El Gobierno buscará atraer al PP a la ley de extranjería con financiación y equidad en las CCAA con más menores

El Gobierno afronta este miércoles una reunión clave con las comunidades autónomas para intentar desbloquear la reforma de la ley de extranjería que haga obligatoria la acogida de menores migrantes llegados a las costas canarias. A la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, el PP acude sin una posición unánime entre sus presidentes autonómicos, inclinándose por un reparto voluntario sin modificar la ley y con algunas exigencias que Génova ha ido poniendo sobre la mesa. Principalmente, la creación de un “fondo de contingencia”, más recursos del Estado y la necesidad de atender en los criterios de reparto a las comunidades que ya estarían “saturadas”. Desde el Ejecutivo aseguran que acudirán con la “mano tendida” para atraer el apoyo del PP y se abren a atender las reivindicaciones de los populares.

Tanto a través de una financiación “suficiente” como de una discriminación positiva de las comunidades que ya hayan realizado un “esfuerzo previo” en la acogida de menores migrantes, según fuentes del ministerio de Política Territorial. Todo ello dentro de unos parámetros preestablecidos en la conferencia sectorial relacionadas con la población o la renta per cápita. Con todo, y ante las quejas de Andalucía, Comunidad Valenciana o Región de Murcia, las mismas fuentes del Ejecutivo trasladan que las comunidades que tradicionalmente más esfuerzo de acogida han hecho son Euskadi y Cataluña.

El PP pide un "fondo de contingencia" para los menores migrantes y reitera que ya hay comunidades saturadas

Aunque desde el Gobierno defienden que la financiación está garantizada en la propuesta de reforma pactada con el ejecutivo de Canarias, se abren a incluir nuevas aportaciones en esta materia. El objetivo será blindar la “suficiencia financiera” y la adopción de medidas que resulten necesarias para dotar de recursos a las administraciones autonómicas. Por otra parte, tanto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya se comprometieron en una reunión con el PP el pasado mes de junio a incluir sus aportaciones al texto en lo relativo al mecanismo de la declaración de emergencia.

El portavoz de los populares, Borja Sémper, señalaba la víspera de este foro que el Gobierno “debe habilitar los medios” y nuevas infraestructuras que permitan la acogida. Asimismo, puso de relieve la situación “asimétrica” entre las diferentes comunidades autónomas para pedir que sean tenidas en cuenta las circunstancias de cada una a la hora de asumir el reparto de 3.000 de los 6.000 menores migrantes que residen en Canarias.

Desde el Ejecutivo reiteran esta voluntad de incluir modificaciones a su propuesta de reforma. Cambios que se negociarían a futuro porque ahora consideran urgente comenzar a descongestionar la presión en las islas. De hecho, a modo de presión, los socialistas han decidido que llevarán al Congreso la propuesta de reforma antes de finalizar el mes de julio. Con o sin los votos del PP previamente garantizados, cuando en un principio se apostaba por presentar la reforma solo si se era con el consenso del principal partido de la oposición.

“Retratarse” en el Congreso

La colaboración del PP es imprescindible, según reconocen desde el Gobierno. Los populares presiden once comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla y más allá de la reforma de la ley, después debe “aplicarse”. De ahí que desde el Ejecutivo combinen la mano tendida con la presión del calendario. La prioridad es llegar a un acuerdo, pero tanto si se alcanza como si no, “todo acabará en pocos días con una manifestación parlamentaria y ahí es donde nos vamos a retratar todos los grupos”, aseguraba Ángel Víctor Torres en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo pretende promover una reforma a través de una proposición de ley, presentada por los grupos que forman parte del Gobierno de coalición, preferiblemente con procedimiento de urgencia y en lectura única. Una fórmula que defienden tanto por una cuestión de encaje jurídico como por aritmética. El Gobierno no necesitaría una mayoría de 176 votos, sino que bastaría con más síes que noes. De este modo, cabría una abstención del PP para sacarla adelante. Junts ya ha manifestado su voto en contra si no se garantiza antes el traspaso integral de las competencias sobre inmigración. Algo que el Ejecutivo ha descartado.

Pactos de Estado

Los populares deben lidiar también con la presión de Vox, que amenaza con dar por rotos los gobiernos de coalición autonómicos si aceptan el reparto de menores migrantes. Un órdago que reiteraba este mismo lunes Santiago Abascal. Para los socialistas visibiliza la influencia de la ultraderecha en el discurso y las políticas de los populares, por lo que este martes reiteraban a Alberto Núñez Feijóo que rompa con Vox para facilitar acuerdos en asuntos de Estado como reparto de migrantes menores.

“Ya se le hace tarde romper los gobiernos con la ultraderecha”, alentaba este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para pedir al líder de los populares “altura de miras y máxima responsabilidad”. No solo por una cuestión de asumir de forma equitativa la situación que atraviesa Canarias, sino por “humanidad y derechos humanos”.

En el Gobierno piden a los populares trazar una línea roja en asuntos como la inmigración y la igualdad. Sobre esto último, Alegría subrayaba la necesidad de renovar el pacto de Estado sobre violencia de género, a lo que también se oponen desde el partido de Santiago Abascal tras ser el único grupo parlamentario en votar contra la creación de esta subcomisión en el Congreso. Su “negacionismo” de la violencia machista, añadía, sería otro motivo “más que suficiente para que [Feijóo] rompa de una vez con la ultraderecha”.