El Gobierno lleva al Constitucional la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid

El Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, aprobadas en 2023, tal y como lo ha anunciado Ana Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, la ministra de Igualdad ha asegurado que la normativa madrileña es "regresiva", al limitar y vulnerar derechos que ya están reconocidos en la legislación estatal.

"Los derechos de las personas trans y LGTBI no pueden esperar. Tenemos que garantizar que se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio del Estado", ha recalcado la ministra, que ha matizado que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado. Eso sí, en el momento en el que el Tribunal Constitucional admita los recursos, las leyes en cuestión quedarán paralizadas

Cuatro motivos

Según ha explicado la ministra, el recurso de inconstitucionalidad responde a cuatro motivos. El primero es la prohibición de las terapias de conversión. "Así lo establece la comunidad científica internacional, lo dice la legislación y también la jurisprudencia", ha indicado la ministra. "Sin embargo, en la ley autonómica se abre la puerta a que haya una evaluación psiquiatra y un acompañamiento psicológico que, en muchas ocasiones, lo que hacen es encubrir las terapias de aversión", ha añadido.

El segundo motivo de inconstitucionalidad es "la patologización que hace la ley de Madrid de los menores trans al obligarles, también, a un proceso de acompañamiento psicológico y psiquiátrico y a un informe preceptivo, es decir, un informe obligatorio previo al inicio de cualquier terapia de tránsito hacia la transexualidad". Esa es, precisamente, la misma razón por la que el Defensor del Pueblo también recurrió ante el Constitucional la ley trans madrileña el pasado mes de abril.

La tercera razón hace referencia a la "discriminación", al contraponer "derechos entre las mujeres trans y el resto de mujeres". El cuarto motivo es la invasión de competencias. Según ha indicado Redondo, tanto la ley 17/2023 como la ley 18/2023 de la Comunidad de Madrid "excluyen a las asociaciones LGTBI de la legitimación activa para interponer recursos tanto en el ámbito penal como en el contencioso-administración, así como su participación como interesadas".

Recursos con carácter suspensivo

Redondo ha recalcado que lo "interesante" de este recursos es que tiene un carácter suspensivo, es decir, suspende los efectos de las leyes autonómicas de la Comunidad de Madrid.

Así que, a partir de su interposición, "se prohibirá, con carácter absoluto, las terapias de conversión en todo el territorio de Madrid". Tampoco se requerirán informes psicológicos ni psiquiátricos para iniciar un tratamiento a menores trans en la Comunidad, y se reconocerá la legitimación activa de las organizaciones LGTBI para actuar en distintos procedimientos.

Finalizado antes el plazo para negociar

El recurso llega antes de que finalicen los seis meses de plazo que el Gobierno dio a la administración madrileña para negociar, en una comisión bilateral, la modificación de aspectos concretos de las dos leyes regionales.

Este mecanismo jurídico previo al recurso de inconstitucionalidad fue activado el pasado mes de marzo pero, según apuntan fuentes del Gobierno, lo dan por finalizado después de que, tras "reuniones y posiciones contrapuestas", no hayan llegado a un acuerdo. Aseguran que no tenía sentido esperar más, sobre todo cuando las discrepancias tienen que ver con derechos fundamentales, como ocurre en este caso.