El Gobierno se abre a reformar la ley de secretos oficiales o la ley mordaza en el plan de regeneración

El Gobierno ha arrancado este lunes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para recoger sus propuestas de cara a desarrollar un plan de regeneración democática cuyas medidas seguirán negociando a lo largo del mes de agosto. Los socios han comenzado a poner sobre la mesa algunas de sus iniciativas, que a grandes rasgos coinciden en impulsar la ley de secretos oficiales, la modificación de la ley mordaza, la revisión de los delitos de injurias recogidos en el Código Penal o la “democratización” no solo del ecosistema mediático, sino también judicial. Los negociadores del Ejecutivo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se han abierto a estudiar estas medidas y coincidido en subrayar tanto la “sintonía” con sus socios como el ánimo “constructivo” de estos primeros con encuentros con EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. Este martes continuarán mañana con el resto de grupos, a excepción de Vox.

Los socios de investidura también han coincidido en valorar positivamente la predisposición del Ejecutivo a escuchar sus propuestas, aun echando en falta más concreción por parte de sus interlocutores. Bolaños lo ha justificado porque la metodología de esta nueva ventana de negociaciones, a la espera de los Presupuestos, se basa precisamente en que no sea el Gobierno quien “tome decisiones, sino trabajar con los grupos” en la búsqueda de consensos.

Sánchez rebaja a medidas "genéricas" su plan de regeneración a la espera de "escuchar" a los socios

Después de un semestre electoral con una actividad parlamentaria reducida al mínimo, la relación con los independentistas en pausa y muestras de bloqueo legislativo, el plan de regeneración permite al Gobierno volver a sentarse con los socios en busca de acuerdos. También retomar la iniciativa y rellenar la actividad parlamentaria hasta que se aborde la negociación sobre las cuentas públicas.

El Gobierno ha diseñado una metodología de negociación para el plan de regeneración similar a la prevista para los Presupuestos, con una comisión mixta de PSOE y Sumar. Estas negociaciones sirven como pista de enlace para pactar medidas con los partidos del bloque de investidura y comenzar a allanar conversaciones para unos Presupuestos que respondan a las “demandas y expectativas” de los socios. De hecho, no hay un organigrama y en el Gobierno rebajan las prisas sin concretar si se podrán comenzar a presentar iniciativas legislativas a partir de septiembre.

Cohesión ante la citación de Sánchez

La citación judicial de Pedro Sánchez para declarar como testigo ante el juez que investiga a su esposa ha tenido como efecto el cierre de filas de los socios con el Gobierno. Todo ello en un un momento en el que comenzaban a deslizar sus dudas y marcar ciertas distancias. Principalmente el PNV, al señalar los “límites éticos” en las actividades profesionales de la esposa del presidente del Ejecutivo. Otros grupos parlamentarios también habían avanzado un cierto cambio de posición al agitar el debate sobre la necesidad de regular la figura del cónyuge del presidente o presidenta del Gobierno.

La decisión del juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a cohesionar sus posiciones compartiendo la denuncia del PSOE de una persecución política. “Acoso o ‘lawfare’”, lo definió la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para apuntar a que el impulso de la causa tiene origen en “un juez determinado” al que cuestionó su parcialidad. En la misma línea, la líder de Podemos, Ione Belarra, comparó las acciones judiciales contra su partido con el “acoso judicial” del presidente del Gobierno. Es por ello que aprovechó para pedir a los socialistas que rompan su acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ porque “cada vez es más evidente que la regeneración es exactamente lo contrario”.

El titular de Justicia denunció, por su parte, que las nuevas diligencias con la citación de Sánchez responden a una “persecución” iniciada por denuncias de “organizaciones ultraderechistas, Vox y otras marcas blancas del PP”, para acto seguido hacer una “utilización política”. “Esta persecución política despiadada es tan evidente que nadie disimula nada”, añadió evitando apuntar directamente al juez, como sí han hecho tanto desde Ferraz como desde el grupo parlamentario socialista al deslizar “prevaricación”.