La llegada masiva de menores extranjeros pone al límite a Gobierno, comunidades y oposición: todas las claves

Pedro Sánchez se reunirá este viernes con Fernando Clavijo para analizar la llegada masiva de menores extranjeros a las islas Canarias. El encuentro se celebrará tras meses de tensiones entre el Gobierno, las comunidades y el PP ante la búsqueda de soluciones a los más que saturados servicios de acogida canarios y también ceutíes. Con previsiones de que llegarán miles de migrantes más en lo que resta de año, Clavijo reclama al Ejecutivo central que apruebe un decreto ley para reformar la ley de extranjería y activar el reparto de menores. El PP ya se opuso hace un mes y ahora ha puesto sobre la mesa nuevas condiciones. A continuación, todas las claves para entender qué está ocurriendo:

La crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron a Canarias más de 31.000 migrantes, parece que quedará en nada ante las cifras de este año. Sin embargo, no es una sorpresa. Desde hace más de seis años, Gobierno y comunidades vienen abordando el incremento de migrantes. La primera decisión de calado la adoptaron en 2022, en la conferencia sectorial de Infancia, cuando acordaron distribuir a 378 menores -322 de Canarias y 56 de Ceuta- entre el resto de comunidades. 

El reparto entre las comunidades tuvo en cuenta la población de cada territorio, su situación económica y el número de plazas disponibles. Además, se pactó la distribución de 20 millones de euros entre las autonomías, con una cuantía fija por cada menor que acogían y una variable según el número total. Este acuerdo también contempló el traslado de 396 jóvenes en 2023 -360 de Canarias y 36 de Ceuta- con su respectiva financiación de 20 millones de euros.

Los acuerdos puntuales han resultado del todo insuficientes para Canarias y Ceuta, que acogen al doble o el triple de menores de los que tienen capacidad. Así, el Gobierno de Clavijo lleva más de un año dialogando con el Ejecutivo nacional para encontrar una solución estructural. A mediados de junio alcanzaron un acuerdo para reformar la ley de extranjería y obligar al reparto de menores. Sin embargo, las comunidades del PP rechazaron este cambio en la conferencia sectorial de Infancia celebrada a principios de julio. Solo aceptaron el reparto de 400 menores para este año, lo que llevó a Vox a salirse de cuatro gobiernos autonómicos.

Pese al 'no' de los territorios del PP, los partidos del Gobierno, junto a Coalición Canaria, registraron una proposición de ley para reformar la ley de extranjería e introducir un mecanismo que se active cuando en Canarias, Ceuta o Melilla se produzca una "sobreocupación" en la que el número de menores migrantes no acompañados supere el 150% de las plazas disponibles en el sistema. Todos los menores que superen ese límite deberían ser derivados a otras comunidades en el plazo de un año y aquellos que lleguen nuevos, en 15 días.

La conferencia sectorial de Infancia sería la encargada de fijar los criterios objetivos para la distribución de los menores entre las comunidades y la financiación. Mientras, se haría en función de las normas pactadas en 2022.

La reforma del Gobierno no llegó a buen puerto. En el primer trámite parlamentario, PP, Vox y Junts votaron en contra, haciendo caer la ley. Los posconvergentes alegaron estar negociando con el Gobierno las competencias en inmigración y los populares denunciaron que se trataba de una solución que solo traspasaba el problema de una comunidad a otra. En este sentido, exigieron la celebración de una conferencia de presidentes para abordar el problema y buscar una propuesta negociada con ellos. Sobre todo, porque gobiernan en 12 comunidades y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Canarias y Ceuta -la primera gobernada en coalición por CC y PP y la segunda con un presidente popular- están sufriendo en las últimas semanas la llegada masiva de extranjeros. El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, pidió auxilio al Gobierno y a las comunidades hace unos días tras superar en un 360% su capacidad de acogida de menores. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha hecho lo mismo ante los más de 5.000 menores que acoge el archipiélago, pese a que su capacidad es de 2.000, y los más de 3.000 que se prevé que llegarán en los próximos meses. Frente a esta situación, Clavijo ha reclamado al Gobierno que apruebe la reforma de la ley de extranjería mediante un real decreto ley.

El Gobierno tiene la capacidad de impulsar la reforma de la ley de extranjería mediante un real decreto ley. El problema es que después este cambio debe ser convalidado por el Congreso y vuelve a ser necesario el apoyo del PP. Los populares reiteran que están en contra de esta modificación si no va acompañada de un plan integral. Esta semana han presentado en la Cámara Baja sus propuestas: reforzar el control de fronteras, dotar de mayores recursos a las autonomías y reclamar ayuda a la Unión Europea, así como la presencia de Frontex y la Agencia Europea de Asilo. Los conservadores aseguran que si el Gobierno no incluye estas medidas en el real decreto ley les será difícil apoyar el cambio legislativo.

Sánchez se reunirá este viernes con Clavijo, tras estar casi dos semanas de vacaciones en Lanzarote. La tardanza de esta cita ha sido duramente criticada por el PP, que aun así ve insuficiente este encuentro y reclama la celebración de una conferencia de Presidentes. Además, Sánchez viajará la próxima semana a Mauritania, Senegal y Gambia para tratar la cuestión migratoria con los países de origen.