La mujer asesinada por su pareja en Valencia no fue protegida pese a decir que temía que la matara

Todos los indicadores decían que era altamente probable que Ariel Raúl D., de 51 años, con denuncias previas por maltrato, matase a su pareja veinte años más joven que él. Aún así, no se dictó orden de protección. Son dos de las realidades que rodean al asesinato de Juliana Denise Vinuesa, la joven de 31 años a quien su maltratador mató a puñaladas en Buñol (Valenica) en la noche del pasado viernes, aunque no lo confesó hasta muchas horas después, cuando llamó a su exmujer y madre de su hija, para decirle que había asesinado a su pareja.

La primera de las conclusiones es parte de la valoración policial de riesgo realizada en la comisaría de Alzira en noviembre pasado, cuando la psicóloga que trataba a Juliana Denise, conocedora del maltrato y consciente de que la joven no estaba preparada para pedir ayuda, acudió con la madre de la chica a la comisaría y denunció a Raúl Ariel D., de 51 años, por malos tratos y amenazas.

En el cuestionario policial, Juliana explicó que su pareja era altamente celosa, que la había amenazado con un cuchillo, que temía por su vida y que él, además, era consumidor de cocaína, una de las razones que agravan el riesgo por los efectos de esa droga.

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El resultado final fue claro: el caso quedó catalogado como de riesgo alto de sufrir un episodio violento y/o mortal por parte del denunciado y de especial relevancia, porque además había otro dato más que no invitaba a la tranquilidad: ya había sido denunciado un año antes por otra víctima, su exmujer, es decir, es lo que se conoce como un agresor persistente. En esos casos, los de especial relevancia, el sistema VioGén lanza dos alertas al agente policial: que se informe a la Fiscalía de la situación y que se someta al agresor a una exploración forense. No se hizo. De hecho, apenas se solicitan.

¿Por qué no fue protegida?

El TSJCV informó de que esa primera denuncia recaló en el Juzgado de Instrucción 6 de Alzira, que no tiene competencias en violencia de género. Y da varios argumentos para sustentar que no se dictara una orden de protección sobre a la víctima: "No había parte de lesiones, no constaba la detención policial del sospechoso, que residía en Buñol, y la víctima había manifestado su voluntad de continuar viviendo con su madre en Alzira".

Por ello, afirma que el juzgado "consideró, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, que no había lugar a acordar una orden de protección". Y, aunque no aclara si ella la pidió o no, es un dato irrelevante, ya que la Fiscalía y el juzgado pueden acordarla de oficio si aprecian ese riesgo alto. El caso es que se decidió que Juliana no precisaba protección.

Después de eso, la joven acabó sucumbiendo al acoso de su presunto maltratador y aceptó irse a vivir con él a la urbanización Ventamina de Buñol, precisamente la casa donde fue asesinada.

Aunque no había orden de protección, se mantuvo cierto control policial sobre ella. Es más, tenía asignado un agente protector, en este caso, de la Guardia Civil, que se comunicaba con ella cada dos semanas.

Dado que no se activó ningún recurso más de los que existen contra la violencia de género (ni valoración forense, ni seguimiento de servicios sociales, ni ningún otro), nadie se ocupó de averiguar si cuando le decía al guardia civil que todo iba bien mentía o decía la verdad. En pocas palabras, si sufría, como parece, el síndrome conocido como adaptación paradójica al maltrato (minimizar, aceptar o justificar la violencia y culparse de ella) o el de la indefensión aprendida (asumir la situación hasta el punto de no creer que se pueda salir de ella), dos cuadros muy habituales en víctimas de violencia machista y que está detrás de lo que se conoce como ‘retirada de la denuncia’.

No fue hasta abril cuando el Juzgado de Instrucción 3 de Requena, este sí, con competencias en violencia sobre la mujer y en quien se había inhibido el de Alzira cuando ella se fue a vivir a Buñol, la citó para celebrar la comparecencia de medidas cautelares.

Según el TSJCV, en esa comparecencia "la víctima renunció a contar con medidas judiciales de protección, tras manifestar que no albergaba ningún temor hacia su compañero sentimental". Además, "solicitó el sobreseimiento de la causa, sobreseimiento sobre el que la Fiscalía informó favorablemente".

Una veintena de puñaladas

El juez aún no se había pronunciado cuando Ariel Raúl D. la cosió a puñaladas, cerca de una veintena, a las 23.00 horas del pasado viernes, 12 de julio, ocho horas antes de avisar a su exmujer de que acababa de matar a Juliana. Los golpes que la víctima tenía por todo el cuerpo evidencian lo obvio: que se resistió e intentó luchar desesperadamente por su vida.

Su presunto asesino, que sigue ingresado en la UCI del Hospital General de Valencia como consecuencia de las lesiones sufridas al estrellar su coche de frente contra un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico que lo perseguía después de que escapara de Buñol, tiene decretada desde el lunes prisión provisional comunicada y sin fianza, según informó el TSJCV.

La decisión fue tomada en una comparecencia celebrada este lunes por la tarde en el Juzgado de Instrucción 3 de Requena, que lleva el caso, en ausencia del detenido por seguir hospitalizado, y en la que sí estuvieron, además del juez, la fiscal y un abogado de oficio en representación del presunto criminal.