El hermano de Anglés acusado de secuestro elude la cárcel con 50.000 euros

Cuando el grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia detuvo a Joaquín M. M. (antes, Mauricio Anglés Martins, uno de los hermanos pequeños del triple asesino de las niñas de Alcàsser, Antonio Anglés, aún en paradero desconocido) y a cuatro compinches más el 27 de febrero de 2023 por presuntamente secuestrar y torturar a un conocido por una supuesta deuda, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, del mismo grupo editorial, explicaba en su atestado que, durante los días que lo tuvieron retenido, le fueron rebajando la cantidad que le reclamaban: de 200.000 a 100.000 euros. Y de 100.000, a 50.000. 

Como si de una premonición se tratase, esa, 50.000, ha sido finalmente la cifra en euros que ha fijado la sección segunda de la Audiencia de València a cambio de dejarle esperar el juicio en libertad provisional. La decisión de los magistrados se ha producido a petición del penalista Juan Carlos Navarro, el abogado defensor de Joaquín M. M., quien al igual que sus hermanos, se cambió nombre y apellidos, jugando con los reales y desterrando el Anglés paterno para huir del estigma de pertenecer a la familia del asesino que violó y ejecutó a Míriam, Toñi y Desirée, de 14 y 15 años, el 13 de noviembre de 1992.

Una de cal y otra de arena

Sin embargo, el sabor de la libertad es agridulce. Por una parte, los magistrados han dado por bueno uno de los argumentos de la defensa, el que hacía referencia a que el acusado, considerado el cabecilla de la banda que secuestró a la víctima, lleva casi 15 meses en situación de prisión provisional sin que se conozca aún la fecha de juicio.

Pero, por otra, la sección segunda, que ya había denegado hasta en dos ocasiones la libertad a Joaquín M. M., la última de ellas en diciembre pasado, ha quintuplicado la cifra impuesta a otros acusados en la misma causa para poder recobrar la libertad. Así, dos hermanos arrestados por los mismos hechos, pero a quienes la Guardia Civil, primero, y la jueza de Instrucción y la fiscal después, sitúan como "meros peones" de la trama, lograron salir el pasado 17 de mayo de la cárcel, tras reunir 10.000 euros de fianza cada uno.

De hecho, el abogado de Joaquín M. M. también había argumentado el "agravio comparativo" que suponía que su defendido permaneciese preso mientras otros investigados habían obtenido la libertad bajo fianza.

La lentitud de la Guardia Civil

El tribunal admite que mantenerlo en prisión, tal como pedían la fiscal y la acusación particular, que obviamente se han opuesto al recurso de la defensa, podría bordear las dilaciones indebidas de cara al futuro juicio, por lo que estima que es preferible decretar prisión eludible bajo fianza y otras medidas que aseguren que no se va a fugar.

Y lo hace, básicamente, por la tardanza del laboratorio de ADN de la Guardia Civil -solo hay uno para toda España, ubicado en las instalaciones centrales, en Madrid- en enviar los resultados de las muestras recogidas tras las detenciones de los acusados. Así, el informe de ADN no llegó hasta mayo pasado, justo días antes de que la jueza de Picassent confirmase, por tercera vez, la prisión para el pequeño de los Anglés. De hecho, la magistrada se acogió a ello para denegar la libertad, aunque admitía que había tenido que pedir una ampliación del informe a la Guardia Civil.

Un hermano pide que se declare judicialmente fallecido a Antonio Anglés

La Audiencia recoge ese dato precisamente para argumentar que, esa solicitud de ampliación, aleja en el horizonte la fecha del juicio, por lo que mantener al que fuera Mauri en prisión va en contra de la excepcionalidad de esa medida.

Multimillonario: el precio de la actitud

Eso sí, eleva la cuantía hasta multiplicarla por cinco recogiendo la argumentación de la acusación particular, que viene a decir, en resumen, que el propio acusado se jactó de su poderío económico ante la jueza, por lo que queda patente que, teniendo una holgada situación económica, le sería más fácil organizar una huida de la Justicia para no afrontar los previsibles 20 años de condena que le podrían esperar sumando las penas que le corresponden a la retahíla de delitos de los que se le acusa: lesiones, detención ilegal, robo con violencia, daños, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

Para apoyar su afirmación, el abogado de la víctima aportó un extracto de la declaración que prestó Joaquín M. M. ante la jueza instructora el 1 de marzo de 2023, y en la que el acusado dijo "que a Francisco [la víctima] no le ha pedido dinero, que el declarante tiene sus empresas, que ha vendido una gasolinera por un millón de euros, una, clínica por 400.000 euros, otra clínica por un millón de euros y en Yecla vendió otra gasolinera por 450.000 euros y no necesita pedir a nadie".

Además, aportó la documentación que acredita que sigue siendo dueño de una gasolinera y de una clínica de estética especializada e injertos de cabello. Así las cosas, el magistrado ponente del auto explica que "hemos comprobado la declaración del recurrente" a la que aludía la acusación y "a la vista de lo expuesto, fijamos la cuantía de la fianza en 50.000 euros". 

Además, el auto, en el que se dan por válidos los indicios de su presunta implicación en los hechos investigados, le obliga a comparecer una vez a la semana ante la Justicia para intentar conjurar el riesgo de fuga, le ha retirado el pasaporte y le prohíbe salir de España y, por último, le ha impuesto una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 500 metros de la víctima o ponerse en contacto con ella por cualquier medio.