“Un rey por encima de la ley”: las claves del fallo del Supremo de EEUU sobre la inmunidad de Trump

Con la sentencia dictada el lunes sobre inmunidad presidencial en el caso “Donald Trump contra Estados Unidos” el Tribunal Supremo, o más exactamente los seis magistrados que componen la supermayoría conservadora asegurada precisamente desde la presidencia del republicano, han sacudido los cimientos del sistema estadounidense.

Trump es, directa e inmediatamente, el mayor beneficiado de esa decisión, y los cuatro procesos legales penales en su contra se ven ya afectados. El fallo, no obstante, va más allá del caso específico de Trump.

Culmina un proceso en el que líderes y juristas, sobre todo conservadores, llevan inmersos décadas y expande de forma inédita y extraordinaria el poder y el blindaje de la presidencia. Al hacerlo establece lo que la jueza Sonia Sotomayor, en un disenso respaldado por las otras dos magistradas progresistas y citado por el presidente Joe Biden en su crítica a la sentencia, ha criticado como “un rey por encima de la ley”.

Estas son las claves de una sentencia histórica, de consecuencias impredecibles y que ha hecho a Sotomayor, a Biden y a muchos expertos legales mostrar “miedo por la democracia” en EEUU.

El núcleo del fallo

La sentencia, redactada por el juez John Roberts, establece que un presidente (que ya estaba blindado de ser encausado por lo penal mientras estuviera en el Despacho Oval) tiene inmunidad absoluta de una persecución penal por actos oficiales que forman parte del “núcleo de sus poderes constitucionales”.

Entre esos poderes están perdones, nombramientos, reconocimiento de otros países, la supervisión de la diplomacia internacional y de la recolección de inteligencia o la gestión de temas relacionados con terrorismo, comercio o inmigración.

La sentencia de Trump en Nueva York se retrasa tras el fallo a su favor del Supremo

En el caso de actos realizados en lo que el Supremo llama “el perímetro exterior de sus responsabilidades oficiales”, que no se delimitan exactamente, también se debe presumir esa inmunidad. En ese perímetro, según la mayoría del Supremo, se pueden incluir “cómodamente” comunicaciones con el público o discursos.

Solo no se reconoce inmunidad ante cargos penales relacionados con acciones privadas o no oficiales.

Otras determinaciones

Más allá de esa nueva jurisprudencia, la sentencia establece otros parámetros para la persecución penal de un presidente. Solo podrá ser encausado, ya sea por actos oficiales del “perímetro” en los que no se pruebe la inmunidad como en los privados o no oficiales que sean criminales, si esa persecución no se inmiscuye “en la autoridad y funciones del brazo ejecutivo”.

En caso de que haya un encausamiento penal, además, se impide que los tribunales puedan considerar los “motivos” que tuvo el presidente. También se prohíbe que actos oficiales se presenten o usen como pruebas para sostener una acusación (una determinación que llevó a sumarse al disenso en ese aspecto particular a la única jueza conservadora, Amy Coney Barrett).

Ejemplos

La jueza Sotomayor usó su opinión contra la sentencia para poner ejemplos específicos de los extremos a los que la nueva jurisprudencia podría llevar.

¿Un presidente “ordena a un equipo 6 (de élite) de los Navy Seals a asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para quedarse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”, escribió.

La jueza también llamó a imaginar “que un presidente dice en un discurso oficial que pretende detener a un rival político de aprobar la legislación a la que se opone, no importa lo que haya que hacer para conseguirlo”. Luego ese mandatario “contrata a un sicario para asesinar al rival político”, lo que constituiría un acto no oficial. En ese caso, señala Sotomayor, el discurso oficial “no se podría presentar a un jurado para probar premeditación”.

Roberts en su sentencia acusó a las magistradas progresistas de “azuzar el miedo con base en hipotéticos extremos”.

