Las recusaciones de magistrados retrasan la aplicación de la amnistía a los casos en manos del Supremo

La aplicación de la amnistía se retrasa en el Tribunal Supremo. La próxima semana se sabrá cuánto. Todo dependerá de la decisión que adopten los magistrados de la Sala Segunda ante las recusaciones de varios de sus miembros que han presentado la 'conselleras' Anna Simó y Meritxell Serret, así como el 'exconseller' Jordi Turull. Las dos primera fueron condenadas por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el alto tribunal ya ha establecido que este delito entra dentro de lo previsto en la ley que establece la medida de gracia, mientras que Turull fue condenado por malversación, delito que, a juicio del alto tribunal, se enmarca dentro de las excepciones de la propia norma, por lo que no es amnistiable.

Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO que los magistrados de la Sala Segunda recusados, entre los que se encuentra su presidente, Manuel Marchena, tienen que decidir si se abstienen voluntariamente o si dan trámite a la recusación, pero antes de tomar cualquier decisión esperarán a que la próxima semana termine el plazo para comprobar si más personas previsiblemente afectadas por la amnistía entienden que deben apartarse.

El criterio seguido por la Sala durante toda la instrucción ha sido el de que los magistrados que participaron en el juicio del 'procés' no lo hagan en ningún recurso de casación. De hecho, Juan Ramón Berdugo se apartó de uno que le había sido asignado en un primer momento para evitar cualquier tacha de contaminación. La diferencia con la situación actual es que ahora no se trata de revisar una condena o absolución para terminar imponiendo una pena o no, ni se valora prueba, sino que el objetivo es determinar la aplicación de la ley de amnistía.

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Por eso los magistrados no se habían apartado, aunque aún existe la posibilidad de que se abstengan. De no hacerlo, la recusación tendrá que ser tramitada, lo que retrasará la aplicación a los que han recusado y los que no, que de momento ya han visto cómo sus casos se retrasan al menos la semana que el alto tribunal dejará de garantía por si hay más peticiones de abstención.

En las resoluciones que ya ha dictado el alto tribunal en relación con la ley de amnistía ha quedado claro que la desobediencia por la que fue condenada Simó, junto al resto de la Mesa del Parlament de la que formó parte bajo la presidencia de Carme Forcadell, está incluida en la ley, sin perjuicio de que considere que hay dudas de inconstitucionalidad y por eso acabará elevando una consulta al TC. La dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) solo se activará en el caso de que, como se espera, el Constitucional avale la norma y obligue a aplicarla al delito de malversación.

Sean los que sean los magistrados del alto tribunal que se acaben pronunciando sobre la aplicación de la amnistía será difícil que lleguen a otra conclusión respecto al delito de desobediencia y a los de desórdenes públicos y atentado, en los que ya se han retirado órdenes de detención, como ocurrió con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que desde este viernes ha vuelto a España.

La Sala de lo Penal tiene que pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía también a otros procedimientos, como la absolución del expresidente del Parlament Roger Torrent, que fue recurrida por la fiscalía que ahora pide que se le aplique la amnistía. También tiene pendiente de revisar la condena del exalcalde de Sabadell por facilitar el 1-O, y pronunciarse sobre la cancelación de los antecedentes penales de los condenados por el 'procés' que ya cumplieron su pena, tras el indulto que les concedió el Gobierno y la derogación de la sedición. El expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha pedido a él no se le aplique amnistía alguna.