El PSOE y PP perfilan una renovación de la Junta Electoral sin vetos cruzados ni Vox

El Gobierno mantiene abiertas dos mesas de negociación con el PP para renovar el Banco de España y la Junta Electoral Central (JEC). Estas conversaciones se abrieron antes de la ruptura de Vox en los ejecutivos de coalición con el PP, pero los socialistas entienden que esta situación podría facilitar el entendimiento. Antes de que remate el mes de julio, con el objetivo de abordar a la vuelta del verano las otras renovaciones pendientes en RTVE, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo de coalición celebran que en las negociaciones para fijar el reparto de los nuevos vocales de la JEC no hay vetos cruzados. Se blindaría así, según explican las mismas fuentes, la presencia de Sumar “dentro del cupo del Gobierno”.

No sería así el caso de Vox. Al Congreso le corresponde elegir a cinco juristas para afrontar el mandato de esta legislatura y el PP tendrá un cupo de dos. En la pasada legislatura, los populares propusieron uno y Vox a otro, algo que ahora podría cambiar dejando fuera a los de Santiago Abascal. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ocupa de los otros ocho asientos, que se sortean entre magistrados del Tribunal Supremo y de los que saldrá tanto el nuevo presidente como el vicepresidente.

Los populares rebajan las prisas del Gobierno en aras “de un buen acuerdo”, pero todas las partes son optimistas sobre su materialización. La renovación ya va fuera de plazo, pues la ley marca que debe producirse a los tres meses de constituirse el Congreso.

Si el acuerdo para JEC parece más perfilado, el del Banco de España atravesaba un bache esta semana. Después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntase al pasado jueves como posible fecha para a la comisión del Congreso el nombre del nuevo gobernador, a propuesta del Gobierno, las negociaciones encallaron. Posteriormente, se filtró que el Ejecutivo había propuesto al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, para ocupar este puesto en sustitución de Pablo Hernández de Cos. Algo que los populares rechazan de plano por su discurso sobre la despolitización de los organismos reguladores o autoridades independientes.

El Gobierno no desmintió la propuesta, aun señalando que se habían puesto diversos nombres sobre la mesa, mientras que Pedro Sánchez defendió la “experiencia acreditada en materia de política monetaria” del ministro. Preguntado por la propuesta de Escrivá al término de la cumbre de la OTAN en Washington, el jefe del Ejecutivo valoró que se siga negociando y defendió la tradición de otros países en este tipo de puertas giratorias. Para justificarlo puso el ejemplo de Luis de Guindos, quien "pasó de ser ministro de Economía" de un Gobierno del PP a vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

Otros acuerdos

El acercamiento entre el Gobierno y el PP para pactar las renovaciones de los diferentes organismos se produjo después del acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras más de cinco años y medio con el mandato caducado. Un escenario que en el Ejecutivo esperan fortalecer tras la ruptura del partido de Santiago Abascal con el PP. De hecho, entienden que con ello se abre también la posibilidad de llegar a un acuerdo en inmigración a través de la reforma de la ley de extranjería. Tanto el Ejecutivo central como el gobierno de Canarias pretenden que se lleve al Congreso antes de que acabe el mes para hacer frente a la situación de urgencia de menores migrantes llegados a las islas. La proposición de ley se registrará este próximo lunes.

Para los socialistas, este asunto que consideran de Estado será una de las principales pruebas de que el PP suelta amarras con Vox. Otra de las carpetas que esperan acelerar es la actualización del pacto de Estado contra la violencia de género. El único grupo parlamentario que se opuso a la constitución de la subcomisión del Congreso para iniciar estos trabajos fue la formación de ultraderecha.

Tanto en Ferraz como en Moncloa están a la expectativa de cómo responde el PP tras su crisis con Vox. Por el momento, ponen en duda un giro hacia lo que denominan una “oposición constructiva”. En esta línea, ha elevado sus exigencias para homologar al PP de Feijóo como un partido de Estado. Por una parte, exigen que la ruptura de las coaliciones con Vox se extienda también a las capitales y los ayuntamientos. Por otro, piden derogar las medidas que han aprobado de la mano, comenzando con las normas autonómicas de concordia frente a la ley de memoria democrática.