El Gobierno eleva la presión sobre el PP y llevará en dos semanas al Congreso la ley de extranjería

Con los apoyos garantizados o sin ellos, el Gobierno ha decidido que llevará al Congreso la reforma de la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a la acogida de menores migrantes llegados a las costas canarias. Lo hará a través de una proposición de ley en el último pleno habilitado antes de las vacaciones de verano, previsto para el 23 julio, según fuentes de Moncloa. El plazo para llegar a un acuerdo con el PP se reduce así a dos semanas.

Los populares se inclinan en estos momentos por aceptar un reparto voluntario, pero no obligatorio a través de la reforma de la ley. Algo a lo que cierran la puerta en el Ejecutivo. “Cuando se ha hecho por decreto no funcionó”, ha asegurado el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para añadir que el único camino para descongestionar la presión migratoria en Canarias es la solidaridad obligatoria.

Vox presiona para que algunas comunidades del PP se replanteen la acogida de menores migrantes

A menos de 24 horas de que se produzca la conferencia sectorial con las comunidades autónomas para abordar esta reforma, Torres ha combinado la mano tendida para llegar a un acuerdo con un incremento de la presión sobre el PP. La prioridad es llegar a un acuerdo, pero tanto si se alcanza como si no, “todo acabará en pocos días con una manifestación parlamentaria y ahí es donde nos vamos a retratar todos los grupos”, ha asegurado en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo de Ministros.

La fórmula de la proposición de ley, a través de los grupos que forman parte del Gobierno de coalición, es la elegida tanto por una cuestión de encaje jurídico como por aritmética. El Gobierno no necesitaría 176 votos, sino que bastaría con más síes que noes. De este modo, cabría una abstención del PP para sacarla adelante.

Junts ya ha manifestado su voto en contra si no se garantiza antes el traspaso integral de las competencias sobre inmigración. Algo que el Ejecutivo ha descartado. A lo que sí se abren fuentes del Gobierno es a negociar cambios a futuro en la reforma si sale adelante.

Tanto el Gobierno como el ejecutivo de canarias, presidido por Fernando Clavijo, muestran cada vez más urgencia para dar solución a esta problemática. Sin embargo, insisten también en que además de un acuerdo es necesaria una colaboración proactiva de las comunidades autónomas para llevar a cabo un reparto con éxito. Principalmente, para evitar cualquier recurso de inconstitucionalidad o boicot, pero también para acelerar el proceso. La propuesta inicial es que la distribución se materialice en el plazo de doce meses para la mitad los 6.000 menores que ahora residen en Canarias.

Órdago de Vox

En medio de las presiones de Vox sobre el PP, con la amenaza de romper los gobiernos de coalición si se apoyan la reforma de la ley, desde el Ejecutivo han aprovechado para pedir a Alberto Núñez Feijóo un golpe de autoridad. “Ya se le hace tarde romper los gobiernos con la ultraderecha”, conminó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para pedir al líder de los populares “altura de miras y máxima responsabilidad”. No solo por una cuestión de asumir de forma equitativa la situación que atraviesa Canarias, con 6.000 menores migrantes bajo tutela, sino por “humanidad y derechos humanos”.

Para el Gobierno es un "asunto de Estado" sacar adelante la reforma de la ley pactada con el ejecutivo canario presidido por Coalición Canaria y del que también forman parte los populares. El órdago de Santiago Abascal al avanzar que dará por rotos los gobiernos de coalición de los que forma parte si las comunidades autonómicas aceptan la distribución de menores migrantes, no es sino una “oportunidad” para que Feijóo muestre su liderazgo. Marcar una línea política frente a la influencia de sus socios y “dejar de hacerle la ola a la ultraderecha rompiendo con ella”.