30 años de la ruta canaria: 229.032 historias con nombre y apellido

Como una luz de esperanza, los destellos del faro de La Entallada iluminaron las coordenadas de Canarias en mitad de una noche clara a dos jóvenes saharauis que habían zarpado desde Tarfaya en una pequeña embarcación de pesca, el 28 de agosto de 1994. En menos de 24 horas, arribaron al pueblo pesquero de Las Salinas del Carmen, en Antigua, Fuerteventura. La suya fue la primera patera en llegar a las Islas. Sin saberlo, la estela de su barquilla marcaría la ruta canaria de la inmigración. 30 años después, los medios con los que intentan llegar al Archipiélago y la gestión de la atención que reciben en tierra han evolucionado, pero el anhelo de los migrantes permanece inalterable: encontrar un futuro mejor. Un total de 229.032 personas, con familia, esperanzas, nombre y apellido, ha logrado sobrevivir a esta mortífera ruta. Muchas otras, invisibles para las cifras oficiales, han perecido por las dificultades de la travesía o han sido engullidas por el océano Atlántico, condenadas al anonimato. 

Aquella primera barcaza abrió un capítulo de la historia de Canarias que, desde entonces, ha transformado la realidad social, política y humanitaria de las Islas. El Archipiélago se reveló como una nueva puerta de entrada a Europa y no hizo falta mucho tiempo para que la hazaña de aquellos dos veinteañeros se popularizara entre los jóvenes saharauis. "Podía llegar o no, pero quedarme allí suponía morir lentamente. Tenía 23 años y ningún futuro por delante. La situación era cada vez peor", recuerda Bachir Lehouiblat, uno de los seis ocupantes de la tercera patera que arribó a Canarias, el 7 de septiembre de 1995. Zarpó desde El Aaiún en un barco de pesca de apenas cinco metros de eslora. Desconocían cómo iba a ser el viaje, así que prepararon comida para diez días y se pertrecharon con 350 litros de gasolina. Tras apenas 12 horas de navegación, llegaron a Puerto del Rosario. 

Aunque sus padres –saharauis de nacionalidad española– y ocho de sus once hermanos residían en Gran Canaria, Lehouiblat no pudo migrar de manera regular junto a su familia porque, al ser mayor de edad, no le permitían sacar el pasaporte para entrar en España. Tuvo que arriesgar su vida para llegar al Archipiélago, donde asegura sentirse como en casa. Durante tres años trabajó en los tomateros, recogiendo flores o cuidando cabras, hasta que en 1998 pudo regularizar su situación gracias a la colaboración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Un año después, se casó y fundó la que se convertiría en una gran familia, con cinco hijos canarios y otros dos que nacieron en Francia, a donde se mudó por cuestiones laborales en 2011.

Mantas de los hoteles

Lehouiblat fue uno de los primeros migrantes a los que Gerardo Mesa, expresidente de la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui, tendió la mano. Su labor ha dejado huella en el Archipiélago, pues es uno de los referentes en la atención humanitaria en Fuerteventura. Las primeras barcazas se consideraron algo, prácticamente, anecdótico. En las Islas, no existía todavía un dispositivo oficial para recibir a quienes entraban en el país de manera irregular y la Policía Nacional se limitaba a registrar los nombres. Mesa, junto a sus compañeros de la asociación, buscaba apartamentos sin amueblar donde ubicar a los migrantes o cuartos de aperos en el campo en los que se podían alojar a cambio de colaborar con la cosecha. 

Pedíamos mantas y colchones a los hoteles para ayudar a los migrantes

Gerardo Mesa

"No teníamos ningún tipo de experiencia. Pedíamos colchones y mantas a los hoteles, ayuda económica al Cabildo insular e, incluso, la policía nos dejaba meterlos en comisaría, pero sin estar detenidos, con las puertas abiertas", detalla Mesa, quien explica que los pioneros fueron ciudadanos saharauis que escapaban de la represión marroquí y pedían asilo político. Con el tiempo, comenzó a detectarse la presencia puntual de marroquíes en las barcazas hasta que, en 1999, el bloqueo de la vía mediterránea llevó a las mafias a trazar nuevos itinerarios y entonces se disparó la llegada de magrebíes, con 2.165 personas en todo el año. Se puede decir que este fue el primer pico migratorio de la ruta canaria. 

