Las acusaciones rechazan que Sánchez declare por escrito y aseguran que no puede negarse a responder sobre el rector y Barrabés

Las acusaciones personadas en la causa seguida contra Begoña Gómez han presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el que pretenden evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda intentar responder al magistrado por escrito e incluso negarse a responderle por la dispensa prevista en la ley de enjuiciamiento criminal para los cónyuges y familiares directos.

En un escrito, Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y el Movimiento por la Regeneración Política de España responden a la carta remitida por Sánchez al juez Juan Carlos Peinado, de la que dicen haber tenido conocimiento a través de los medios de comunicación.

Las acusaciones argumentan que el presidente del Gobierno no tiene derecho a declarar por escrito, porque "no ha tenido conocimiento del procedimiento" seguido contra su esposa "por su cargo de autoridad, sino por ser el esposo de María Begoña Gómez Fernández, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es más dicho conocimiento respecto a la afirmación de hace el Sr. Sánchez de 'dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento' las habrá tenido como esposo de la Sra. Gómez y no por su cargo de presidente".

También afirman que la única investigada que hay en la causa no es Begoña Gómez, lo que impide a Pedro Sánchez acogerse a su derecho a no declarar contra su cónyuge. "Es público y notorio que el procedimiento tiene en la actualidad como investigados, aparte de su esposa, al Sr. Barrabés y al Sr. Goyache, por lo que ni tan siquiera podría utilizar la dispensa del artículo 416 Lecrim, para no declarar por razón de afinidad, puesto que ambos han declarado, que no les une relación de amistad alguna con él, ni tampoco con su esposa".

Las acusaciones se refieren de esta forma al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, quienes han visto cómo el magistrado les imputaba tras tomales declaración como testigos, en una práctica cuando menos poco ortodoxa y garantista.

Pese a que las organizaciones que ejercen la acción popular aún no han tenido acceso a los recursos de la fiscalía y de la defensa de Begoña Gómez contra la citación, en su escrito califican de "mala fe procesal" la impugnación presentada por esta última, al destacar lo que ellas consideran "un error aritmético, en el citado artículo 412.3 y 413 Lecrim, que cualquier licenciado o graduado en derecho advertiría sin mayor análisis jurídico y que de ningún modo vulnera la tutela judicial efectiva, puesto que hace referencia la providencia de manera clara, que no es en el ejercicio del cargo de presidente del Gobierno" por lo que se le cita a declarar, lo que impediría hacerlo por escrito.