La exjueza argentina acusada de 'vender' bebés alega que es víctima de un complot político en su país

Alejandra Claudia V., la exjueza argentina de 64 años detenida este lunes en Valencia por la Policía Nacional, tal como ha adelantado Levante-EMV en exclusiva, por haber cobrado mordidas de familias adineradas a cambio de darles en adopción bebés de madres en situación de grave vulnerabilidad saltándose todos los procesos, ha intentado defenderse con un buen ataque. Así, la que fuera titular durante seis años del Juzgado de Familia número 1 de Pilar, una ciudad de casi 230.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires sita a 50 kilómetros al noroeste de la capital argentina, ha alegado en su defensa que las autoridades de su país la buscan porque es "víctima de un complot político". Incluso, siguiendo con esa línea de defensa, llegó a afirmar que, en realidad, ella se había limitado a agilizar los trámites de "familias desesperadas" que ella consideraba "idóneas" porque "en mi país la burocracia es demasiado lenta", lo que habría generado "muchas antipatías" de "oponentes políticos". De momento, no ha surtido efecto su argumento.

Detenida en Valencia una exjueza argentina buscada por 'vender' bebés a familias ricas

Lo cierto es que, en septiembre de 2017, un jurado integrado exclusivamente por magistrados decidió por unanimidad su expulsión de la judicatura tras dar por probadas una larga lista de irregularidades denunciadas por el colegio de abogados de Pilar y por la Fiscalía de esa zona, entre ellas, la de favorecer, a cambio de dinero y regalos, las adopciones que le llevaba un abogado amigo suyo de la mano de familias adineradas a las que, previo pago, les allanaba el camino para hacerse con bebés de madres de barrios empobrecidos de Pilar. En términos jurídicos, cohecho activo.

"Vayan a buscar panzas"

De hecho, dos trabajadoras sociales declararon en su día en esa vista y ratificaron la versión después, en el proceso penal que la espera ahora en Argentina, que en una ocasión, en 2011, las animó a "ir a buscar panzas" en las barriadas pobres que visitaban dentro de sus funciones. Les habló de un "trabajo extra" por el que, entendieron, les estaba ofreciendo algún tipo de comisión, pero nunca llegaron a saberlo porque denunciaron la situación.

Otra de las acusaciones que recoge la sentencia de 2017 es, por ejemplo, el hostigamiento a una madre en su despacho para que accediera a ceder su bebé o que en otra ocasión permitiese que el mismo abogado, su amigo, llevase los intereses de la familia pudiente que iba a adoptar y los de la gestante.

También se consideró probado que mintió en la firma de 600 resoluciones tramitadas por sus funcionarios en su ausencia -llegó a realizar 29 viajes a Brasil, Chile, Uruguay, Perú o Estados Unidos- siguiendo sus órdenes. Cuando regresaba, firmaba todo de golpe, pero colocando fechas en las que había estado ausente.

Las funcionarias le tenían "terror"

Así mismo consideran que sometía a un acoso constante al funcionariado de su juzgado, principalmente a algunas mujeres, hasta el punto de que se produjeron numerosas bajas a lo largo de esos seis años. Varias declararon que le tenían "terror" y a una de ellas, por ejemplo, que acabó sufriendo un aborto en el propio juzgado no le permitió que otra de las funcionarias la llevara al hospital.

Una vez expulsada de la judicatura, el colofón a varias suspensiones cautelares que habían comenzado en 2015, tras la primera denuncia contra ella, la entonces ya exjueza se quedó sin la protección del aforamiento del que gozan los magistrados argentinos. La Fiscalía inició entonces el proceso penal, que se ha ido dilatando en el tiempo. Tanto, que no ha sido hasta principios de este año cuando la Fiscalía citó a declarar a Alejandra Claudia V. como investigada por los delitos de cohecho activo y falsedad ideológica en documento público. Pero ya no pudo ser encontrada en el domicilio que les constaba porque hacía tiempo que había decidido cambiar de aires, así que el juez que dirige esa causa decidió emitir una orden internacional de detención que, realmente, no ha sido efectiva hasta este pasado 16 de julio.

Detenida mientras paseaba al perro

Dado que la ahora arrestada nunca ha ocultado su identidad, la Policía argentina no tuvo mucha dificultad para rastrear su pasaporte y ver que había entrado recientemente en España a través de Londres. La Interpol pidió la colaboración de la Policía Nacional, que averiguó que la exjueza había estado viviendo un tiempo en Cádiz, donde de hecho aún tiene en arrendamiento un apartamento a través de una conocida plataforma de alquileres turísticos, pero que desde hacía tiempo residía en Valencia, en un piso del distrito de Extramurs, en compañía de sus dos hijos.

El pasado lunes, tal como ha adelantado en exclusiva este diario, agentes de la Udyco de Valencia la sometieron a un discreto seguimiento y, cuando la sospechosa estaba paseando a su perro, la detuvieron. Un día después, el martes, fue trasladada en un vehículo policial, con custodia de dos agentes, a la Audiencia Nacional, donde quedó a disposición del Juzgado central de Instrucción 6, en funciones de guardia.