POLÍTICA MIGRATORIA

El Gobierno ofrecerá a Clavijo más ayuda en atención a migrantes para atraer su apoyo a los Presupuestos

Coalición Canaria cifra en un total de 160 millones la partida necesaria para no “sostener en solitario” el coste de la atención a los menores migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante una reunión con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, en la ronda de contactos para la investidura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante una reunión con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, en la ronda de contactos para la investidura. / JOSÉ LUIS ROCA

La relación entre el Gobierno central y el ejecutivo canario por la situación de los menores migrantes se sigue tensando hasta el punto de poner en duda el apoyo de Coalición Canaria a los Presupuestos. El debate en el partido para romper con Pedro Sánchez se ha intensificado y sus dirigentes ya han amenazado públicamente con desmarcarse del bloque de investidura. En Moncloa tratan de hacer equilibrios. Mientras señalan en público que Fernando Clavijo “se equivoca” al plantear una vía judicial contra el Ejecutivo, en privado se muestran dispuestos a aumentar las partidas a Canarias para retener el apoyo de su diputada en el Congreso. Según fuentes de Moncloa, su intención es plantear más ayudas económicas para cofinanciar la atención a menores migrantes. Una cantidad, avanzan, que supere los 50 millones consignados en los Presupuestos.

Desde el partido nacionalista canario cifran en un total de 160 millones la partida que demandan referente a este ejercicio para no “sostener en solitario” el coste de la atención a los menores migrantes. La misma que puso sobre la mesa Fernando Clavijo en la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez el pasado 23 de agosto en La Palma por el aumento de la presión migratoria. Entonces, el Gobierno se limitó al compromiso de destinar la misma partida consignada en las cuentas de 2022 y 2023.

En el Ejecutivo evitan concretar cifras, pero se emplazan a hablar sobre el aumento de la financiación con Coalición Canaria en el marco de las negociaciones para los Presupuestos de 2025. Para ello está pendiente de fijar una reunión entre el presidente de Canarias y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Con todo, desde Coalición Canaria avisan que no será suficiente para garantizar su voto a favor a las cuentas públicas, reclamando más “acciones del Gobierno para la distribución de los menores migrantes no acompañados”. Todo ello, sumado a las inversiones comprometidas en la denominada agenda canaria.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, advertía este martes que su voto en el Congreso “puede ser determinante en los Presupuestos, en comisiones y comisiones de investigación, así como en otros espacios. Y cuando el voto sea ponderado, mi voto vale ocho como representante del grupo mixto”. Durante una rueda de prensa junto a otros dirigentes de la formación canaria, recogida por EFE, Valido reivindicó que “mi voto vale más que los del PNV, Junts o Esquerra y el PSOE tiene que recordar que han firmado un acuerdo”. Clavijo también elevó por su parte el tono de la amenaza al hablar de “incumplimientos” en la agenda canaria y un “debate interno” para replantearse el apoyo al Gobierno.

En el Ejecutivo no ha sentado nada bien la intención del gobierno canario de llevar al Estado a los tribunales. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, respondía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la situación en Canarias no se debe a un conflicto competencial, al recogerse tanto en la Constitución como en su Estatuto que la tutela de los menores migrantes corresponde a la comunidad autónoma. “Esto no va de distribución de competencias, va de atender a niños y niñas”, subrayaba Alegría. Al mismo tiempo reclamaba a Clavijo que centrase sus esfuerzos en “convencer a su aliado en el Gobierno, que es el PP y fue quien votó en contra” de la reforma legal para hacer obligatorio el reparto de los menores migrantes entre el resto de comunidades autónomas.

Conflicto competencial

Canarias estudia diferentes vías para llevar al Gobierno a los tribunales, desde la vía administrativa, a la penal y constitucional. Esta última en alusión a un posible conflicto competencial que niegan desde el Gobierno. Fuentes de Moncloa trasladan que jurídicamente no tiene encaje la vía judicial que pretende abrir el gobierno canario. La mejor prueba de ello, dicen, es que no haría falta una modificación de la ley de extranjería, como pide el propio ejecutivo canario. Bastaría con que el Gobierno distribuyera a los menores migrantes como hace con los mayores de edad llegados a las costas canarias.

El Consejo de Ministros ya aprobó este martes un paquete destinado a financiar los traslados y la tutela de los menores migrantes, de los que 15 millones de euros serán específicamente para Canarias, Ceuta y Melilla. Otros 20 millones se repartirán entre el resto de las comunidades autónomas para la financiación de la acogida de menores migrantes acordada el pasado mes de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Entonces se pactó el reparto voluntario de cerca de 400 menores migrantes.

Bloqueo legislativo

El Gobierno ha arrancado el curso político asumiendo la posibilidad de tener que prorrogar nuevamente los Presupuestos por falta de apoyos parlamentarios. Además de Coalición Canaria, el bloque de investidura se resquebraja principalmente por la parte independentista catalana. Junts ya dio un severo aviso al tumbar los objetivos de déficit, frenando así la tramitación de los Presupuestos. Por su parte, ERC exige pasos para cumplir el concierto catalán pactado para la investidura de Salvador Illa.

Pese a la amenaza de bloqueo legislativo, en Moncloa confían en recomponer los apoyos apelando a su capacidad de diálogo con el resto de grupos parlamentarios. “Vamos a seguir hablando con las distintas fuerzas políticas con la voluntad clara de poder aprobar los Presupuestos”, confiaba la portavoz del Gobierno.