CONQUISTA LABORAL
Las trabajadoras del hogar, ante los nuevos derechos que se les reconoce: "España sigue en deuda con nosotras"
El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto que incluye una evaluación de riesgos y la posibilidad de que accedan a reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos
![Una empleada del hogar realiza sus labores en un domicilio de Barcelona.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f055aa47-5bb9-4914-9431-2c315df56dea_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Una empleada del hogar realiza sus labores en un domicilio de Barcelona. / CARLOS MONTANYES
Ana Ayuso
El Ministerio de Trabajo lleva este martes al Consejo de Ministros un real decreto que ampliará previsiblemente la cobertura laboral de las empleadas del hogar y del servicio a domicilio. El texto plantea, entre otros puntos que aún no se conocen, que los empleadores deben hacerse cargo de una evaluación de riesgos de los hogares en los que estas desempeñen su labor, así como la novedad de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) proporcionará a estas trabajadoras la posibilidad de acceder a reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos y se les tendrá que dotar del material de seguridad cuando sea necesario.
Según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes de la cúpula del Ministerio que dirige Yolanda Díaz, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo creará una herramienta en línea que facilite el cumplimiento de las evaluaciones de riesgos que se realicen. Los empleadores se verán obligados a entregar a las empleadas "equipos de protección individual y equipos de trabajo adecuados", y tendrán que paralizar la actividad "en caso de riesgo grave e inminente".
Mujeres y migrantes
El 88,9% de los empleados de este sector son mujeres, de acuerdo con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), y "casi la mitad de ellas [son] migrantes", apuntaba Cristina Barrial Berbén, autora de 'La trinchera doméstica. Historias del trabajo en el hogar', poco después de la publicación del libro. Desde hace dos años, se han implementado mejoras para el sector: en septiembre de 2022, se aprobó el real decreto-ley 16/2022, que entró en vigor el 1 de octubre de ese mismo año, por el que las trabajadoras domésticas iban a empezar a cotizar al desempleo y no podían ser despedidas sin justificación. Sin embargo, tal y como constató El Periódico de España, este último extremo no se cumplía.
María (nombre ficticio) fue una de las últimas despedidas por desistimiento, algo que actualmente es ilegal, pero, explica Guillem Matas, abogado del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (Sintrahocu), "nos llegan situaciones de este tipo casi todos los días". A raíz de la noticia del nuevo real decreto, Marina Díaz, secretaria de Acción Sindical de Sintrahocu y que además ejerce como trabajadora del hogar y los cuidados, afirma que se encuentran "a la expectativa de lo que vaya a ocurrir el martes" y de las medidas ,complementarias que vaya a incluir un texto que no han podido negociar.
"No queremos hablar antes de este martes, porque el real decreto ha sido elaborado por los sindicatos tradicionales. Si nosotras hubiésemos estado sentadas en esa mesa para trabajar, podríamos hablar, pero no ha sido así", lamenta, de la misma manera que lo hacen la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados y la ATH-ELE Asociación de Trabajadoras del Hogar Bizkaia Etxebarrukoak, del País Vasco. "Tenemos la esperanza de que ese real decreto recoja las reivindicaciones que a través de la lucha colectiva hemos tratado de alcanzar", zanja Díaz.
"En deuda" con las trabajadoras del hogar
En febrero de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que el sistema español era discriminatorio por no reconocer el derecho al desempleo a este colectivo. La normativa española, de acuerdo con la sentencia, vulneraba la directiva europea sobre igualdad en materia de seguridad social, puesto que colocaba a las empleadas de este sector en desventaja respecto al resto de trabajadores.
Siete meses después, se aprobó el real decreto-ley que anunciaba dos de las conquistas más perseguidas por el sector: cada despido de una trabajadora doméstica tiene que venir acompañado de una justificación e iban a empezar a cotizar en la Seguridad Social a partir del 1 de octubre de 2022. "Eso significaba que hasta el 1 de octubre de 2023, cuando se cumplía como máximo el año cotizado, no íbamos a poder optar al subsidio por desempleo", refleja Marina Díaz.
"España sigue en deuda con nosotras, con nuestro sector: ¿qué pasa con los anteriores años en los que hemos cotizado? El paro tendría que ser retroactivo, al menos desde el año 2011", cuando se aprobó el real decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Marina Díaz recuerda que "hay compañeras que se va a jubilar y que tienen esa laguna cuando van a hacer el cómputo de la jubilación. Eso es una discriminación".
En cuanto a los despidos sin justificación, esta empleada del hogar y los cuidados asegura que el hecho de "que se aprobase el real decreto de 2022 está muy bien, era parte de nuestra lucha, pero nosotras hemos tenido que hacer desde el sindicato el trabajo de informar a las compañeras de los derechos que se van conquistando y cómo se debe actuar cuando hay un despido improcedente". Debido a que la legislación española no permite hacer inspecciones de Trabajo dentro de los domicilios privados, Díaz solicita que "el Ministerio debe hacer una labor de información hacia los empleadores, porque también tienen que conocerlos para no incumplir los derechos".
Hasta febrero de este año, no había entrado en España en vigor el Convenio 189 de la OIT sobre empleadas de hogar, que aprobaba algunos derechos conquistados hace décadas en otros sectores, como la libertad de asociación y sindical, así como el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la seguridad de trabajo en un entorno saludable o la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
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