Puente cesa a dos altos cargos imputados por el caso Koldo tras una auditoría interna de Transportes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que ha cesado al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y que ha pedido al presidente de Adif, Ángel Contreras, que cese también al director general de Gestión de Personas de esta entidad, Michaux Miranda, por el 'caso Koldo'. El dirigente socialista ha explicado en una comparecencia en el Senado que esta decisión se debe a que la auditoria interna realizada en el Ministerio de Transportes concluye que hubo irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Ambos altos cargos fueron imputados a finales de julio por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar la adjudicación de los contratos a la presunta trama de corrupción relacionada con Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos. "Los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría producen una pérdida de confianza", ha dicho Puente, antes de reiterar que es una decisión que se "basa exclusivamente en aspectos meramente administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoria" que él mismo solicitó a finales de febrero.

Puente ha explicado que dispone del informe de la auditoría desde el pasado martes, 20 de agosto, y que ha preferido dar traslado de su contenido en la comisión, ya que el PP había solicitado su comparecencia. En este sentido, el ministro ha leido varios fragmentos del informe de los que se desprende que se han detectado numerosas irregularidades en los dos contratos que realizó el Ministerio de Transporte durante la pandemia para adquirir un total de 13 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por un valor total de 36 millones de euros.

Las irregularidades

En concreto, el informe detalla que en marzo de 2020 el Ministerio solicitó la compra de cuatro millones de mascarillas por el procedimiento de urgencia para hacer frente a la crisis del covid, pero que en un lapso de tiempo de 38 minutos se elevó esa petición a ocho millones, sin justificarse la ampliación de esa cantidad. Además, se incida que "los ocho millones de mascarillas vienen a coincidir con la oferta" de la empresa de la presunta trama, por lo que el contrato "estaría más relacionado con la oferta que con las necesidades detectadas".

A todo esto se suma que no se analizó ninguna otra oferta, por lo que la auditoría detalla que se debería haber buscado algún otro proveedor o haber justificado el por qué no se hizo esto. Por otro lado, el informe admite que en este primer contrato se adquirieron las mascarillas a un precio de 2,5 euros, lo que estaba por debajo del precio de mercado. Eso sí, las mascarillas no se recibieron a tiempo, en el plazo establecido de 48 horas, sino que tardaron casi un mes.

Más adelante, el informe señala que en los siguientes días se adjudicó otro contrato a la misma empresa para comprar cinco millones más de mascarillas. En este punto, se detalla que aún no se habían recibido las primeras adquiridas y que tampoco existe ninguna justificación de la necesidad de realizar esta compra. Es más, la auditoría establece que en este segundo contrato hubo otros ofertantes y con precios más reducidos.