Sánchez se apoya en la UE y el Congreso para cercar bulos racistas como los que incendian el Reino Unido

Planes contra la desinformación ha habido muchos en España, uno de los países del mundo en los que la población se siente más expuesta a este dañino fenómeno. El 83% de sus ciudadanos lo considera un problema, con el 78% topándose con frecuencia con noticias falsas que solo el 55% dice saber cómo detectar, según el Eurobarómetro. Por delante, señala otro estudio de la Universidad de Oxford, se encuentran EEUU, donde Donald Trump llegó a la presidencia en 2017 a lomos de una bien engrasada maquinaria de propagación de bulos, y el Reino Unido, que estos días sufre una oleada de disturbios xenófobos y ultraderechistas (enfrentamientos con la policía, agentes heridos, vehículos y edificios en llamas, 150 detenidos…) después de que se propagara información falsa sobre el apuñalamiento mortal de tres niñas en la ciudad de Southport. El presunto autor, aseguraba el bulo, era un inmigrante musulmán radical. 

Hasta ahora, pese a que las iniciativas contra la desinformación han aparecido en los programas de los principales partidos políticos e incluso se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no se había hecho prácticamente nada en España para frenar esta plaga. Sigue sin hacerse, pero desde la pasada primavera el Gobierno asegura que se trata de una prioridad. 

Starmer promete mano dura contra los agitadores de extrema derecha tras los graves disturbios en Reino Unido

El motor de Pedro Sánchez no fue un brote de violencia como el del Reino Unido, sino un caso que le afecta de forma directa. La admisión a trámite de una querella por tráfico de influencias contra su esposa, Begoña Gómez, basada en recortes de prensa (alguno de ellos completamente falso), provocó que el jefe del Ejecutivo estuviera a punto de tirar la toalla, se tomase cinco días de íntima reflexión y saliera de su retiro anunciando una ofensiva “sin descanso” por la “regeneración democrática” para frenar lo que él mismo denomina la “máquina del fango”.

El presidente acudió el pasado 17 de julio al Congreso de los Diputados para dar cuenta de este esfuerzo, calificado por sus colaboradores de “gran causa nacional”. Pero no anunció gran cosa. Se limitó a detallar las medidas aprobadas en el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, que los países de la UE deben aplicar antes de agosto del año que viene, y a tender la mano a los grupos parlamentarios para abordar a partir de septiembre un plan de acción conjunto.

Combustible para la ultraderecha

“Los datos indican que el consumo reiterado de noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha y al auge de posiciones como la xenofobia, el antisemitismo y la homofobia. De hecho, distintos estudios apuntan que existe un vínculo probado entre la circulación de bulos y el aumento de los delitos de odio”, dijo Sánchez durante su comparecencia, en un dictamen que los disturbios en el Reino Unido vienen a probar. 

El Gobierno hace equilibrios en su plan de medios para evitar vetos de los socios

Para hacer frente a este fenómeno, el Gobierno quiere en primer lugar aplicar el reglamento europeo, que va en la línea de lo que vienen reclamando los expertos para identificar a los propagadores de bulos. La norma comunitaria obliga a todos los medios a detallar quiénes son sus dueños, y también exige a todas las administraciones, de la estatal a la local, a revelar cómo gastan la publicidad institucional en televisión, radio y prensa escrita.  

Pero se supone que este impulso, que por otra parte viene mandatado por la UE, es solo la primera etapa de un proyecto más amplio. Tras el parón del verano, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios la manera de lograr más transparencia y mejorar la libertad de expresión, eliminando los delitos contra la Corona y los sentimientos religiosos. Sánchez dejó abierta la puerta a nuevas iniciativas, siempre que haya consenso dentro del Congreso. 

No lo tiene fácil. Dentro de un bloque de investidura tan heterogéneo como el de esta legislatura, la hoja de ruta del jefe del Ejecutivo cosechó respuestas dispares por parte de sus aliados en la Cámara baja. Mientras el PNV reclamó moderación, otros partidos situados a la izquierda del PSOE, como Podemos, ERC, EH Bildu y el BNG, criticaron su falta de “valentía”.