El PP solo negociará el reparto de menores si se aceptan sus condiciones

El camino para la reforma de la ley de extranjería que conlleva la distribución reglada y obligatoria de menores migrantes no acompañados desde Canarias a otros territorios del Estado sigue sin despejarse y, por el contrario, cada día parece tener más dificultades en los días previos a que la medida se vote el próximo miércoles en el Congreso. Un día después de que el PSOE, Sumar y CC registraran en la cámara baja la proposición de ley que recoge esa modificación normativa, y de que el PP remitiera al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sus exigencias al respecto, el margen de negociación se mantiene bajo mínimos y sin una agenda de contactos entre las partes para tratar de alcanzar un acuerdo.

Los populares se mantienen firmes en sus posiciones y se remitieron directamente a esas reclamaciones al Gobierno central para abrir la posibilidad de apoyar la propuesta, o al menos permitir su tramitación mediante una abstención. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha evitado precisar el sentido del voto de su grupo, pero dejó claro que solo negociará con el Ejecutivo central y los grupos firmantes de la proposición de ley si se aceptan al completo las medidas incluidas en la carta que remitió a Torres, entre otras la declaración de emergencia migratoria para todo el territorio nacional, un plan de política en la materia que contenga en origen a las pateras y cayucos, y la presentación de un fondo de contingencia para financiar las acogidas por parte de las comunidades autónomas.

Tellado acusó al Gobierno de “exigir al PP un cheque en blanco” para la reforma de la ley de extranjería, mientras “premia a sus socios” de ERC y Junts aceptando que Cataluña “no acoja a ningún inmigrante en Cataluña”, una premisa que ha sido negada por el Ejecutivo y por el propio ministro Torres. Además, asegura que el reparto de menores de forma “impuesta por el Gobierno” tal como dice Tellado que recoge la propuesta, es un “parche y una improvisación” y no una solución para la situación de emergencia en que se encuentra Canarias. Sigue apostando en este sentido como principal argumento en que el Ejecutivo actúa en los países de origen y en evitar que las costas canarias sean un “coladero para las mafias y para la inmigración ilegal”.

En todo caso, el portavoz popular aseguró que el grupo solo había tenido “acceso oficialmente” al texto de proposición de ley después de que fuera registrado en el Congreso, obviando el hecho de que él mismo lo recibió, aunque todavía sin algunas aportaciones posteriores de los grupos, hace tres semanas cuando Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se entrevistaron con todos los portavoces parlamentarios. De hecho, el PP ha sido uno de los grupos que no presentó ninguna propuesta al texto original para que pudiera ser incluida en el documento finalmente registrado en la cámara. Ha sido tras conocer las posiciones de las comunidades que gobierna, después de la cumbre sectorial de Infancia y Adolescencia de hace una semana en Tenerife, cuando el PP envió sus reclamaciones al titular de Política Territorial.

Conferencia de Presidentes

Tellado desveló que el propio Torres se dirigió a él el pasado sábado “para ofrecernos la posibilidad de que el PP firme junto al PSOE y CC una iniciativa de la que no conocemos su texto porque no se nos ha facilitado”, ofrecimiento que rechazó para comunicarle dos días más tarde “un documento con las reivindicaciones que hace el PP para poder apoyar la propuesta”. “Las demandas del PP están encima de la mesa y se las hemos explicado por activa y por pasiva al Gobierno. Creemos que el Gobierno debe convocar una Conferencia de Presidentes, que hable con ellos sobre las condiciones de acogida, y pedir ayuda a la Comisión Europea, tal como hicieron Italia y Grecia", recalcó.

"Estamos viviendo una crisis migratoria que el Gobierno se niega a reconocer”, afirmó el portavoz popular sin rechazar abiertamente abrir una negociación, pero poniendo tal cantidad de condiciones que hace inviable una negociación realmente operativa. Los votos del PP, o al menos su abstención, son imprescindibles para que la reforma legal que ampara el reparto obligatorio de menores extranjeros ante el rechazo a la misma confirmada por Junts, cuyos siete escaños forman parte de la mayoría parlamentaria que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y teórico socio del Ejecutivo.

“Si España está en la situación que está es por la ausencia de una política migratoria y hay que buscar una solución solidaria entre todas las comunidades autónomas para ayudar a Canarias, por supuesto, pero al mismo tiempo estamos obligados a criticar la incompetencia absoluta del Gobierno de España, que trata de buscar culpables en vez de buscar soluciones”, recalcó Tellado. Reconoció que el problema en Canarias “es de primer nivel”, pero cree que “lo que pretende el Gobierno de España es cambiar las reglas del juego y que ese reparto de menores sea forzoso y obligatorio” y “sin ningún tipo de criterio” que determine a dónde van y de qué forma, pasando por alto que esos criterios están acordados entre todas las comunidades autónomas en la sectorial desde 2022. Según él, “las CCAA no se han negado a nada, pero han dicho al Gobierno que tienen que financiar todo esto porque atender a un menor tiene unos costes”.

Contradicciones

El Gobierno central respondió a las exigencias del PP insistiendo en su teoría de que son “excusas” para no apoyar, y pidió a los populares “sentido de Estado” y que se sumen a la “única solución posible” para dar respuesta urgente a la situación de Canarias, tal como expresó la ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Tras señalar que el PP conoce el texto registrado ayer “desde hace semanas”, reclamó a los populares “responsabilidad” para “atender a los desafíos que tiene este país y que están viviendo de una forma tan urgente Canarias y Ceuta”. “El PP ya no tiene la excusa de la ultraderecha porque la ultraderecha ya ha abandonado al PP. Ahora nos queda comprobar si el PP ha abandonado también a Vox”, afirmó la portavoz del Ejecutivo.

Además, desde el Gobierno estatal se enfatiza en la evidencia de que el PP no está pensando en la necesidad de una respuesta urgente para paliar la situación en Canarias al criticar que, en lugar de una proposición de ley, no se haya apostado por un proyecto de ley, fórmula que requiere de un plazo de elaboración y tramitación mucho mayor. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que esta posición del PP demuestra la inviabilidad de recurrir al proyecto de ley que reclama el Gobierno de Canarias. En todo caso, aunque insisten en negociar, consideran que el ‘no’ del PP es muy probable tras escuchar el rechazo de muchas de sus comunidades autónomas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró en una entrevista en la Ser que “llevamos trabajando semanas con el PP y con otros partidos”, y auguró una semana “intensa” de negociaciones para que salga adelante la propuesta pese a no estar agendado por ahora ningún contacto con el PP. Rego enfatizó en que es el Gobierno central el que pone encima de la mesa la partida presupuestaria para hacer frente a los traslados, que luego reparte a las comunidades autónomas y que, por tanto, “no hay un problema de financiación”. “Hay un problema que tiene que ver con otro orden de cosas, que lo diga el señor Feijóo cuál es el problema. Porque escuchando cuestiones como por ejemplo el efecto llamada, que dicen tanto, están repitiendo los argumentos de la extrema derecha”, resaltó la ministra. “Quien se mete en una patera y se juega la vida no creo que se esté planteando ningún efecto llamada. Hay que ser serios y hay que ser rigurosos”, remachó.

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