaves ni Griñán se lucraron por los ERE, su herencia política dejó de reivindicarse.

El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ya abría la puerta esta semana a recuperar la militancia de los cargos públicos afectados por el caso ERE que se dieron de baja en el partido. “En la medida que quieran reingresar, estaremos dispuestos y encantados de volver a recibirles”, aseguró el también portavoz del PSOE en el Senado. En su caso, siendo alcalde de Sevilla, ya se había posicionado a favor de la “honestidad y rectitud” de los expresidentes socialistas.

El objetivo ahora de Espadas, al igual que de Ferraz, es darle la vuelta al relato azuzado por el PP y Vox sobre la corrupción de los socialistas. Tanto es así, que el líder de los socialistas anticipaba tras las decisiones del TC que no permitirán “a ningún responsable político del PP y Vox que vuelvan a hablar de robo de dinero público a los andaluces por este tema, 680 millones, o que se hable del PSOE o de socialistas”. De hecho, amenazó con querellarse a quien lo haga para clamar contra las “mentiras” y el “engaño a la sociedad andaluza”.

Incitación al odio

Tanto desde el PSOE-A como desde Ferraz entienden que deben poner “pie en pared” y darle la vuelta a un relato asentado durante años. De hecho, el equipo jurídico del PSOE está recopilando en un informe todas las declaraciones de dirigentes del PP y Vox en este sentido, sobre todo fuera de sede parlamentaria a través de redes sociales y entrevistas, con el objetivo de acudir a los tribunales por delitos de injurias y calumnias e, incluso, incitación al odio.

Desde Moncloa también han solicitado una rectificación inmediata al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras poner en duda la “imparcialidad” del Tribunal Constitucional. El presidente del PP argumentó durante una entrevista en Onda Cero que pese a sus “dificultades” para “aceptar la imparcialidad” del Alto Tribunal recurrirán la ley de amnistía. "Nuestra obligación es recurrir la ley. Pero es un tribunal trufado de cargos del Gobierno y eso es inmoral", concluyó. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aprovechó la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes para reiterar sus peticiones de rectificar unas declaraciones “de extrema gravedad” por “cuestionar la legitimidad” de las instituciones y la separación de poderes. “Atentan contra el Estado de derecho”, zanjó.