El juez de la trama rusa rechaza apartarse del caso y denuncia "fraude de ley" al usar conversaciones privadas

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que instruye la causa por la trama rusa del 'procés', ha rechazado tramitar la recusación que le planteó el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, a las que se adhirieron otros investigados, entre ellos el expresidente Artur Mas, a raíz de un audio difundido por el Diario Red tras la interceptación ilegal de unas conversaciones en el que el magistrado afirmaba: “Me dice ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí”.

El togado señala en su resolución que esas conversaciones se desarrollaron "en el ámbito privado", llegaron a "un medio de comunicación por cauces desconocidos y presuntamente ilícitos" y se hicieron públicas seis meses después de la fecha en la que se realizaron, "tras haberse desestimado una primera recusación y justo después de haberse abierto la pieza separada por la injerencia rusa". El juez refuta tener un interés "directo ni indirecto" en este proceso judicial y denuncia la existencia de "un fraude de ley" por instrumentalizar unas conversaciones privadas captadas ilegalmente.

El juez Aguirre denunció el pasado 12 de julio ante la Policía Nacional la interceptación ilegal de una serie de conversaciones con las que se montó el audio de 27 segundos publicados por el Diario Red y reproducidos por otros medios de comunicación. En él no se escucha al magistrado hablar sobre la ley de amnistía y en otro corte se le oye decir: "Claro, es que será la tumba. Sí lo será. Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces, hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido, y el partido soy yo”. La noticia fue utilizada a los pocos días por el abogado de Alay, Gonzalo Boye, para presentar la segunda recusación contra el juez por falta de imparcialidad. El magistrado precisa que el origen del audio "es turbio y, posiblemente, ilícito", cuestión que deberá dilucidar el juzgado tras haber denunciado el hecho ante la Policía Nacional.

Tanto la fiscalía como la acusación popular representada por diferentes entidades constitucionalistas se opusieron a las pretenciones de Alay y de otros investigados por la presunta trama rusa del procés, entre ellos el mismo abogado Gonzalo Boye. No es la primera vez que el jefe de la oficina de Puigdemont intenta apartar al magistrado. Ya lo hizo en otra causa, la de Voloh, por unas declaraciones del juez a una televisión pública alemana, pero la Audiencia de Barcelona denegó esta petición.

Segundo intento

El juez Aguirre destaca que esta segunda recusaciones se planteó "apenas diez días" después de abrir una nueva causa por un posible delito de traición "cometidos por individuos españoles y extranjeros en connivencia con Rusia", en la que, entre otros, "el letrado que representa al recusante, Gonzalo Boye, ha adquirido la condición de investigado". El auto señala que esta segunda recusación se interpuso en un "breve lapso de tiempo" respecto a la primera, "lo que revela de por sí la utilización de un instrumento legal" para apartarlo del caso por estar "llevando a cabo una instrucción que no es del interés del recusante" (Alay). A su entender, por lo tanto, "existe un fraude de ley" que le obliga a no tramitar la recusación.

El magistrado recuerda que el 8 de julio remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada, en la que figuran 13 investigados, para que este órgano judicial se haga cargo de las pesquisas por la condición de aforados de dos implicados, Carles Puigdemont y el diputado de Junts, Francesc Dalmases. "Por lo tanto, será el devenir de la investigación y/o, en su caso, la repuesta por el Tribunal Supremo a la mencionada exposición razonada, cuando se determinará la suficiencia o no de los indicios descritos y la correspondiente responsabilidad criminal imputable a los investigados", incide el auto- La resolución añade que también se debe denegar la admisión a trámite la recusación por razones "formales", como la falta de poder especial para solicitarla. El togado también ha rechazado la recusación en el caso Catmon de presunto desvío de fondos públicos.

En otras resoluciones, el juez Aguirre ha rehusado a aplicar la ley de amnistía en otras causas separadas que nacieron de una investigación que se inició en 2016 por el presunto desvío de subvenciones de Diputación de Barcelona, en la época de CiU, a diversas entidades de la órbita soberanista, entre ellas Catmón e Igman, ambas vinculadas Víctor Terradellas, el exresponable de las relaciones internacionales de CDC y que actuó de enlace entre dirigentes independentistas y unos supuestos emisarios del Estado ruso. El magistrado también deniega la petición de amnistía en el caso Voloh.