El Gobierno aparca el pacto de Estado sobre derechos LGTBI para no reabrir el cisma de la ley trans

El pacto de Estado sobre los derechos LGTBI ha dejado de ser una prioridad para el ministerio de Igualdad, en manos de la parte socialista del Gobierno de coalición. Pedro Sánchez lo incluyó en su discurso de investidura como un compromiso de legislatura, después de pactarlo con Sumar en el acuerdo de coalición, al defender que “hoy más que nunca es necesario un pacto de Estado por las personas LGTBI y el nuevo gobierno de coalición progresista se compromete a sacar ese pacto de Estado”. Un mes después, el Consejo de Ministros nombraba como directora del Instituto de las Mujeres a Isabel García, ahora cuestionada por adjudicaciones a una empresa familiar de Puntos Violeta en municipios gobernados por los socialistas.

Desde Sumar se cargó contra dicho nombramiento por las posiciones de Isabel García contra la ley trans. Ahora, en el ministerio de Igualdad quieren dejar atrás al cisma interno que generó dicha norma y aseguran que no está sobre la mesa promover un pacto de Estado sobre derechos LGTBI.

Sánchez aprovecha el “divorcio” de Vox con el PP para plantear a Feijóo nuevos pactos de Estado

La prioridad, según trasladan fuentes cercanas a la ministra Ana Redondo, pasa por renovar el pacto de Estado contra la violencia de género. En lo relativo a derechos LGTBI, en Igualdad apuntan que la intención pasa por actuar de forma genérica contra los discursos de odio. Para ello, los socialistas promovieron una subcomisión en el Congreso que fue avalada por todos los grupos a excepción de Vox.

Sin aludir a las posiciones del sector del feminismo clásico del PSOE crítico con la ley trans, en la dirección del partido remarcan la apuesta por políticas de “mayorías” y “transversales”. Un mensaje conciliador en la línea con el que viene tratando de mantener Redondo desde que los socialistas recuperaron esta cartera. Un giro que busca dejar atrás las divisiones para centrarse en cuestiones que generen más consensos.

En la pasada legislatura, las políticas de Igualdad, en manos de la dirigente de Unidas Podemos Irene Montero, se convirtieron en un vector de conflictos dentro de la coalición. Algunas de sus medidas no solo generaron enfrentamientos con la exvicepresidenta Carmen Calvo, sino que dividieron orgánicamente al PSOE. Precisamente, la ley trans fue la cuestión que más debate y polarización generó en el último congreso federal de los socialistas.

Choque con Sumar

Si desde Igualdad se defendió el nombramiento de Isabel García frente al rechazo de los socios, con un guiño al feminismo clásico para restañar heridas, ahora se la vuelve a proteger tras revelarse que su pareja habría recibido numerosas adjudicaciones por parte de gobiernos socialistas. Desde Sumar no han hecho más que incrementar el tono a través de un comunicado: “La directora del Instituto de las Mujeres nunca debió ser nombrada. La transfobia es injustificable; usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal, también. Debe ser cesada de inmediato”.

Pese al ánimo de dejar atrás las diferencias dentro del PSOE, la consigna respecto a la ley trans es que las normas deben cumplirse. De ahí que se hayan recurrido al Tribunal Constitucional las leyes trans y LGTBI impulsadas por la Comunidad de Madrid. Esta misma semana, el Alto Tribunal suspendió los artículos recurridos. A lo que tampoco renuncia el Ejecutivo es a un marcaje frente a los “recortes” de gobiernos autonómicos. Una estrategia en la que se enmarca también la batalla política y judicial contra la “derogación” de las leyes de memoria histórica.

Otros pactos de Estado

Dentro del giro de los socialistas para evitar cuestiones que dividan al movimiento feminista, el propio Sánchez ya sacó esta semana de su lista de pactos de Estado lo relativo a los derechos LGTBI. Durante su comparecencia en el Congreso para presentar el plan de regeneración, el jefe del Ejecutivo aprovechó la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos de coalición para plantear a Alberto Núñez Feijóo nuevos pactos de Estado. Los centró en materia de inmigración, antitransfuguismo y lucha contra la violencia de género.

El más prioritario es la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. La intención de los socialistas es tenerlo listo antes de que finalice el año. La pretensión es acelerar los trabajos de la subcomisión del Congreso a partir del mes de septiembre con el foco puesto en los “retrocesos” a nivel institucional por los "discursos negacionistas" y la necesidad de incorporar nuevas medidas en el pacto de Estado de coordinación y colaboración entre administraciones, además de dotación de recursos.