BALANCE CURSO POLÍTICO

Sánchez justifica la querella contra el juez Peinado: "Se reclama la separación de poderes"

El presidente del Gobierno califica su toma de declaración como un "montaje" y califica las escenas de este martes en Moncloa de los abogados de la acusación como "patéticas" y "bochornosas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para hacer balance del curso político.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para hacer balance del curso político. / EP

Para defender la "dignidad" de la institución de la presidencia del Gobierno y para reclamar una "separación de poderes". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado así la querella por prevaricación presentada por al Abogacía General del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga el caso Begoña Gómez y que este martes acudió a Moncloa para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo.

Sánchez, quien hizo uso de su derecho a no declarar, calificó la toma de la declaración como un "montaje" e ironizó sobre la escena de las "asociaciones ultras pelándose por ver quien entraba en el Palacio de La Moncloa". Algo que tildó de "patético" y "bochornoso", durante la rueda de prensa del tradicional balance de cierre del curso político.

"La democracia española, afortunadamente, es mucho mejor que eso", añadió. Pese a señalar a Vox, que forma parte de la acusación popular, por "judicializar la política y politizar la justicia", Sánchez puso el foco en que el "problema" no sería tanto el partido de Santiago Abascal "como el PP". A Alberto Núñez Feijóo lo acusó de "estar a rebufo de todo lo que dice y hace Vox", también en lo relativo a esta investigación judicial.

Desde el PSOE ya habían alentado la recusación de Peinado al considerar fuentes de su dirección que estaba incurriendo en una “prevaricación de libro”. Con todo, según explican fuentes de Moncloa, el momento de realizar esta acusación era ahora porque “la prevaricación es la toma de la declaración”.

El jefe del Ejecutivo ya trasladó un escrito al juez, después de ser citado como testigo, para subrayar que la ley prevé por su condición como jefe del Ejecutivo, su derecho a declarar por escrito. Para ello citó el artículo 412.2 de la Lecrim "que prevé que, por razón de mi cometido como Presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito". Asimismo, argumentaba que "es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de Presidente del Gobierno".

Balance triunfalista

El jefe del Ejecutivo ha hecho un balance triunfalista del curso político desde la investidura. Tanto en materia de iniciativa legislativa como a nivel económico, al incidir en que “la economía va como un tiro”, y laboral con unas “cifras récord” en empleo, según destacó. “En estos ocho meses no hemos parado”, ha defendido frente a la debilidad parlamentaria del gobierno de coalición en minoría y los diversos reveses en el Congreso. Para ello puso en valor grandes acuerdos con la oposición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también medidas aprobadas en las Cortes como el decreto anticrisis o el impulso de hasta 27 proyectos de ley que están pendientes de tramitación.

En el colofón de su intervención sí reconoció la “dificultad para llegar a acuerdos” en las Cortes, ante lo que pidió al resto de partidos que acepten el mandato del 23-J. “Ahora no es el momento de seguir haciendo campaña, sino de hablar y dialogar”.  

En el capítulo de tareas pendientes, Sánchez ha incidido en que se agotará la legislatura para desplegar una agenda social y progresista. Con la vivienda como una de las prioridades. De hecho, será uno de los asuntos que el Gobierno pretende convertir en protagonista en la Conferencia de Presidentes prevista para el próximo mes de septiembre en Santander.

Como última pata de su balance, el presidente del Gobierno hizo énfasis en la “paz social” lograda a nivel territorial tras heredar en 2018 “la mayor crisis” institucional por el ‘procés’. Frente a ello, defendió “pasos valientes” para la "normalización" de las relaciones con Cataluña, sin mencionar directamente la ley de amnistía pactada con los independentistas, como tampoco destacó esta norma al enumerar parte de las leyes aprobadas. Sí puso en valor la voluntad de “llegar a acuerdos” e, incluso, reconoció que el “problema” todavía no está resuelto pero que se seguirá encauzando a través del “diálogo” con las formaciones independentistas, sin mencionar tampoco en su intervención previa a las preguntas de los medios el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.