El TC suspende la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón, al admitir el recurso del Gobierno

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la derogación de la ley de memoria democrática acordada por el Ejecutivo de Aragón. Como la impugnación de Pedro Sánchez invocaba el artículo 161.2 de la Constitución, el tribunal ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma impugnada, desde la fecha de interposición del recurso, que fue el pasado 29 de mayo, lo que significa que mientras el órgano de garantías resuelve el recurso la ley de memoria democrática seguirá en vigor también en Aragón.

En su demanda, el presidente del Gobierno alegaba que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, que protegen la dignidad de la persona y el derecho a la vida y a la integridad física y moral por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas. Además, también sostiene que la norma podría ser invadir competencias estatales en relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 de la carta magna.

A primeros del pasado abril el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó que el Ejecutivo impugnaría ante el Tribunal Constitucional la ley con la que el gobierno autonómico aragonés había derogado la ley de memoria democrática, lo que, en su opinión, suponía "hacer apología del franquismo". La misma actuación se reproduciría contra las leyes valenciana y castellano-leonesa que van en el mismo sentido.

Torres anunció que se sentaría a dialogar con las autoridades autonómicas aragonesas, pero su ofrecimiento cayó en saco roto. El vicepresidente aragonés y dirigente de Vox Alejandro Nolasco le respondió en una rueda de prensa: “Podemos hablar de lo que quiera desde la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción de que no vamos a rebajar o dar un paso atrás ni quitar un ápice de lo que hemos hecho”. Nolasco calificó la ley de memoria democrática de “sectaria y liberticida”.

El Gobierno central no solo ve una dimensión nacional de esta batalla. Según el ministro Torres, los proyectos de Vox y PP chocan con el espíritu de las recomendaciones de la ONU y legislaciones internacionales por cuanto olvida, por ejemplo, a los expatriados que acabaron en campos de concentración nazis y elude la obligación de las administraciones de procurar verdad, reparación y garantía de no repetición a las víctimas de desapariciones forzadas.

En su opinión, en Aragón la ley aprobada ataca al "derecho internacional" y "retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Peña, denunció una “estrategia concertada” para “tirar por tierra todo el consenso alcanzado en los últimos 40 años, todo lo avanzado juntos”. También lamentó “el negacionismo y el revisionismo que blanquea la dictadura, niega la existencia de un golpe de Estado como inicio de la Guerra Civil e impide que se conozca la verdad de lo sucedido”.

Otro recurso

Por otra parte, el pleno del Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado en relación con el decreto-ley por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Los recurrentes sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía por la falta de presupuesto habilitante para la utilización del decreto ley y por la posible vulneración de los límites materiales.