SUMAR

IU ve "imprescindible" reformar la elección del CGPJ y pide traspasar parte de sus competencias al Ministerio de Justicia

El principal partido de Sumar plantea más exigencias a Pedro Sánchez en su plan de regeneración, que no contempla cambiar las mayorías de elección

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez conversa con el diputado de IU y Sumar, Enrique Santiago, en una imagen de archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez conversa con el diputado de IU y Sumar, Enrique Santiago, en una imagen de archivo. / Javier Lizón

Izquierda Unida, el principal partido de Sumar, reclama a Pedro Sánchez ir más allá en su plan para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y considera "imprescindible" una reforma en la elección de sus vocales. El socio minoritario del Gobierno eleva así las exigencias al presidente de Gobierno, que la semana pasada dio un ultimátum al PP para renovar la cúpula judicial antes de fin de mes. En caso de no producirse el acuerdo, planteó limitar competencias al órgano de los jueces para impedir que puedan nombrar a magistrados del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia. Un plan que no incluía la reforma del sistema de elección, como reclama ahora IU, que también pide ampliar la 'quita' de competencias para transferirlas al Ministerio de Justicia de Félix Bolaños.

La portavoz de IU, Amanda Meyer, preguntada sobre el plan de regeneración anunciado por el presidente de Gobierno, ha insistido en que "uno de los objetivos de este paquete es acabar con el secuestro del CGPJ", y ha defendido que "es imprescindible reformar el sistema de elección del Poder Judicial". "Sí, hay que intervenir", ha insistido la dirigente, en una petición que va más allá de los parámetros que el propio Sánchez ha puesto sobre la mesa.

Meyer ha recordado el paquete de medidas que su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, presentó en sede parlamentaria, que consiste en reducir al mínimo las competencias del CGPJ en caso de que esté caducado y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitarlas a cuatro funciones: "Determinados nombramientos, ascensos, función de inspección y régimen disciplinario", señalando que el resto de competencias pasarían a depender de "otras administraciones". En esta ocasión, la portavoz de IU ha concretado aún más y ha precisado que estas funciones deberían transferirse al Ministerio de Justicia.

Así, Meyer ha destacado que "el CGPJ tiene que quedar con las cuatro [competencias] que reconoce la Constitución", puesto que "ahora mismo son 20 las que se arroga". "España tiene que hacer como Portugal, Italia o Francia y que sea el Ministerio de Justicia quien tenga esas competencias, y no el CGPJ", ha apostillado.

La petición de IU, por tanto, incluye que el Gobierno sí pueda nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, puesto que la Constitución sólo reserva al CGPJ, en su artículo 123.2, la potestad de nombrar al presidente del Alto Tribunal, sin mencionar al resto de miembros. Una petición de Sumar que sin embargo contraviene la tesis del presidente de Gobierno, que en los últimos días ha descartado la idea de que sea el Ejecutivo quien nombre a estos magistrados.

La dirigente también ha recordado otra de las propuestas de Sumar en el Congreso para reformar el acceso a la carrera judicial, "no sólo con becas, sino reformulando el curso y garantizando que los que no aprueben el examen se les pueda convalidar con el máster de abogacía, para que no terminen años de estudio en saco roto".

"FINANCIACIÓN SINGULAR" PARA CATALUÑA

Preguntada sobre la financiación singular para Cataluña prometida por el Gobierno, la coportavoz de IU ha afirmado que su formación estará de acuerdo con una reforma de la financiación autonómica siempre y cuando se plantee para el conjunto del Estado, no solo para Cataluña, y ha advertido que este nuevo modelo deberá garantizar "cohesión y solidaridad".

En este sentido, también ha defendido que cualquier revisión de la financiación autonómica debe acabar con el "dumping fiscal" que, a su juicio, ejercen varias comunidades gobernadas por el PP, mediante "exenciones en impuesto de patrimonio y sucesiones", y ha reclamado una reforma fiscal que aporte más recursos para mejorar los servicios públicos.