Hubo numerosos naufragios cerca del faro de La Entallada. "Venían atenazados por la travesía y caían al agua como bloques", relata Mesa. La primera tragedia de la que quedó constancia fue en julio de 1999, cuando una barquilla que zarpo de El Aaiún se hundió a apenas 300 metros de la playa de Morro Jable. Hubo gritos en el mar y cuerpos tirados en la arena. Nueve jóvenes marroquíes se ahogaron en un palmo de agua. Ellos no eran ni los primeros que perdían la vida intentando llegar a las Islas, ni serían los últimos. Según el colectivo Caminando Fronteras, en la ruta canaria han muerto cerca de 20.000 personas en los últimos cinco años.

Fui muy criticado, pero en aquellos barcos venían personas y había que atenderlas

José Segura

Las autoridades no sabían qué hacer con los cientos de personas que llegaban procedentes del continente africano. Fuerteventura se convirtió en la principal entrada de la frontera sur de Europa. En octubre de 1999, se habilitó la antigua terminal del aeropuerto de la isla como centro de internamiento para migrantes. Se planteó como una medida provisional y con carácter de emergencia, pero estuvo operativa hasta 2003. "No tenía las condiciones necesarias para alojar personas. Los baños eran los del aeropuerto. Solo se podían asear, dormían en colchones tirados en el suelo y se sentaban en las cintas transportadoras de maletas", lamenta Mesa. Las instalaciones llegaron a alojar a 800 inmigrantes en 900 metros cuadrados en un ambiente insalubre. Aquello fue un precedente de lo que después volvería a ocurrir en el muelle de Arguineguín dos décadas después. 

Cruz Roja adquirió un papel crucial en la asistencia a personas migrantes a principios de los 2000, aunque en los años anteriores ya colaboraba con esta tarea. Fue entonces cuando comenzó a percibirse un importante cambio en el perfil de quienes se subían a las pateras. Cada vez era más habitual encontrar a bordo a personas de origen subsahariano. El flujo migratorio hacia las Islas no dejaba de incrementarse y la presión ya era notoria también en Lanzarote y Gran Canaria. En 2001, llegaron 4.105 personas y, en 2002, se duplicó la cifra hasta las 9.875. En los años posteriores se redujeron las entradas, con 9.388, en 2003; 8.426, en 2004; y 4.715, en 2005. Estaba cerca de producirse un punto de inflexión en la ruta canaria. En 2006, estalló la llamada crisis de los cayucos, durante la que arribaron a las Islas 31.678 migrantes.

Más de cien en un cayuco

Las coloridas embarcaciones empleadas para la pesca tradicional en Senegal empezaron a aparecer a pocas millas de las costas canarias. Atestadas de personas, con apenas espacio para moverse durante la travesía, que duraba entre cinco y diez días. Una sola barquilla podían transportar a más de un centenar de migrantes. Hubo representantes públicos que llegaron a afirmar que existían buques nodriza que soltaban los cayucos cuando estaban cerca del litoral isleño. "Barbaridades que nunca ocurrieron", asegura José Segura, el entonces delegado del Gobierno en Canarias y actual director de Casa África. El hambre, la inestabilidad social y una crisis económica estaban detrás de aquella explosión migratoria, que supuso un antes y un después en la gestión de la acogida y la atención humanitaria.

"Yo fui muy criticado por mi ayuda a los migrantes. Se decía que traían enfermedades o que era una invasión. Pero en aquellos barcos venían personas y como tales había que atenderles", señala Segura, a quien llegaron a tachar de "cómplice de las mafias que trafican con personas". Los cayucos zarpaban de Senegal, pero también de Gambia o Guinea, a más 1.600 kilómetros del Archipiélago. Las llegadas a Tenerife y a El Hierro se multiplicaban. La situación se agravó tanto que el entonces presidente canario, Adán Martín, solicitó al jefe del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, crear un gabinete de crisis que coordinara a los ministerios implicados en las migraciones, una medida que se ha replicado en la actualidad.

