La Iglesia costeará las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia si las diócesis rechazan pagarlas

La Conferencia Episcopal ha aprobado este martes, en su quinta asamblea extraordinaria en sus casi 60 años de historia, un plan de reparación para las víctimas de la pederastia que prevé que los afectados que no hayan recibido respuesta mediante el sistema judicial, debido a que sus denuncias han prescrito –la mayoría– o el agresor ha fallecido, reciban indemnizaciones por el daño sufrido. De hecho, han explicado que, llegado el caso de que alguna diócesis no pueda abonar o rechace los pagos, estos los asumirá la Iglesia.

Aunque el Gobierno ha advertido a los obispos de que “no aceptará” un sistema “unilateral” para indemnizar a las víctimas, dado que a su juicio el modelo propuesto por el Defensor del Pueblo, en su informe sobre la pederastia en las instituciones católicas, requiere de la creación de un órgano mixto Iglesia-Estado, el presidente de los obispos, Luis Argüello, ha sacado pecho precisamente de que el plan sea “unilateral”. “Aunque pueda parecer un reproche, es un reconocimiento […] Asumimos la obligación unilateralmente, de 'motu proprio', de abrir una puerta a las víctimas cuando las vías jurídicas estén cerradas”.

Argüello ha pedido además “respeto” al “caminar de la Iglesia” y a sus “reglas del juego”. Y ha vuelto a lanzar un mensaje al Ejecutivo: “El Gobierno tiene responsabilidad sobre todas las víctimas, dado que con una mirada parcial, sesgada, difícilmente es posible encontrar acuerdos”.

El choque

Precisamente, la necesidad de reparar a todas las víctimas y no solo a las que han sido agredidas sexualmente en el seno de entidades religiosas, ha sido el argumento usado por la Iglesia para rechazar su participación en un fondo estatal.

Es tal el enroque que es difícil que salga adelante el modelo mixto, aunque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, un día antes de la reunión extraordinaria de los obispos, se reunió con las principales asociaciones y les garantizó que se seguirá dirigiendo a la Iglesia para negociar un sistema que garantice una reparación obligatoria, efectiva y con criterios transparentes, que cuente con la participación y aprobación de los afectados.

Según Bolaños, el plan aprobado por la Conferencia Episcopal “no es vinculante” y “no garantiza la reparación” efectiva. Por su parte, las asociaciones de víctimas, que no han acudido a la asamblea, también se oponen a un sistema que no ha contado con su visto bueno ni su participación oficial.

De hecho, el plan de la Iglesia plantea crear una comisión asesora, que evaluará caso por caso para determinar los daños sufridos y definir las vías de reparación, formada por 10 miembros, ninguno de ellos representante de las víctimas. “Conviene que sean profesionales, pero la comisión puede establecer un cauce habitual de relación con las asociaciones”, ha argumentado Argüello.

Obligación "moral"

Y respecto a las críticas en torno a que el plan no es de obligado cumplimiento para las diócesis, ha alegado que la Conferencia Episcopal no tiene “capacidad” para obligarlas “jurídicamente”, pero sí de imponer una “obligación moral de que haya una puerta común abierta”. Además, ha destacado que el plan (y los otros dos documentos que lo acompañan) ha sido aprobado de forma “casi unánime” y sin “ningún voto en contra”.

A su vez, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, que también avala el plan, ha indicado que existe la posibilidad de que las víctimas inicien el procedimiento para solicitar la reparación ante las diócesis o ante la comisión asesora pero, si llegado el caso, alguna de las primeras se negase a pagar la indemnización acordada, “el órgano superior asumiría esa no respuesta adecuada”.

El plan incluye que la comisión elabore el baremo por los daños sufridos, teniendo en cuenta las indemnizaciones previstas en la ley civil y los “criterios orientadores” de las conferencias episcopales del entorno, donde, de media, se ha pagado unos 35.000 euros a cada víctima.

Asimismo, prevé que la asistencia sea “integral”, teniendo en cuenta la dimensión pastoral, médica, terapéutica, legal o económica que cada víctima requiera. Los agresores –incluidos laicos que hayan cometido el delito en entornos religiosos– serán los responsables de la reparación, aunque la Iglesia responderá “subsidiariamente” cuando no asuman su responsabilidad o hayan fallecido.

A este respecto, la Iglesia responderá con “la comunión de bienes”, en palabras de Argüello, quien no ha precisado cuánto dinero prevén emplear en el conjunto de las indemnizaciones.