Los plazos para el reparto de menores, en manos del PP

La diferencia no es solo de tiempo, sino que afectaría fundamentalmente a las condiciones de acogida y atención de los menores migrantes no acompañados que ahora tutela Canarias, más de 5.600, y a los cientos de ellos que pueden llegar durante los próximos tres meses. La pelota vuelve a estar en el tejado del PP, que parece estar dando pasos para permitir la tramitación de la proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería pactada entre los gobiernos canario y central, y que ahora tiene en su mano la posibilidad de que el nuevo sistema de reubicación de este colectivo se ponga en marcha desde primeros de agosto.

El anuncio el pasado jueves del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre la posibilidad de que el Consejo de Ministros del próximo día 30, último antes de las vacaciones veraniegas, apruebe un decreto ley para la reforma legal mencionada, abre un camino de urgencia a resolver el colapso de los recursos de acogida en las Islas.

La vía de urgencia que supone el decreto ley, reclamado insistentemente por el Gobierno regional, ahorraría todo el tiempo de tramitación de la otra alternativa, la proposición de ley que el Congreso debatirá y votará el próximo martes. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado claro que si el PP no anuncia formalmente que apoyará la primera de las opciones, no habrá posibilidad de recurrir a ella porque no la llevará al consejo ministerial.

Votos

De entrada, todavía queda por confirmar que esa iniciativa parlamentaria, presentada formalmente en la Cámara Baja por el PSOE, Sumar y CC, contará con al menos la abstención de los populares. Le bastan más votos a favor que en contra, y si el PP no la rechaza, y asumiendo que Vox y Junts la votarán en contra, la propuesta se tomaría en consideración e iniciaría su recorrido parlamentario. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto una serie de condiciones que el Gobierno está dispuesto a incorporar, al menos algunas de ellas. Todas ellas se irían añadiendo, como las anunciadas por otros grupos parlamentarios, a través de enmiendas durante la tramitación de la proposición de ley, pero este proceso de en torno a tres meses de duración (teniendo en cuenta que en agosto no habrá sesiones en el Congreso) supondría el agravamiento de la situación de emergencia que vive Canarias.

El Gobierno central y el de Canarias esperan con expectación e inquietud la respuesta del PP a toda esta encrucijada, con la esperanza de que no solo permitan la tramitación de la proposición de ley, sino que asuman también la necesidad de la respuesta urgente a través del decreto ley, que entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación por el Consejo de Ministros y publicación en el BOE, aunque debe ser convalidado en un plazo de 30 días por el Congreso de los Diputados.

Los grupos proponentes de la medida, así como los Ejecutivos central y canario, esperan que el PP no solo defina su posición sobre la conveniencia de la propia reforma de la ley de extranjería y el reparto obligatorio de menores migrantes en el debate del próximo martes, sino que aclaren ya en ese momento si apoyarían o no el decreto ley. De eso dependerá que el Gobierno lo incluya en su temario de resoluciones del último Consejo de Ministros antes de las vacaciones.

En el orden del día

La iniciativa parlamentaria para la reforma de la ley de extranjería ya está, sin embargo, incluida formalmente en el orden del día del pleno extraordinario del día 23, en el que se debatirá a las 10 de la mañana, siendo el primero de los puntos a tratar en la que también será la última antes del periodo vacacional y con una densa agenda de asuntos a tratar. La propuesta será defendida por un uno de los grupos proponentes y, tras la intervención de todos los grupos, se someterá a votación. Si no obtiene al menos una mayoría simple de votos, más a favor que en contra, la iniciativa decae, lo que abriría una profunda crisis en el abordaje político de uno de los graves problemas que afecta a Canarias, y sobre todo a la situación de los miles de chicos y chicas que sufren una condiciones de atención no asumibles desde una óptica humanitaria.

Si el Congreso acepta la toma en consideración, la iniciativa legislativa iniciaría un camino parlamentario complejo hasta su aprobación definitiva por las negociaciones a que estará sujeta para que todos los grupos se sientan cómodos en ella. Aunque los grupos proponentes han solicitado que se tramite por la vía de urgencia, lo que reduce a la mitad los plazos establecidos, no está claro que esa sea finalmente la vía a seguir. Dependerá de los acuerdos parlamentarios, pero en todo caso, nadie confía en que la reforma esté lista para su aplicación al menos hasta finales de octubre.

Por ahora, su inclusión en el orden del día del próximo martes ha sido posible por la rapidez con que el Gobierno ha dado su conformidad, obligada por ley, a la tramitación en apenas unos días desde que el Congreso se la remitió tras ser calificada y publicada en el Boletín de la cámara el pasado miércoles.

Enmiendas

Si la propuesta prospera el martes próximo, el siguiente paso es su remisión a la Comisión correspondiente, abriéndose un plazo para la presentación de enmiendas. En función de la voluntad de los grupos, estos plazos podrán ser o no ampliados, aunque en esta ocasión se supone que se intentarían evitar. La comisión tendrá que crear la ponencia para estudiar las enmiendas presentadas e incorporar las que cuenten con mayoría, quedando las restantes pendientes para su debate y votación en la propia comisión y en el pleno. De ahí se remite al Senado, donde el PP, con mayoría absoluta en la cámara, decidirá tanto respecto a contenido como a plazos. En todo caso, la última palabra la volverá a tener el Congreso antes de que pueda ver definitivamente la luz para su publicación en el BOE y entrada en vigor.

En todo caso, todo este proceso quedaría en un segundo plano si el PP acepta la vía del decreto ley, que resolvería por la vía de urgencia la situación actual en Canarias y daría margen para que la proposición de ley se tramitara ya sin ninguna prisa. De ser así, la reforma, contemplada en los mismos términos que la otra propuesta legislativa, entraría en vigor de forma automática tras ser aprobada por el Consejo de Ministros y sería efectiva cuando las Cortes concluyeran el proceso que se inicia el martes, con las modificaciones que se hayan incorporado en el texto original.

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