El Gobierno concluye que el revés del Supremo a la amnistía ata aún más a Puigdemont a la legislatura

El Gobierno temía la reacción de ERC y Junts. Cuando el Tribunal Supremo anunció el pasado lunes que no pensaba aplicar la amnistía a los líderes independentistas como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont porque considera que la malversación queda fuera de la medida de gracia, los socialistas contuvieron el aliento. Un revés de este tipo, pese a no ser definitivo, podía desestabilizar la legislatura, con republicanos y sobre todo posconvergentes alejándose del apoyo a Pedro Sánchez. Pero conforme pasaron los días de esta semana, la tranquilidad volvió a instalarse en la Moncloa.  

El principal foco de incertidumbre continúa siendo Catalunya y la investidura de Salvador Illa, que tiene como límite el 26 de agosto. En el Ejecutivo admiten que no saben si el líder del PSC logrará alcanzar la Generalitat o habrá repetición de elecciones autonómicas, pero pase lo que pase, continúan las mismas fuentes, no habrá adelanto de las generales. 

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El movimiento del Supremo, que el Gobierno ya esperaba, ha venido a confirmar esta impresión. Tras la respuesta de ERC y Junts, centrada en criticar a los magistrados pero no al Gobierno por una ley de la que ambos partidos independentistas son también autores, los socialistas consideran ahora que el auto de la Sala de lo Penal, en realidad, provoca el efecto contrario al temido en un primer momento. La tesis del Gobierno es que Puigdemont no jugará a desestabilizar la legislatura hasta que no esté resuelta por completo su situación en los tribunales. Y para eso todavía falta un tiempo. 

Argumentos enfrentados

De momento, la orden de detención continúa pesando sobre el expresident, después de que el Supremo, en una interpretación que ha provocado muchas críticas jurídicas, considerara que no se le podía amnistiar de la malversación. El argumento de los magistrados, que también emplean para mantener la inhabilitación para cargo público de Junqueras, es doble. Hubo enriquecimiento personal de carácter patrimonial, porque no pagaron de sus bolsillos el referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017, y los “intereses financieros” de la UE se vieron “potencialmente” afectados, señala el auto. 

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Pero los socialistas, en sintonía con el voto particular al auto firmado por la magistrada de la Sala de lo Penal Ana Ferrer, subrayan que el artículo 1.4 de la ley de amnistía deja claro que no se considera enriquecimiento la aplicación de fondos públicos al procés cuando, como en este caso, “no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”. También alegan que la Fiscalía europea no ha intervenido en ningún procedimiento relacionado con la crisis territorial porque la UE no se ha visto afectada. “El texto es muy claro y la voluntad del legislador es tan clara como el texto. (...) Lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley”, dijo el martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. 

Los próximos pasos

La Fiscalía española presentó este viernes su recurso contra el auto ante el Supremo. Salvo cambio en la interpretación del alto tribunal, que no se espera, serán desestimados. La partida más importante se jugará en el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista y puesto en cuestión por el PP. Puigdemont y otros dirigentes acudirán en amparo al máximo intérprete de la Carta Magna por la presunta afectación a sus derechos fundamentales, y allí se espera que les den la razón.  

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“Tranquilidad -dijo el propio Sánchez el mes pasado durante una entrevista en TVE-. Vivimos en un sistema democrático. Si los jueces o los fiscales tienen una discrepancia en la aplicación de la ley de amnistía, pues al final todo se dirimirá en una instancia superior, en este caso el Tribunal Constitucional. Lo que tiene que saber el Poder Judicial es que la voluntad del legislador, de la soberanía nacional del Congreso de los Diputados en su mayoría, fue la de superar todos aquellos hechos vinculados con el procés que tanta división y tanta confrontación trajeron a Catalunya y a España”.

El fallo del Constitucional tardará como mínimo varios meses. No se conocerá antes de que Illa logre su investidura o fracase en su intento, dentro de unas negociaciones muy complejas con ERC (con los Comuns el acuerdo es mucho más sencillo) que de momento siguen encalladas en la reforma del sistema de financiación. Los republicanos piden para Catalunya un concierto similar al vasco y los socialistas defienden un consorcio como el previsto en el Estatut, donde la gestión de los impuestos sería compartida entre la Generalitat y el Estado. 

Lo que tanto los socialistas catalanes como el Gobierno rechazan que esté encima de la mesa de las conversaciones es un futuro cambio de la ley de amnistía para adecuarla a la polémica interpretación del Supremo. El Gobierno insiste en que “el legislador ya hizo su trabajo” durante la tramitación de la norma, que incluyó en su fase final cesiones a Junts sobre los delitos de terrorismo, alta traición y malversación. Ahora hay que esperar. “Tranquilidad”, pide Sánchez.