La experiencia de Cruz Roja

Segura sostiene que durante los meses críticos de la crisis de los cayucos contó con el apoyo y la plena colaboración del Ejecutivo central. El Ministerio de Defensa cedió acuartelamientos para alojar migrantes, el Ejército de Tierra montó campamentos y la Guardia Civil y Salvamento Marítimo intensificaron sus labores de auxilio en altamar. Las derivaciones a otras comunidades autónomas fueron ágiles y se ejecutaba un alto porcentaje de deportaciones. Además, se instaló el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que ayudaba a localizar las barquillas precarias para que los equipos de rescate pudieran acudir a su encuentro y evitar tragedias.

Ante a la crisis de los cayucos, Cruz Roja dio un paso adelante. "Recibimos apoyo estatal que nos permitió adquirir una buena dotación para asistir a los migrantes y se creó un centro de coordinación, para poder organizar el trabajo con Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía Nacional. Pudimos empezar a comprar vestuario para los recién llegados y carpas hinchables que podíamos instalar en los puntos de desembarco", relata el responsable de Primera Respuesta de Emergencia de Cruz Roja Canarias, José Antonio Rodríguez Verona, ligado a la organización desde 1992.

En la primera tragedia de la que quedó constancia, en 1999, murieron nueve marroquíes

Canarias también recibió ayuda por parte de la Unión Europea, que desplegó por primera vez a los agentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), fundada solo dos años antes. "Italia, Grecia y Países Bajos enviaron buques que se fueron turnando para reforzar los equipos de rescate de España", detalla Segura. En el lado contrario de la balanza estuvieron los políticos canarios. El exdelegado del Gobierno confiesa que se sintió "solo", pues los diputados isleños, lejos de arrimar el hombro, se centraban en criticar la gestión de la crisis e, incluso, lanzaban bulos. "Quien sí me respaldó fue Adán Martín", sentencia Segura.

Aparecen las neumáticas

El número de llegadas se desplomó hasta la mitad al año siguiente; en 2008, arribaron solo 9.181 personas; y, en 2009, apenas se superaron los 2.000. El Ejecutivo central achacó el bloqueo de la ruta canaria a medidas como el aumento de las repatriaciones a Nigeria, Mauritania o Guinea, al incremento de las ayudas al desarrollo con fondos europeos y a los acuerdos de cooperación para el control migratorio con países como Mauritania. A lo largo de la siguiente década, el rescate de pateras y cayucos se convirtió en algo casi puntual. Entre 2010 y 2019, el Ministerio del Interior solo registró la entrada irregular en Canarias de 6.872 personas.

Parecía que la ruta atlántica estaba desactivada. Esto animó al Gobierno de España, liderado en esos años por Mariano Rajoy, a desmontar la red de acogida en las Islas. Aquellas cifras solo fueron un espejismo. A finales de 2020, en plena pandemia de la covid-19, cuando el mundo estaba paralizado por el virus, se desató un pico migratorio desde África hacia Europa a través del Archipiélago. Los devastadores efectos económicos de la crisis sanitaria, el cierre de fronteras y una ruta marítima más barata y menos vigilada provocaron que a lo largo del año arribaran 23.271 personas a bordo de 745 barquillas precarias. La desesperación de los migrantes era tanta que empezaron a lanzarse al mar en endebles lanchas neumáticas que añadían peligrosidad a la travesía.

Cruz Roja ha sacado músculo en cada pico migratorio y ha mejorado su acogida a largo de los años

Hubo jornadas en las que más de un millar de personas alcanzaban las costas isleñas. Esta oleada pilló con el pie cambiado a las autoridades, centradas en paliar el impacto de la pandemia. El muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se convirtió en el muelle de la vergüenza. Más de 2.000 personas hacinadas en carpas durante días, durmiendo al raso, madres separadas de sus hijos, migrantes sin asistencia jurídica, retenciones de más de 72 horas... Fue el símbolo del fracaso de la política migratoria de España y de la Unión Europea.

