Guerra abierta entre PSOE y PP por tomar la delantera con la ley del suelo

La ley del suelo se ha terminado convirtiendo en una baza política y parlamentaria que los dos principales partidos quieren jugar. El Gobierno sufrió hace unas semanas cuando comprobó que no podría sacar adelante una norma clave, para la que esperaban contar con el apoyo del PP. Para evitar otro varapalo, de hecho, el Ministerio de Vivienda optó por retirar la propuesta antes de la votación. No hubo derrota por ese motivo, pero la debilidad quedó al descubierto. Y los conservadores, que confirmaron aquella advertencia que hizo Alberto Núñez Feijóo en la investidura de Pedro Sánchez - “cuando sus socios le fallen no me busque”- ultiman ahora su propia iniciativa con el objetivo de hacer visible la nueva estrategia del PP: intentar legislar desde la oposición.

El contraataque del PSOE, que busca una segunda oportunidad, llegó a finales de esta semana al registrar una nueva proposición de ley, esta vez de la mano del PNV, con quien ha vuelto a formar una coalición en Euskadi. Los nacionalistas vascos son quizá, por ese motivo, el socio más estable en este momento. La pretensión es tener un punto de partida más sólido, pero la realidad es también que la presencia del PNV ahuyenta a otros socios necesarios, empezando por Sumar, dentro de la coalición gubernamental.

Solo unos días más tarde de que Vivienda tuviese que retirar del Congreso la reforma legislativa, Paloma Martín, responsable del ramo en la formación conservadora, anunció en el Senado que el PP trabajaba para llevar a la Cámara Alta su propia modificación de la normativa que regula el urbanismo español. Fuentes de la dirección del PP confirman ahora que están ya cerrando flecos para aprobarla con su aplastante mayoría absoluta. Después la trasladarán al Congreso contando con que Vox la respaldará y con la intención de que algún otro grupo se sume. Todas las miradas se dirigen al único posible con PNV fuera de la ecuación: Junts. El triunfo será difícil. Pero en Génova aseguran que el “temor” que pueden provocar en el Gobierno con la posibilidad de sacar adelante proposiciones de ley siendo el primer partido de la oposición ya implica tener “medio objetivo cumplido”. En todo caso, solo quedan dos semanas de este periodo de sesiones.

Está por ver si los socialistas pretenden volver a acercar a los conservadores a su iniciativa. El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez daba por hecho que el PP terminaría dando luz verde a su norma hace semanas, teniendo en cuenta que es una ley que parte de la elaborada por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, que impulsa la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) – también en manos del PP – y que, además, la patronal exige con urgencia. A pesar de la ausencia de interlocución en los grandes asuntos, populares y socialistas habían hablado durante meses de este asunto. Sin embargo, en Génova reprochaban que el Gobierno no había sido sensible a sus peticiones y volvía a criticar la “soberbia” del Ejecutivo.

En el núcleo duro del PP mantienen su negativa a que ese acercamiento sea posible y ponen en valor la iniciativa conservadora que están terminando de afinar. Para la dirección nacional popular es muy importante seguir la dinámica de romper votaciones al Gobierno en el Congreso e impulsando mayorías alternativas a la de la investidura de Sánchez. Ocurrió hace escasos días con una proposición de ley del PP para modificar el Código Penal y aumentar las penas a delincuentes leves multirreincidentes. PNV y Junts apoyaban la iniciativa e incluso el PSOE terminó sumándose.

Incertidumbre en el urbanismo

A pesar de que la base de la reforma de la ley de suelo de ambos partidos es similar, el PP quiere incluir en ella una enmienda a la totalidad de toda la política de vivienda aprobada por el Ejecutivo de Sánchez. Paloma Martín aseguró en el Senado que su propuesta contendrá la reforma de cuatro leyes. "Incluirá eliminar también los aspectos que están siendo más lesivos para el mercado, en particular el control de los precios, la declaración de 'zonas tensionadas', el índice de precios de los alquileres y la tolerancia con la okupación", señaló. Por este motivo, un gran acuerdo entre los partidos en esta iniciativa se antoja imposible.

La realidad es que a ninguna de las dos formaciones les salen a priori los números. Aunque el PP lograse sacar adelante su reforma en el Senado, en el Congreso necesitaría sí o sí el plácet de Vox y Junts, algo que podría ser complicado a pesar de que los dos partidos ya han coincidido en otras votaciones. Por su parte, el PSOE debería reeditar los apoyos que logró Sánchez para sacar adelante su investidura, con todo el bloque progresista y nacionalista votando a favor. Sin embargo, la reforma no gusta ni en Podemos, ni en Sumar. Este último llegó a plantear una objeción cuando fue aprobada por primera vez en el Consejo de Ministros. Tampoco el voto del partido de Carles Puigdemont se puede dar por descontado, teniendo en cuenta que el futuro de la Generalitat está abierto en canal.

A su vez, mientras no haya consenso para aprobar una reforma como está, sin prácticamente contenido político, la incertidumbre en el urbanismo persiste. Tras la retirada de la ley en el Congreso, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) definió la reforma normativa como "una necesidad imperiosa" para dar "seguridad jurídica al urbanismo español" y "atajar la falta de acceso a la vivienda". El comunicado concluía que, ante la manifiesta de que fuese rechazada, "era conveniente retirarla para dar oportunidad a la negociación". Esta negociación solo ha hecho más que empezar, pero tendrá más connotaciones políticas que urbanísticas.