Los fiscales del procés responden a García Ortiz: "La orden es improcedente y contraria a las leyes"

Enfrentamiento a cara de perro. Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, que acusaron en el Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas en la causa del procés, ya han respondido a la orden por la que el fiscal general del Estado les impone informar a favor de la aplicación de la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación agravada, y de que se levanten las órdenes de detención que afectan procesados aún fuera de España. En un breve escrito de dos páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, afirman que no cambiarán su postura inicial, contraria a aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Marta Rovira la ley impulsada por el Gobierno y sus socios, y califican la imposición de Álvaro García Ortiz de "improcedente y contraria a las leyes".

Además, reclaman que se justifique por escrito que se les releva del asunto y que el informe final lo firmará el fiscal general o a quien éste designe. En consecuencia con todo ello,  invocan el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que es el que se activa en caso de diferencia de criterios entre un fiscal y su superior. Ello obliga a convocar a Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo de la carrera, en la que los 38 miembros en la cúpula de la carrera participarán en la fijación de un criterio final, si bien la decisión última es de García Ortiz. Todos ellos están citados ya para dicha reunión a las 9.30 de la mañana del próximo 18 de junio.

Los fiscales del Supremo consideran que los argumentos expuestos en su decreto por el fiscal general para justificar la "aplicación incondicional de la ley de amnistía" a la malversación cometida por los procesados del 1-O "no desvirtúan en absoluto" los criterios jurídicos que ellos argumentaron en sus informes iniciales, de manera que son "manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad" de la orden de García Ortiz.

"A nuestro juicio la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas", afirma de forma rotunda el escrito que firma Zaragoza en representación de sus compañeros, justificando su negativa a acatar las órdenes del superior.

En el decreto de 133 páginas en el que ordena una postura favorable a la amnistía, García Ortiz señala que razona que los fiscales que participaron en el juicio en el Tribunal Supremo confunden en su informe el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. Agrega que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea, una cuestión que el propio instructor de la causa, Pablo Llarena, apunta en sus primeras resoluciones como principal escollo para la aplicación de la ley.

La Fiscalía General calcula que la amnistía afecta a 82 causas y a 486 personas

En su decreto, el fiscal general se muestra además muy duro con los fiscales rebeldes. alude a que los borradores de informe presentados utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico, que "comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que, por ello, resultan de todo punto improcedentes"