Desafío social

Feijóo pide dinero para que las autonomías acojan menores migrantes y no se genere "inseguridad"

El PP de Ceuta y de Canarias reclaman al líder de su partido que negocie con Sánchez una reforma de la ley de extranjería para que la derivación de los niños sea "automática"

Una reunión entre Gobierno y comunidades este miércoles debe decidir el destino de buena parte de los 6.000 menores migrantes que han llegado al archipiélago canario

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en el Parlament.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en el Parlament. / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Pilar Santos

Pilar Santos

El desafío de la inmigración irregular que llega a las costas españolas está poniendo en una tesitura a Alberto Núñez Feijóo. Los líderes de su partido más afectados por las consecuencias sociales y económicas de este fenómeno, en Canarias y Ceuta, lo tienen muy claro: es necesario reformar la ley de extranjería para que el reparto de los menores inmigrantes --que suponen el caso más grave de la falta de coordinación y ayuda-- entre las diferentes comunidades autónomas se haga de forma ágil y constante. Sin embargo, esa petición, por ahora, ha caído en saco roto y Feijóo se aviene a que los territorios gobernados por el PP acojan menores y sean "solidarios" con el archipiélago canario, pero solo si ese reparto va acompañado de dinero "para que no se generen riesgos de inseguridad".

Así lo dijo este martes el vicesecretario y portavoz, Borja Sémper, en una rueda de prensa en Génova en la que intentó escaparse de la contradicción del PP: acusa al Gobierno central de improvisar con los inmigrantes menores a la vez que se resiste a cambiar la ley de extranjería, un cambio normativo que acabaría con la improvisación y las reuniones extraordinarias para abordar este asunto que afecta de manera permanente a territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. "Exigimos un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades de medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores que ya han sido acogidos en su totalidad y ante lo que consideramos una flagrante inacción en política exterior del Gobierno, singularmente ante la Unión Europea", pidió Sémper. "Si no se hace así [con recursos], insisto, estamos generando condiciones de inseguridad. Y esto es lo que está provocando el Gobierno y lo que queremos corregir", apuntó en otro momento.

Este miércoles, el Gobierno se reunirá en Tenerife con las comunidades y las ciudades autonómas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez propone reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para que las comunidades acojan a niños migrantes de forma "solidaria y vinculante" con los territorios de llegada. Canarias atiende a cerca de 6.000 menores y la propuesta del Ejecutivo es que el tope esté entre 2.000 y 3.000. El objetivo de este miércoles es, en todo caso, la urgencia: distribuir a niños por España, para aliviar a Canarias. El PP entiende que será un reparto "asimétrico", teniendo en cuenta la situación de saturación o no de cada zona. La jefa de los eurodiputados del PP, Dolors Montserrat, envió una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para que diseñe "un programa de reubicación urgente" por la "emergencia migratoria" en Canarias.

Ceuta y Canarias

Juan José Vivas (PP), presidente de Ceuta, sin embargo, cree que esta distribución, siendo muy necesaria, es un parche más. "Creo que hay que modificar la ley para que las derivaciones sean automáticas. Nosotros para derivar a la Península a 40 menores tardamos seis meses. Y 40 menores en Ceuta pueden entrar en dos días", se quejó este martes en la Ser. "Es oportuno [un cambio profundo de la ley], porque de esa manera existirán garantías para que se financie la derivación y el coste que supone atender a los menores", afirmó el lunes en 'El Mundo' Manuel Domínguez (PP), vicepresidente del Ejecutivo de Canarias y presidente de la formación conservadora en el archipiélago.

El PSOE quiere cambiar la ley, pero necesita el apoyo del PP puesto que su alianza habitual en el Congreso no suma: Junts se opone a cualquier cambio en la norma que implique acoger a más inmigrantes. La dirección de Feijóo, al menos por ahora, también rechaza negociar con los socialistas. "Creo que el PP debería apoyar la reforma siempre que responda a una medida estructural eficaz para resolver el problema", añadió Vivas antes de apelar al "diálogo". De hecho, si Feijóo cediera, podría llegar a un segundo gran pacto con Sánchez en poco más de dos semanas, tras haber abandonado su bloqueo y haber renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Amenaza de Abascal

Feijóo afirmó el lunes que su partido será "solidario" en el reparto de menores que se haga esta semana, teniendo en cuenta las "capacidades" de cada comunidad. Lo dijo después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, amenazara con abandonar los gobiernos autonómicos si no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar la distribución de los niños. Sémper respondió que los "chantajes no funcionan con Feijóo".

Si la ultraderecha cumpliera su palabra (también amenazó con romper cuando el PP tramitó la amnistía en el Senado, como manda la ley), supondría que Vox deja al PP en minoría en Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana. La dirección de Génova está dividida: hay quien ve positivo que Abascal rompa (y de esta manera centre a Feijóo) y hay quien teme que la inestabilidad anide en esos territorios y acabe siendo perjudicial para la imagen global del PP.