El PP pidió al PSOE diseñar la estrategia comunicativa del pacto del CGPJ para blindar el acuerdo

El Gobierno enmarca en la “falta de liderazgo” de Alberto Núñez Feijóo el principal obstáculo para desbloquear otros grandes acuerdos al margen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la reforma del modelo de financiación autonómica o el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas. En el ministerio de Hacienda acusan una supuesta incapacidad del jefe de la oposición para “arbitrar” entre los presidentes autonómicos una propuesta de consenso que comprometa a todos los líderes territoriales sobre financiación, mientras que desde Política Territorial fuerzan un golpe de autoridad de Feijóo frente a las dudas de los presidentes que gobiernan con Vox para reformar la ley de extranjería. Máxime, después de que Santiago Abascal abriese la puerta a romper sus alianzas si los populares ratifican su apoyo. El Ejecutivo, lejos de dar tregua, ha redoblado la presión para azuzar las tensiones en el PP.

El mismo día que estaba todo previsto para cerrar el acuerdo sobre el CGPJ, el Consejo de Ministros aprobaba un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid. A pesar de que Isabel Díaz Ayuso era el principal exponente del sector que se había opuesto previamente a un pacto con el Gobierno para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, el Gobierno evitó retrasar este choque institucional.

El Gobierno apostará por "más mano tendida" al PP sin descuidar la "influencia" de sus socios

La Comunidad de Madrid había aceptado abrir una comisión bilateral con el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo que evitase el recurso. Ambas partes tenían hasta mediados del próximo mes de septiembre para negociar, pero Ejecutivo decidió no esperar y presentar recurso. Fuentes del ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo justificaron la premura por constatar “falta de predisposición” en sus interlocutores y tratarse de un asunto que afecta a derechos fundamentales. Un discurso que contrasta con el de hace apenas unas semanas, cuando se valoraba positivamente que la Comunidad de Madrid aceptase abrir una comisión bilateral en comparación con el Gobierno de Aragón que lo rechazó sobre la ley de concordia, provocando así su recurso inmediato al TC.

El líder de los socialistas ya trasladó a la ejecutiva del PSOE el día después de las elecciones europeas su “preocupación” por los resultados electorales en Madrid. Un “agujero” electoral por el que se coló la mitad de los 700.000 de votos de diferencia con el PP. Para taponarlo, el líder de los socialistas dio al orden de redoblar el combate político contra Isabel Díaz Ayuso. Según su propia terminología, contra lo que denomina la “sede social de la máquina del fango”. Dentro de esta estrategia, Ferraz y Moncloa han dirigido buena parte de sus discursos a cuestionar las políticas de la presidenta regional.

También unas horas antes de sellar el acuerdo para el CGPJ, el PSOE ofreció sus votos a la presidenta balear, Marga Prohens, para echar al actual presidente del Parlament de Vox. La propuesta, que fue rechazada, consistía en dar su apoyo para elegir a un presidente del PP ante la situación de “emergencia democrática” derivada de las actuaciones del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, quien en el pleno anterior rompió una fotografía de una víctima del franquismo.

Votos para echar a Vox

Desde la cúpula de Ferraz explicaron que estaban dispuestos a extender esta oferta en otros parlamentos autonómicos para aislar a Vox. Un cambio sustantivo respecto al cordón sanitario que tras las elecciones municipales y autonómicas vincularon a que el PP rompiese con la formación de ultraderecha en todas las instituciones. Con todo, en la dirección socialista admiten que los populares nunca recogerán este guante.

Después de las elecciones generales y del fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PSOE puso en duda su continuidad al frente del PP. Una forma de intentar visibilizar un liderazgo débil, con tensiones internas, y pasajero. Ahora que se ha cerrado el ciclo electoral, los socialistas tratan de azuzar las diferencias internas con mano tendida al líder de los populares y redoblando la presión sobre los presidentes autonómicos. Fuentes de Moncloa aluden asimismo a las presiones del “sector más extremista”, en referencia la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o, incluso, a la fundación FAES del expresidente José María Aznar, para alejarlo de la renovación de otros organismos, como los consejeros de RTVE.

Feijóo usa el pacto del CGPJ para reconstruir su perfil de moderado mientras ata en corto a los aznaristas

En Moncloa reconocen que no se producirá un giro radical en sus relaciones con el líder de la oposición. A nivel discursivo incluso vaticinan que Feijóo subirá el tono porque “tiene que administrar el acuerdo con una parte de su partido”. “Ahora hará más aspavientos para diferenciarse y decirle al ala dura de su partido que no ha cambiado. Es la misma hoja de ruta que siguió Pablo Casado” tras acordar la renovación del Tribunal Constitucional y otras altas instituciones, explicaban las mismas fuentes en plena resaca del acuerdo para desbloquear el CGPJ.

Cortocircuitar mayorías alternativas

Sin una estrategia clara y coordina en el PP, además de ruido interno, el margen del Gobierno para llegar a más pactos con Feijóo se reduce. Sin embargo, los socialistas se centran más visibilizar esta debilidad del presidente del PP y remarcar su dependencia de la ultraderecha o de los sectores más duros de su partido. Pedro Sánchez reprochaba ya la pasada semana al líder del PP durante la sesión de control al Gobierno que “cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso y le dicen que ni se le ocurra".

Si Feijóo solemnizó el acuerdo del CGPJ por “lealtad al Estado”, situándose en posiciones más centrales, los socialistas insisten en remarcar su dependencia tanto de Vox como de ciertos sectores del PP. Una rémora por la que entienden la imposibilidad de presentarse como una figura moderada y cortocircuitar así las posibles mayorías alternativas al Gobierno de coalición. Especialmente, mirando a Junts y PNV.