El Supremo esperará al fiscal para pronunciarse sobre el indulto de la inhabilitación de Junqueras

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, tiene sobre la mesa una nueva petición de indulto remitida por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para el expresidente de la ERC Oriol Junqueras, en esta ocasión en relación con la pena de inhabilitación que aún cumple.

Fuentes del alto tribunal señalaron que el tribunal del 'procés' esperará a disponer del correspondiente informe de la fiscalía antes de pronunciarse sobre la que sería la segunda medida de gracia que se concedería al líder republicano catalán, después de que en 2021 le fuera indultada la pena de 13 años de prisión a la que fue condenado por su responsabilidad en el 'procés'.

La petición de indulto, cuya tramitación ha comenzado ahora el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños, al recabar el informe del tribunal que impuso la condena, fue presentada por un particular apenas unos días después de que el alto tribunal rechazara aplicar la amnistía a los condenados y procesados por el delito de malversación, ya que considera que entra dentro de las excepciones incluidas en la propia ley para vetarles el perdón.

El tribunal sentenciador ya informó en contra de la concesión del primer indulto, por lo que el Ejecutivo no pudo hacerlo completo y lo limitó a la pena de prisión impuesta. Ahí que el cumplimiento de la pena de inhabilitación no finalice hasta 2031. El Supremo consideró que la malversación que cometió constituyó una forma de enriquecimiento personal que se incluye en las excepciones previstas en el perdón judicial. De ahí que no sea difícil de prever el sentido en el que el Supremo se pronunciará en esta ocasión, si finalmente el informe sobre la nueva petición de indulto resulta necesario.

El Supremo sí aplicó la ley de amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos, aunque remitió una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional al entender que la norma infringe varios derechos fundamentales, entre ellos, los de igualdad ante la ley y seguridad jurídica. El órgano de garantías tiene previsto pronunciarse sobre la admisión a trámite de la cuestión planteada por el Supremo en relación con el delito de desórdenes públicos en el pleno que celebrará la próxima semana.