El Parlament aprueba la reforma del reglamento sin eliminar el artículo por el que suspendió a Borràs

Ni un mes ha tardado el Parlament en aprobar la reforma del reglamento que lleva años arrastrándose y que en la pasada legislatura nunca pudo llegar a materializarse por el adelanto electoral y la falta de entente entre los partidos impulsores. Si en el pasado mandato fueron ERC, Junts y la CUP quienes lucharon por sacar adelante esta propuesta, en esta ocasión, el amplio pacto entre PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP ha garantizado que la reforma finalmente haya tenido luz verde, con 107 votos a favor, 26 en contra de Vox y PP, y 2 abstenciones de Aliança Catalana.

A partir de este jueves entra en vigor la modalidad del voto telemático en la Cámara catalana; se amplían los supuestos para su delegación; se flexibiliza la cesión de diputados entre grupos parlamentarios; y se fija que las declaraciones institucionales puedan hacerse con una mayoría cualificada de dos tercios, sin requerir la unanimidad. Además, la reforma también recoge una disposición transitoria que permite el voto delegado a aquellos diputados que estén pendientes de la aplicación de la ley de amnistía.

En la práctica, esto se traducirá en que los diputados Carles Puigdemont y Lluis Puig, que actualmente residen en el extranjero, puedan participar con normalidad en las votaciones del pleno, que la CUP pueda salir del grupo mixto que ahora comparte con Aliança Catalana, y que Vox no pueda vetar las declaraciones institucionales que hasta ahora necesitaban su aval.

El PP lo elevará al TC

Vox y el PP, que han presentado dos enmiendas a la totalidad sobre texto, han acusado a los partidos impulsores de hacer una reforma para beneficiar a Puigdemont y Puig. Alejandro Fernández, portavoz popular, ha tildado de "grave irresponsabilidad" esta reforma y ha anunciado que su partido elevará esta modificación al Tribunal Constitucional (TC), tras pedir un dictamen -no vinculante- al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Más allá de mostrarse en contra de los cambios que permitirán el voto a los diputados en el extranjero, ambas formaciones han sido críticas con el artículo que permitirá a la CUP tener un grupo propio. "La CUP quiere en los despachos lo que no les toca en las urnas"; ha espetado Fernández. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Vox, Joan Garriga, que ha matizado que la reforma es "partidista" para "adaptar que la CUP tenga beneficios".

El texto ha llegado al debate final después de que el CGE emitiera un dictamen no vinculante -a petición del PP- en el que avala la adecuación de la propuesta a la Constitución y al Estatuto. El órgano solo consideraba inconstitucional una frase integrada en el apartado 4 del artículo 95 sobre el sentido del voto delegado, donde se citaba que el voto delegado tiene el mismo sentido del de la persona que lo contabiliza, si no se manifestaba lo contrario. Este apartado ha sido eliminado después de cononcerse el dictamen, tal y como ha señalado el diputado socialista, Ferran Pedret.

El artículo de Borràs

El texto aprobado definitivamente no contempla la peitción de Junts de eliminar el artículo 25.4 de la normativa parlamentaria, que permite la suspensión de un diputado en caso de que se le abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción y que sirvió como prerrogativa para suspender hace dos años a la entonces presidenta Laura Borràs.

Se trata de una de las cuestiones que los posconvergentes pusieron encima de la mesa a última hora -cuando se abrió el plazo para poner enmiendas- y que llevaban tiempo reclamando en las conversaciones para la pasada propuesta de reforma que nunca vio la luz.

Para sacar adelante esta enmienda se necesitaba mayoría absoluta -68 votos-, por lo que los de Junts debían llegar a un acuerdo con el PSC, con quien sumaban 77 papeletas, ya que ni ERC ni la CUP estaban a favor de este retoque. No ha habido pacto y el artículo 25.4 seguirá vigente en la nueva actualización del reglamento.

Deberes pendientes

Queda en el tintero abordar la cuestión de la limitación de los discursos de odio en el hemiciclo. El actual reglamento contempla la expulsión de un diputado en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Se trata de un planteamiento muy genérico, que deja a la presidencia de la Cámara un amplio margen de interpretación y que genera muchas dudas en el día a día.

Esta cuestión ya se intentó abordar en la pasada propuesta de reforma por parte de ERC y la CUP que no prosperó y se recuperó la semana pasada, cuando los partidos impulsores de la modificación renovaron el compromiso para aislar a la ultraderecha del Parlament y acordaron, por escrito, a retocar la normativa del hemiciclo para que prevea "sanciones en caso de no firmarse el compromiso contra la discriminación y el abuso". La promesa de los partidos está sellada, pero no ha llegado a trasladarse al papel en esta ocasión y queda en el aire cuando se resolverá.