Los presidentes de Canarias y Ceuta se alían para pelear por una solución urgente

Nuevo capítulo en el tira y afloja político a cuenta de los menores migrantes y la sobresaturación de los recursos públicos. Ante la inacción de las principales fuerzas políticas, cuyo acuerdo es fundamental para posibilitar la reforma de la ley de extranjería que hago obligatorio el reparto de los alrededor de 5.500 niños y adolescentes que tutela Canarias, el presidente regional, el nacionalista Fernando Clavijo, dio ayer un paso adelante para tratar de buscar una salida: buscar la alianza con el otro territorio de España que sufre la presión migratoria tan directamente como las Islas.

En una llamada telefónica con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, uno y otro se han comprometido a «abordar la situación migratoria desde la unidad para recabar el apoyo del resto de administraciones el Estado y que nos permita dar una respuesta como país», anunció Clavijo en su cuenta de X. Las demandas de Canarias pues, desde ahora, serán también las del Ceuta.

El propio Vivas pedía ayer mismo «socorro». La ciudad autónoma «a día de hoy ya ha agotado el presupuesto de todo el año» para la atención de menores ante el incremento de llegadas en los últimos días, decía, por lo que exigía la implicación de todo el Gobierno y comunidades autónomas. «Esto es un asunto de Estado al margen de colores políticos, al margen de situaciones coyunturales y de intereses partidistas».

¿Surtirá efecto? En principio hasta ayer nada había cambiando en la disputa PSOE y PP tras la reunión el viernes del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con Clavijo.

La reforma de la ley de extranjería sigue en el aire. El PP asegura que sigue sin recibir una llamada del Ejecutivo central para iniciar las negociaciones y el PSOE subía ayer el tono asimilando la postura de los populares a la de Vox. 

El Congreso rechaza la comparecencia de Sánchez para explicar su política migratoria

Desde el Gobierno central ayer mismo la ministra portavoz, Pilar Alegría, ahondaba en la idea de que España es un país con más de 47 millones de habitantes y que no debería haber complicaciones para la acogida de personas que llegan de manera irregular. «Estamos hablando de 5.000 de 6.000 menores en un país de 47 millones de ciudadanos», insistía al término del Consejo de Ministro al tiempo que recordaba la escolarizaron «durante este curso pasado más de 35.000 y niños y niñas ucranianas». 

«La respuesta a esta cuestión está en el tejado el PP», aunque lo que siempre se ha escuchado por parte de los populares «ha sido la negativa constante», retó Alegría. 

Claro que la historia contada por los populares es distinta. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez, asegura que durante el mes de agosto ha mantenido contactos con Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, Cuca Gamarra, secretaria general del partido, y Miguel Tellado, portavoz del grupo popular en el Congreso, para aunar posturas. «Esto debe ser un asunto de Estado», señala Domínguez, quien defiende que su formación ha puesto sobre la mesa cuatro condiciones sensatas. «Esperamos por el ‘sí’ del Gobierno a la financiación de las comunidades, al cupo de menores, a la convocatoria de la conferencia de presidentes y a que todas las autonomías entren en el reparto, sin excepción», detalla el presidente de los populares canarios. A su juicio, al Gobierno de Sánchez no le interesa llegar a un acuerdo, «para no molestar a Junts y a Esquerra».

En Génova corroboran las palabras de Domínguez y aseguran que «no hay ningún avance» ni tampoco ha habido contactos con el Ejecutivo en estas semanas. Fuentes de la dirección nacional recalcan también que las exigencias que pusieron por escrito el mes pasado siguen intactas. En la cúpula popular dejan claro que no se moverán porque, entre otras cosas, ya asumieron la ruptura de los gobiernos con Vox por continuar firmes en su posición de que los menores migrantes acordados en el reparto entre comunidades para este año se llevaría a cabo. Sin embargo, la reforma de la ley de extranjería -que ya sufrió un varapalo parlamentario- y que pretende una agilización mayor a la hora de resituar a los adolescentes y niños que llegan en una situación irregular a las Islas y también a Ceuta, no tendrá el apoyo del PP si no se tienen en cuenta sus peticiones.

Todas las medidas que se plantean están destinadas a la atención de los menores migrantes no acompañados, pero el fenómeno es mucho mayor y en el PP reclaman que se implique por ese mismo motivo a las instituciones europeas como han hecho en otros momentos Italia o Grecia. La acusación que se repite hacia el Ejecutivo es la de una «inexistente política migratoria» que, según dicen en Génova, ahora quieren solventar «con parches» como la reforma de la ley de extranjería. 

Para completar el tira y afloja político con los migrantes en el foco, ayer el Congreso rechazó en la Diputación Permanente la solicitud de comparecencia de Sánchez para explicar, en sesión extraordinaria, su política migratoria, tras un triple empate. La petición del PP contó con el apoyo de Vox y Junts y la abstención de Podemos. Se votó hasta tres veces y en todas ellas obtuvo un empate de 34 votos a favor, 34 en contra y una abstención, por lo que fue rechazada.

En el debate previo a la votación, los socialistas pidieron al PP que se replanteara su voto para reformar la ley de extranjería, mientras que el PP acusó al Gobierno de «explotar hasta la saciedad» la «falsa polémica» de los menores migrantes.

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