Una detención de Puigdemont podría acelerar la decisión del Constitucional sobre la amnistía

"Vacaciones kilómetro cero". Así define un diputado de Junts la petición que la dirección del partido ha hecho llegar a diputados y cuadros del partido, que no se vayan muy lejos y que estén disponibles por lo que pueda pasar. De momento, ya tienen una primera cita marcada en el calendario: el 27 de julio, día que los posconvergentes celebrarán un acto en el sur de Francia. Oficialmente, se trata de la conmemoración del cuarto aniversario del partido y se convoca una paella con la militancia, pero la intención es que se convierta en una demostración de fuerza de cara al regreso del expresident Carles Puigdemont. La última semana de julio y la primera de agosto también están señaladas en rojo, según apuntan diversas fuentes de Junts consultadas.

Los planes del expresident se tratan con profundo hermetismo y solo con su núcleo más duro, pero, tal y como avanzó El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, ya se está preparando un dispositivo "multitudinario" que custodie su regreso al Parlament y trate de evitar su detención. Encima de la mesa de Puigdemont aún hay varias posibilidades, así como múltiples incógnitas que pueden impactar en el calendario. Por un lado, su propia situación judicial y, por el otro, el avance de las negociaciones entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, que ambas partes señalan que avanzan a buen ritmo.

El tribunal constitucional

La decisión del Tribunal Supremo de rechazar la amnistía porque considera que, en el caso del exdirigente de ERC, Oriol Junqueras, y de Puigdemont no es aplicable, ha añadido incertidumbre a cómo y cuándo podría regresar el líder de Junts, ya que la orden de detención en España sigue en vigor, por lo que será arrestado si cruza la frontera. Sin embargo, su detención podría acelerar también su situación judicial, ya que haría que entrara en juego ya el Tribunal Constitucional, que es quien revisa las decisiones del Supremo.

Fuentes jurídicas señalan que el TC podría incluso celebrar un pleno en agosto, si llegara un recurso de Puigdemont en el que se plantearan medidas cautelarísimas (de tanta urgencia que se adoptan sin escuchar a las partes). Si por entonces ya hubiera vuelto a España y estuviera arrestado, no habría duda de que el Constitucional se reuniría de urgencia para determinar si se le debe aplicar la amnistía, ya que las causas con preso tienen absoluta prioridad.

Esa sería la vía más rápida por la que el tribunal de garantías se podría pronunciar sobre la medida de gracia, aunque también deberá emitir una resolución sobre las cuestiones de constitucionalidad que le plantee el propio Supremo con la desobediencia, los desórdenes públicos y los delitos de atentado a la autoridad a los que sí se ha aplicado, y con los recursos de inconstitucionalidad, que pueden interponer el PP y las comunidades autónomas. Estas últimas impugnaciones pueden presentarse hasta tres meses después de promulgada la ley, plazo que en este caso finaliza el 11 de septiembre.

Cambio de planes

Que el fallo del Supremo haya sido tan rápido y tan contundente es algo con lo que el entorno de Puigdemont no contaba durante la campaña electoral catalana. Su previsión era que el expresident fuera sometido a una detención técnica para entregarle un requerimiento judicial, como se hizo con la exconsellera Clara Ponsatí, sin pisar la cárcel. "Estaba descolocado", aseguran fuentes conocedoras de la reunión que partidos y entidades celebraron el pasado domingo en Waterloo.

Sin embargo, desde Junts mantienen que el tribunal no marca su agenda política y que el expresident volverá si se celebra un debate de investidura, sea la suya o la de Illa. A pesar del alto riesgo de terminar en prisión, hay quien cree que es debe cerrar su etapa fuera de España por su propia necesidad personal, tras casi siete años en el extranjero, más ahora que ya no es eurodiputado -lo que ya no le da inmunidad- y que han ido regresando otros dirigentes y activistas independentistas, entre ellos la republicana Marta Rovira. De hecho, solo Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig siguen fuera del país.

El pleno de investidura

La gran duda es cuando. Antes del 26 de agosto debe celebrarse un pleno de investidura en el Parlament. "Nadie sabe qué hará, nadie es nadie", asegura uno de los dirigentes consultados sobre los planes de Puigdemont. La cuestión es si el expresident decide dar el paso y postularse como candidato antes de que lo haga Illa, o si prefiere esperar a que sea el socialista quien lo haga, si consigue cerrar el pacto con los republicanos y los Comuns. "¿Pondrá fin a una lucha de siete años de exilio para asistir a la investidura de Illa?", se pregunta otro cuadro del partido, que considera que tendría más épica y más coherencia con el "retorno de país" que ha planteado que fuera su intento de ser reelegido.

Lo comparte un tercer mandatario posconvergente, que considera más "lógico" que Puigdemont regrese como presidenciable y que, si consigue llegar al Parlament sin ser detenido, pueda hacer un discurso de investidura. Es cierto que lo haría a sabiendas de que la votación sería fallida, porque el PSC ya ha dejado claro que no se abstendrá, pero también podría no llegar a refrendarse su candidatura si antes fuera detenido y el president Josep Rull suspendiera el pleno. Es lo que pasó en 2018 cuando Jordi Turull no llegó a la segunda vuelta, porque, entre una sesión y la otra, el Tribunal Supremo decretó prisión provisional.

De momento, Junts está a la espera de que Puigdemont dé más pistas en el acto del próximo 27 de julio y de los posibles movimientos de ERC y el PSC.

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