El Gobierno evita fijar plazos para la financiación catalana y quiere explorar primero el terreno con Illa

“Déjennos trabajar”, ha contestado este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando le han pedido concreciones temporales sobre el acuerdo entre el PSC y ERC que hizo posible este verano la investidura de Salvador Illa. El acuerdo, que de entrar en vigor daría a Catalunya la capacidad de recaudar todos los impuestos que se generen en su territorio, incluye plazos amplios para que se lleve a término. Básicamente, a lo largo de 2025. El Gobierno evita así mayores compromisos en este sentido e insiste en que todo “depende” también de la otra parte: la Generalitat, gobernada por un socialista tras la larga década independentista. 

“Vamos a cumplir íntegramente con el acuerdo, no puede ser de otra manera. Nos vamos a ajustar al calendario lo más posible. No solo depende del Gobierno. También de la Generalitat y su capacidad y disponibilidad para asumir las tareas del propio acuerdo. Tendremos también reuniones con la Generalitat”, ha señalado Montero sobre un pacto que ha tensado las costuras del PSOE, como se vio en el comité federal socialista celebrado en Madrid la semana pasada. 

El calendario

El texto suscrito por el PSC y ERC a finales de julio ofrece un calendario laxo. “Con el objetivo de implementar este nuevo sistema de financiación singular para Catalunya, será necesario formalizar el presente acuerdo durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado en relación al modelo de financiación. En 2025 será necesario impulsar los acuerdos a los que se llegue en la comisión mencionada anteriormente, a través de las modificaciones legislativas necesarias y, cuando corresponda, se trasladarán a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para que se puedan aprobar”, explica el acuerdo, que para llevarse a término necesita la reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. La modificación solo se puede hacer por mayoría absoluta del Congreso, algo que ahora mismo se anticipa complicado, debido a los recelos de Junts y de varios miembros de Sumar, como Compromís y CHA.