La argumentación

La mayoría asegura que están mirando al largo plazo y que no es una sentencia realizada y pensada solo en Trump. “Aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval, sin que importe política o partido”, ha escrito Roberts en el fallo.

Asegura además que se busca “salvaguardar la independencia y el funcionamiento efectivo del ejecutivo” y “permitir al presidente desempeñar sus deberes constitucionales sin precaución indebida” y dice que la decisión es necesaria para asegurar un “ejecutivo independiente y energético” y evitar uno que “se canibaliza a sí mismo, con cada presidente sucesivo libre para perseguir a sus predecesores, y a la vez incapaz de desempeñar sus funciones con audacia y sin miedo por temor a ser el próximo” perseguido por lo penal.

En el disenso, mientras, las juezas progresistas denuncian que los conservadores han ido incluso más allá de lo que buscaba Trump. A partir de ahora, dicen, “el uso por parte de un presidente de cualquier poder oficial para cualquier fin, incluso el más corrupto, es inmune a la persecución”. Afirman que con el fallo “la relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente”. Y llegan a su conclusión de que “en cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”.

El caso de Trump

Pese a la argumentación de Roberts, Trump, el primer presidente imputado por lo penal, y el primero que se ha asociado a una insurrección y ha sido sometido a dos impeachments, es el primer y principal beneficiado. Prácticamente, vuelve una certeza que no será juzgado antes de pasar por las urnas ni en el caso penal federal de Washington ni en el estatal de Georgia por sus intentos de subvertir los resultados legítimos de 2020, ni tampoco en el de Florida por el manejo irregular de documentos clasificados.

Incluso en Nueva York, donde ya ha sido condenado (por la falsificación documental para ocultar pagos para silenciar a Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016), ha logrado de momento que se retrase hasta el 18 de septiembre su sentencia, mientras intenta que se anule el veredicto de culpabilidad basándose en el fallo del Supremo.

La sentencia del Alto Tribunal, además, dificulta que se puedan mantener algunos de los cargos del caso de Washington (donde otra sentencia del Supremo ya había puesto en jaque los cargos por obstrucción). El Supremo, por ejemplo, dice que las conversaciones que Trump mantuvo con cargos Departamento de Justicia representan un acto oficial y, por lo tanto, blindado, aunque esas conversaciones fuera para involucrarlos en una trama para intentar lanzar investigaciones o inflar acusaciones de fraude en estados que Biden ganó, así como en los intentos de sustituir a los electores auténticos del colegio electoral que debían certificar la victoria de Biden por “falsos electores”.

El Supremo también afirma que es “presuntamente inmune” por sus intentos de presionar al vicepresidente Mike Pence para que el 6 de enero, el día de la certificación de la victoria de Biden en el Congreso, que se retrasó por el asalto al Capitolio, superara su papel ceremonial e impidiera la certificación.

La reacción de Biden

El lunes, Biden, sumido en su propia crisis por las dudas sobre su candidatura para volver a medirse a Trump, dio una breve pero contundente declaración de cuatro minutos para denunciar la sentencia. “Esta nación se fundó sobre el principio de que no hay reyes en EEUU. Cada uno de nosotros es igual ante la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de EEUU. Con la decisión de hoy del Supremo sobre inmunidad presidencial eso ha cambiado de forma fundamental”, aseguró.

“A todos los efectos prácticos la decisión de hoy casi seguro significa que no hay virtualmente límites a lo que un presidente puede hacer”, añadió, hablando de un “nuevo principio” y un “peligroso precedente” y advirtiendo de que “el poder del cargo ya no estará limitado por la ley. El único límite será el que se autoimponga el presidente”.

Aunque él mismo ahora estaría cubierto por la nueva jurisprudencia sobre inmunidad, el demócrata trató de marcar diferencias con Trump. “Sé que respetaré los límites del poder presidencial, como he hecho durante tres años y medio”, dijo, “pero cualquier presidente, incluyendo Donald Trump, ahora será libre de ignorar la ley”.