Moncloa carga contra la vía judicial de Canarias: "Esto no va de competencias, va de atender a niños"

La relación entre el Gobierno central y el canario sigue deteriorándose desde que el Congreso tumbó la reforma de la ley de extranjería para dar una solución a la situación de los menores migrantes llegados a las islas. El anuncio del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de llevar al Estado a los tribunales por “dejación de funciones” en la atención de estos menores no ha sentado nada bien en Moncloa. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, le ha respondido al también líder de Coalición Canaria que en lugar de emprender vías judiciales y lanzar acusaciones contra el Ejecutivo emplee “todos los esfuerzos que está realizando” en “convencer a su aliado en el Gobierno, que es el PP y fue quien votó en contra” de la reforma legal para hacer obligatorio el reparto de los menores migrantes entre el resto de comunidades autónomas.

Después de acusar a Clavijo de “estar equivocándose”, la portavoz del Gobierno le ha reprochado que “esto no va de distribución de competencias, va de atender a niños y niñas”. El ejecutivo canario estudia diferentes vías para llevar al Gobierno a los tribunales, desde la vía administrativa, a la penal y constitucional. Esta última en alusión a un posible conflicto competencial que niegan desde el Gobierno. “No es una cuestión competencial”, ha insistido Alegría en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros para remarcar que estas están perfectamente delimitadas tanto en la Constitución como en el Estatuto de Canarias.

Feijóo ve sensato que Canarias no acoja más menores al considerarlo competencia estatal

Fuentes de Moncloa trasladan que jurídicamente no tiene encaje la vía judicial que pretende abrir el gobierno canario. La mejor prueba de ello, dicen, es que no haría falta una modificación de la ley de extranjería, como pide el propio ejecutivo canario. Bastaría con que el Gobierno distribuyera a los menores migrantes como hace con los mayores de edad llegados a las costas canarias. Según ha remarcado la portavoz del Ejecutivo, después de Clavijo pidiese a las ONG que gestionan los centros de acogida en Canarias que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad, “estamos hablando de niños que necesitan atención y cuidado”.

Desde el Gobierno niegan también falta de diálogo o búsqueda de soluciones, aunque se centran en que la única salida pasa por la reforma de la ley de extranjería que naufragó en el Congreso con el voto en contra del PP, Vox y Junts. “Esa es la solución que planteamos desde el Gobierno y Canarias, sin embargo, el PP decidió no apoyarla”, remachó Alegría.

Paquete de financiación

El Consejo de Ministros aprobó este martes un monto de 35 millones de euros destinados a las comunidades autónomas para la financiación de la acogida de menores migrantes acordada el pasado mes de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Entonces se pactó el reparto voluntario de cerca de 400 menores migrantes. En concreto, según Alegría se trata de una partida de 15 millones de euros de financiación para Canarias, Ceuta y Melilla, y los otros 20 millones se reparten entre el resto de las comunidades autónomas. Euskadi y Navarra quedan excluidos de estos fondos por financiarse sus plazas de acogida a través de sus conciertos económicos.

La gestión de la crisis migratoria por parte del Ejecutivo central está azuzando las voces de un sector de Coalición Canaria que se inclina por retirar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez. “El debate está abierto en la organización”, avisan fuentes parlamentarias respecto a la opción de romper con el Ejecutivo. Según las mismas fuentes de los nacionalistas canarios, son dos las cuestiones que marcarán su posición en las próximas votaciones clave en el Congreso. Por un lado, “las acciones del Gobierno para la distribución de los menores migrantes no acompañados”. Por otro, la celebración de una reunión entre Clavijo y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todavía sin confirmación, para abordar las inversiones comprometidas en la denominada agenda canaria.