Ante la falta de una red estable de acogida, la solución a aquella bochornosa situación fue alojar a los migrantes en los hoteles del sur de la isla, que estaban completamente vacíos por el cero turístico que provocó el covid. A destiempo, cuando ya había quedado patente el despropósito, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reaccionó y armó el Plan Canarias, con el que se activarían 7.000 plazas de acogida. La clave para mitigar la crisis migratoria en el Archipiélago fue el inicio de las derivaciones a Península, que casi cuatro años después no han cesado.

Arguineguín fue el símbolo del fracaso de la política migratoria de España y de Europa

Cruz Roja volvió a sacar músculo ante este pico de llegadas y montó infraestructuras fijas en los muelles. "A lo largo de los años hemos ido mejorando la asistencia. Ahora atendemos de forma más específica a las familias, a los enfermos, a las mujeres y a los niños, les hablamos en su lengua o, incluso, en su dialecto, y tenemos conocimiento de las personas que llegan y cómo llegan. Se ha dado un salto de calidad en la atención", sostiene Verona. El flujo migratorio en 2021 fue muy similar al del año anterior, con la llegada de 22.316 personas, pero el Archipiélago ya contaba con instalaciones para dar respuesta al fenómeno. A lo largo de 2022, la ruta atlántica se enfrió, pero el goteo de pateras y neumáticas era continuo y alcanzaron las costas isleñas 15.682 personas. 

La situación política de Senegal sembró la desesperanza de los jóvenes. Igual que en 2006, vieron en los cayucos una vía de escape y estas barcazas comenzaron a aparecer a pocas millas de Canarias en agosto de 2023. A final de año ya habían arribado 39.910 personas, batiendo el récord anterior que se registró durante la crisis de los cayucos. La tendencia de las cifras sigue en la misma línea y los servicios de rescate no cesan de auxiliar embarcaciones en peligro casi a diario. 

El principal problema que tiene Canarias en la actualidad es la acogida de la infancia migrante. A pesar de que la llegada de niños y adolescentes desbordó las capacidades de acogida de Canarias en 2006 y de Andalucía en 2018, España no dispone de un plan específico que los distribuya por todo el territorio nacional de manera solidaria. Actualmente, el Gobierno regional tutela a cerca de 5.500 menores, repartidos en 80 centros, de los que 50 se han tenido que abrir a lo largo del último año. Ha pedido ayuda al Estado por activa y por pasiva para aliviar el colapso de la red de acogida, al 300% de su capacidad, pero la contienda política es una barrera para alcanzar una solución, que pasa por reformar la ley de extranjería.

El principal problema que tiene Canarias en la actualidad es la acogida de la infancia migrante

En lo que va de año, han arribado a las Islas 23.520 personas y, según las previsiones del Ministerio del Interior, la cifra podría rozar las 80.000 a final de año. La inestabilidad del Sahel, la guerra de Malí, la inseguridad alimentaria y el cambio climático son algunos de los factores que llevan a los migrantes a arriesgar sus vidas en el mar. La atroz ruta canaria es para muchos la única vía de escape, pues se les niegan sistemáticamente los visados para viajar de forma regular, privándolos del derecho a migrar libremente.

Este aniversario invita a reflexionar sobre las políticas migratorias, la solidaridad y la necesidad de una respuesta europea coordinada, que sea tanto justa como eficaz. Tres décadas no han sido suficientes para mejorar la situación en los países de origen y para que las administraciones públicas hayan aprendido a gestionar los flujos humanos. En el relato de las migraciones es habitual no mirar más allá de las cifras, pero las 229.032 personas llegadas por la ruta canaria –tantas como habitantes tienen La Palma y Lanzarote juntas– tienen un rostro y una historias de esperanza y sufrimiento.

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