Los “dos golpes de autoridad” de Feijóo en el PP: pacto del CGPJ y la crisis migratoria

La crisis migratoria derivada de Canarias -primero con el reparto de los menores migrantes acordado para este año y, después, con la reforma legal que el Gobierno quería impulsar- provocó bastantes tensiones internas dentro del PP. Muchas no trascendieron.

Alberto Núñez Feijóo habló uno a uno con todos los presidentes autonómicos para trasladar un mensaje que no todos compartían: el partido iba a actuar como un bloque. “La política migratoria es una política de Estado. Y el PP también lo es. En otros asuntos cada comunidad lo gestiona como considera sin interferencias, pero en este vamos a ir todos a la vez” fue la advertencia que trasladó, según explican distintos barones, a todos.

La situación era muy distinta en cada territorio. Algunas autonomías tienen sus recursos propios al borde del colapso, otras no tienen capacidad o les faltan infraestructuras. Los presidentes más críticos dejaron claro que la reforma de la Ley de Extranjería, tal y como estaba planteada para dejar en manos del Gobierno los futuros repartos sin hablar con las comunidades, no se podía apoyar. La derivación de los menores migrantes que debía aprobarse en la Conferencia Sectorial de Tenerife y a la que Vox se negaba (después decidió romper los gobiernos) también generó malestar en algunos dirigentes como el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Los equilibrios tuvieron que ser permanentes, pero la contundencia sobre cuál iba a ser la postura del partido, también. 

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A esta gestión -nada fácil y que provocó dolores de cabeza en Génova- se sumaba no hacía tantos días el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno. El pacto que necesitó cinco años para cerrarse y que había constituido, fuera de toda duda, la mayor piedra en el zapato de la oposición del dirigente gallego.

“Han sido los dos golpes de autoridad que ha dado Feijóo internamente y que han puesto las cosas en su sitio”, resume un presidente autonómico. No es el único. En el entorno de Isabel Díaz Ayuso, principal referente del ala dura y símbolo de los dirigentes que piensan que no hay que llegar a ningún acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, coinciden con ese diagnóstico. En la Puerta del Sol -que durante mucho tiempo vieron con malos ojos el pacto judicial- consideraron un acierto el desenlace. Las conversaciones entre Feijóo y los barones en aquellos días también fueron constantes en busca de un cierre de filas que también se produjo.

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Los avances para cerrar el CGPJ (con un planteamiento casi idéntico que hace dos años: el reparto de 10 vocales para cada partido y el reforzamiento de la independencia de la justicia, con la duda de si realmente habrá una reforma en el sistema de elección de los integrantes del Consejo) se fueron produciendo en la discreción más absoluta. La información no circulaba ni en la propia dirección nacional con la excepción de personas del gabinete de Feijóo, Esteban González Pons y Cuca Gamarra. 

La cúpula se blindó por completo para evitar contaminaciones, conscientes de las dudas que generaba en el propio partido. También para los muñidores del acuerdo. Pero la convicción de que había que resolver el asunto si había “un buen acuerdo” (el PP consideró luego que lo hubo) y evitar “situaciones peores a futuro” como también creían en Sol y otros gobiernos autonómicos, inclinaron la balanza.

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Las presiones en 2022, pocos meses después de acceder a la presidencia del partido, ya habían sido muy fuertes. El Gobierno acordó, en mitad de las conversaciones, la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y cambiar el de malversación en un traje hecho a medida -esa fue la intención- de sus socios independentistas. Pero, en realidad, después todo fue a peor. La ley de amnistía, el choque frontal del Ejecutivo -y el propio presidente- con el poder judicial hablando abiertamente de la existencia de ‘lawfare’ y el enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, además de la grave crisis que atraviesa la Fiscalía General. 

Si el PP justificó durante tiempo que los pasos que había dado el Gobierno impedían renovar el CGPJ, todo parecía indicar que ya no iba a tener solución. En los últimos meses los populares se manifestaron contra el Gobierno y la ley de amnistía casi una decena de veces en las calles y las relaciones habían saltado por los aires. Todo se recondujo in extremis, con la carrera judicial insistiendo en que ese acuerdo tenía que producirse y la propia convicción de Feijóo -reconocen en su entorno más cercano- que había que buscar un acuerdo “bueno” asumiendo todos los riesgos.

Pasadas unas semanas y cuando se cumple el primer aniversario del 23J -las generales que Feijóo ganó pero no remató- distintos dirigentes del partido coinciden en que han sido estas dos decisiones las que le han llevado a dar por superado el shock de aquellas generales.

En el partido hay una sensación compartida de que el líder del PP está ahora “confiado” y “crecido” en este momento, con la seguridad de que “tarde lo que tarde, llegará”.