El Ministerio de Justicia niega resarcimiento económico para Sandro Rosell

Los abogados de Sandro Rosell han hecho llegar un comunicado en respuesta al pronunciamiento del Ministerio de Justicia sobre las reclamaciones compensatorias por su privación de libertad.

En un controvertido escrito carente de toda lógica jurídica, el Ministerio de Justicia ha solicitado de la Audiencia Nacional que no se reconozca a Sandro Rosell un resarcimiento en concepto de indemnización por el encarcelamiento injusto del que fue víctima más allá de 27 euros por cada día de privación de libertad.

Sorprendentemente, ante las resoluciones de contratos vigentes que se produjeron con causa específica en el encarcelamiento de Sandro Rosell que se prolongó durante dos años y los cuantiosos daños económicos que esas resoluciones comportaron, el Ministerio de Justicia considera que tales daños no se habrían producido si Sandro Rosell hubiera reclamado el cumplimiento de los contratos que le vinculaban por la vía judicial, como si la privación de libertad de una de las partes contratantes no constituyera causa justa de resolución contractual.

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia ha permanecido silente durante más de 18 meses, siendo ésta la primera oportunidad que nos brinda de conocer la posición del Estado en relación con la grave privación de derechos perpetrada contra Sandro Rosell.

El equipo jurídico de Sandro Rosell, mantiene su confianza en que la Audiencia Nacional, lejos de razonamientos sin base legal alguna, repare el enorme daño inferido por la magistrada instructora Carmen Lamela en el procedimiento penal. Por otro lado, fuentes cercanas al Sr. Rosell reiteran la firme voluntad de éste de impedir por todos los medios legales a su alcance que los contribuyentes acaben pagando el desaguisado que se cometió dado que, a su juicio, éste es sólo imputable a la magistrada y/o al entorno en que se resguardó.

En este sentido, Sandro Rosell, que ha visto recientemente inadmitido a trámite su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en relación con la querella que interpuso frente a la referida magistrada, no ha tardado en elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.