La gran mayoría de los actos de violencia por LGTBIfobia no se denuncian: "Los discursos de odio están calando"

Un día de febrero de 2022, dos alumnas −una chica trans y otra también del colectivo LGTBIQ− sacaron la bandera del arcoíris en el patio de su instituto. Como respuesta, varios chavales del centro se movilizaron por redes sociales y acordaron llevar varias banderas de España para sacarlas al día siguiente. Alguno mostró la preconstitucional. El profesor de Física y Química Miquel Álvarez avisó de que eso ni podía estar ahí, ni respondía a la educación en valores en la cual estaban trabajando. A partir de ahí, alrededor de un centenar de adolescentes le rodearon. Recibió empujones y golpes. Le arrojaron objetos, incluidas piedras, al grito de 'maricón de mierda'. Fue un acto de odio que quedó impune.

Las agresiones al colectivo LGTBIQ+ no son hechos aislados. En los últimos cinco años, se han declarado más de 57.000 agresiones que han sido denunciadas ante las fuerzas de seguridad, aunque el Ministerio del Interior solo ha recogido registralmente 1.738 actos de odio entre 2018 y 2022. Es decir, un 0,57%.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Estado LGTBI+ 2024 que este jueves ha presentado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). Su secretario de Organización, Ignacio Paredero, ha señalado su sospecha de que en España hay un problema de infradetección. "Esto implica que existe un elevado número de casos de LGTBIfobia que se denuncian, pero que no se registran como tal. Estamos ante un verdadero iceberg del odio", ha recalcado.  

Porque únicamente el 16,5% de esas 57.000 agresiones llegan a un juzgado. ¿Por qué? Según las 800 personas encuestadas, se debe principalmente a la desconfianza a hora de presentar una denuncia. Es el motivo principal de una de cada tres: "Porque no pensaba que fuese a servir de algo". Casi una de cada cuatro también indican que no le dan importancia y un 21,7% alude a que no tenía pruebas.

En el caso de Álvarez sí hubo denuncia, tanto por parte de él como de Inspección y del propio centro, pero la denuncia se archivó por error. Se volvió a reactivar el caso, pero este tipo de hechos delictivos cometidos por menores prescriben al año. Así que no ocurrió nada. "La intención de la denuncia es que estos menores aprendieran que lo que había pasado no podía hacer, pero eso no ha ocurrido por la inacción de la justicia, que no ha evitado que sean potencialmente agresores", asegura.

"Los discursos de odio han calado mucho y las redes sociales han tenido un papel fundamental. Yo lo noto porque muchas veces cuando llego a casa del instituto me llegan posts y vídeos de TikTok y de Instagram con mensajes muy populistas que calan mucho cuando aún no tienes un pensamiento crítico muy desarrollado", indica.

Agresiones sexuales y físicas

Su caso se hizo mediático, por lo que personas del colectivo empezaron a pararle por la calle para contarle que, como a él, también les habían agredido pero no denunciaban por miedo a las represalias de su entorno. En base a los datos del CIS, la población LGTBI+ en España se eleva a 3.500.000 personas. De todas ellas, el informe elaborado por 40dB revela que alrededor de 350.000 (el 10%) han sido agredidas física o sexualmente en España desde 2019; que aproximadamente un millón han sido acosadas (28,7%), y que cerca de 1.100.000 han sido discriminadas (32,4%).

Entre las personas agredidas, más del 40% sufrió una agresión sexual con intimidación y casi el 30% una agresión física grave (bofetadas, puñetazos, caída al suelo). De las discriminaciones, más de un 40% tuvieron relación con la discriminación en el ámbito laboral y más del 45% con la denegación de algún derecho.

Asimismo, más del 80% de las personas del colectivo (83%) han sufrido discriminación por ser LGTBI+ más de una vez en los últimos cinco años. Hay un 10% de personas que declaran haber sufrido discriminación más de 10 veces en ese periodo de tiempo. Es por eso que la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha incidido en que, "con estas cifras en la mano", seguirán reivindicando a Interior una mayor eficiencia en la recogida de datos. "También exigimos que se imparta formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la sensibilización con las realidades del colectivo sea real y que se creen unidades específicas que atiendan la discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género", ha añadido.

Por todo ello, han vuelto a reivindicar un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia todos los grupos vulnerables que ya apoyan más de una decena de ONG y los principales sindicatos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el Gobierno impulsará una subcomisión para generar un equipo de trabajo contra estos delitos.