El rechazo de los socios a la nueva financiación catalana deja a Sánchez sin margen para cumplir con ERC

Las llaves para materializar el grueso del preacuerdo entre PSC y ERC en materia de financiación descansarán en el Congreso, donde no darán los números si los socios mantienen sus posiciones. En el espacio de Sumar se han desmarcado ya Izquierda Unida, Compromís y Chunta Aragonesista, mientras que otros como BNG exigen un trato similar que no suponga “discriminación” para sus territorios. Todo ello, sin contar con la imprevisibilidad de Junts y la espiral competitiva dentro del espacio independentista catalán. Los posconvergentes ya lanzaron un aviso al Gobierno al tumbar por sorpresa los objetivos de déficit, y frenar con ello la tramitación de los Presupuestos, la víspera de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés para espolear el acuerdo para investir a Salvador Illa.

El presidente del Gobierno reconocía este miércoles, durante su balance de cierre del curso político, “la dificultad para llegar a acuerdos” en las Cortes por la endiablada aritmética. Tras ello hacía un llamamiento a dejar atrás el electoralismo: “No es el momento de seguir haciendo campaña, sino de hablar y dialogar”. Mencionando expresamente a Junts, pedía a los de Carles Puigdemont hacer “una lectura de cuál es el mandato de las urnas en Cataluña y haga política útil y constructiva en beneficio de Cataluña”. Sin embargo, las reformas legales necesarias para desarrollar los acuerdos en materia de financiación no dependerán solo de la estrategia por la que opte Junts, pues el preacuerdo con ERC incluso ha abierto una brecha dentro del propio Gobierno de coalición. Se trata además de normas orgánicas, por lo que precisarán de una mayoría absoluta del Congreso.

Sánchez ve "solidaridad" entre comunidades en el pacto con ERC y celebra el "paso en la federalización"

El texto del acuerdo filtrado por los republicanos, y del que en el PSOE ni en el PSC quieren dar cuenta antes de que lo ratifiquen las bases de ERC, recoge expresamente que se deberán impulsar “las modificaciones correspondientes de la LOFCA, de la ley de financiación de las comunidades autónomas y de la ley de cesión de impuestos a Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos”. Modificaciones necesarias para que la Agencia Tributaria de Cataluña gestione todos los impuestos. El marco temporal para tramitar estas reformas se fija en 2025.

Sin esperar a que el preacuerdo sea sometido a votación de los militantes de ERC, Sánchez convocó una ejecutiva de urgencia en Ferraz para dar cuenta de que el PSOE se comprometerá a su desarrollo. Un compromiso, en cualquier caso, insuficiente al contar con 120 diputados en el Congreso. Ello sin contar con las veladas amenazas de indisciplina parlamentaria lanzas por el barón Emiliano García-Page, quien aseguró que el este acuerdo "no puede prosperar en el Congreso” y se mostró esperanzado porque “mi partido no lo tolere".

Según la resolución aprobada por la dirección, “el PSOE respalda plenamente este preacuerdo y se compromete a impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación”. Para ello, el PSOE incorporará este preacuerdo “al espacio de negociación que mantiene con ERC y que cuenta con un mecanismo internacional de acompañamiento, verificación y seguimiento con el fin de trabajar conjuntamente para garantizar su pleno cumplimiento”, según recoge la resolución aprobada con solo una abstención.

Correlación de fuerzas

Desde Izquierda Unida, la única formación de ámbito estatal dentro de Sumar, manifestaban este miércoles su rechazo a “atajos o soluciones particulares" para apostar un modelo federal que se rompería con este acuerdo. Con todo, avisaban que cualquier modificación sobre financiación de las comunidades que están en el régimen común pasa por una reforma de la LOFCA "y requiere trabajar por una correlación de fuerzas en el Congreso que la permita".

Para seducir a sus socios de coalición, aunque también en clave interna, Sánchez reivindicó el pacto con ERC para investir a Illa como “un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico”. Una terminología que si bien puede limar asperezas en la izquierda federal, no suele ser del agrado de las formaciones soberanistas. El temor de la mayoría de barones socialistas siempre fue que el acuerdo en financiación con Cataluña camine hacia un proceso autonómico asimétrico y que entierre la solidaridad entre territorios para dar “privilegios” a Cataluña.

Sin querer entrar los detalles del acuerdo, Sánchez sí quiso destacar la parte del acuerdo en la que “también que se habla de solidaridad interterritorial”. “Lo importante es que un partido independentista se comprometa con la solidaridad interterritorial", trasladó para añadir que en el acuerdo se hace referencia también a la calidad de los servicios públicos “en todos los territorios”.

La “garantía” de Illa

El intento de Sánchez por calmar las críticas de una buena parte de las federaciones socialistas no logró un cierre de filas. Más allá de las advertencias del presidente del Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, otros dirigentes como el secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca, o la vicepresidenta socialista del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, mantuvieron su rechazo a un acuerdo que limite la solidaridad entre las comunidades autónomas.

Otros cuadros del partido se apoyan en que el acuerdo, de ratificarse, será gestionado por el socialista Salvador Illa y no por un presidente independentista. Algo que, sostienen, daría “garantías” para que no se traspasen líneas rojas en el cambio de modelo de financiación que supone este acuerdo. Pese a este voto de confianza, un miembro de la ejecutiva traslada que solo lo apoyará “en la medida que se asegure la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos vivan donde vivan”. Asimismo, las mismas fuentes señalan que las aspiraciones de Cataluña de agotar las previsiones de su estatuto “deben ser compatibles” con las del resto de comunidades autónomas, así como con sus singularidades.