Sobre Puigdemont pesa una orden de detención dictada por el Supremo, que ha rechazado aplicarle la amnistía. El juez Llarena mantiene el delito de malversación agravada. Por ello, su intención es detenerle. Y llegado el caso, podría después dejarle en libertad con medidas cautelares, como por ejemplo comparecer a diario en los juzgados, o enviarle a prisión preventiva, alegando reiteración delictiva y/o riesgo de fuga, tras siete años huido de la justicia. Además, Puigdemont tiene pendiente el caso Volhov, la presunta trama rusa del “procés”, que investiga, el presunto desvío de fondos públicos mediante concesiones de subvenciones irregulares para organizar actos en favor del independentismo, así como las supuestas maniobras del entorno de Puigdemont para lograr el apoyo de Rusia. El juez que lleva la causa, Joaquín Aguirre, también ha rechazado amnistiar a los investigados, elevando el caso al Supremo.
