Tres familias de Mallorca "resisten" el pulso de un fondo buitre vinculado al hijo de José María Aznar

Tres familias del barrio del Rafal (Mallorca) resisten desde hace casi cuatro años los continuados intentos del fondo buitre Promontoria Coliseum Real Estate para desahuciarlos. La mayor parte de los inquilinos acabaron marchándose al aceptar el dinero que les ofrecía el fondo, propietario del inmueble, o bien porque sus casos tenían poca defensa después de años sin pagar el alquiler social.

"Continúan resistiendo", resume Gloria Olmos, la abogada que hasta el momento ha logrado parar todos los intentos de Promontoria Coliseum Real Estate para desalojar a estas familias sin recursos y con menores a su cargo. También cuentan con el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y por la Oficina Antidesahucios, a punto de extinguirse para reconvertirse en una oficina de la vivienda multidisciplinar.

Promontoria Coliseum es una empresa filial de Cerberus, fondo buitre relacionado con José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno y la exalcaldesa de Madrid. Cerberus compró en su día el parque inmobiliario del Banco Sabadell, incluido el edificio de la calle Baladre en el que tres viviendas resisten.

"Son familias vulnerables, con menores y sin alternativa habitacional, que además siguen cumpliendo con el pago del alquiler social al que se comprometieron en su día", expresa Olmos, que desde 2020 las defiende de todos los intentos de desahucio judiciales ensayados por Promontoria Coliseum, que entiende que los contratos de arrendamiento han vencido.

Los informes de vulnerabilidad emitidos por la Oficina Antidesahucios han convencido hasta el momento a los jueces, que han dejado en suspenso los lanzamientos. Son victorias parciales que no zanjan el problema, pero que permiten ganar tiempo a estos inquilinos. "El fondo buitre les ha ofrecido dinero a cambio de irse, pero no lo han aceptado porque unos miles de euros se acaban en muy poco tiempo con lo que cuestan los alquileres en Palma", valora esta letrada.

Alquileres sociales de 150 euros

Las tres familias han seguido pagando los 150 euros mensualmente para ponérselo más fácil a los jueces. Otras, en cambio, aceptaron en su día compensaciones de cinco o seis mil euros a cambio de desalojar.

Promontoria Coliseum adquirió el edificio en 2020 al Banco Sabadell y desde entonces su intención ha sido desalojarlo para vender o alquilar las viviendas en el mercado libre. Tres años antes, en 2017, todas las familias que lo habitaban —nunca han escondido que entraron de manera ilegal en el inmueble poco después de su construcción— habían firmado alquileres sociales con la entidad financiera para regularizar la situación en una negociación en la que fue clave la mediación de la Oficina Antidesahucios.

Las familias se sienten legitimadas para permanecer en el edificio que habitan desde hace más de seis años, y por ahora los jueces les han avalado en primera instancia.

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