Esquerra lleva sin éxito al Congreso una propuesta para endurecer el control político del CNI

Nuevo intento frustrado soberanista de aumentar el control del CNI. En la Comisión de Defensa del Congreso, ha resultado derrotada este martes una proposición no de ley (PNL) formulada por Esquerra Republicana para la "promoción del control político y judicial del Centro Nacional de Inteligencia español", tal y como se titula.

Han sido 29 votos en contra, siete a favor y una abstención. Socialistas, populares y miembros de Vox se han opuesto a la iniciativa, que ha ocupado la parte más intensa del debate en la sesión. Esta se ha celebrado 24 horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmara este lunes, también en la Cámara Baja, que fue "bajo control y autorización judicial" como el CNI se introdujo en teléfonos móviles de independentistas, en 18 casos oficialmente admitidos -los afectados dicen que son más de un centenar-, supuestamente con el software espía Pegasus.

En la exposición de motivos, la PNL denunciaba "el espionaje de líderes independentistas, como el actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, quien fue espiado bajo la infundada sospecha de ser dirigente de los Comités de Defensa de la República (CDR)".

Medidas restrictivas

La proposición de los republicanos contenía cuatro medidas, de las que la primera era obligar a "un control periódico" a "un responsable de las actuiaciones del CNI": comparecer cada tres meses ante la comisión de gastos reservados del Congreso, también llamada de secretos oficiales. La propuesta de Esquerra argumentaba que así se evitaría que el CNI "continúe ejerciendo actividades alegales, ilegales o liícitas".

La segunda se adentraba en el campo de las investigaciones, sobre cuya difusión por los miembros del CNI pesan, por ley, severas restricciones. Esquerra proponía que en cada comparecencia "ante cualquier comisión parlamentaria", directivos del Centro "informen sobre el espionaje a partidos políticos, sindicatos, asociaciones y cualquier colectivo ciudadano".

En línea con esa segunda medida, la tercera propuesta por ERC preveía "aumentar las sanciones, tanto administrativas como penales" a responsables de infracciones en el quehacer del centro de inteligencia, así como que "vean sus funciones suspendidas y sean apartados de cualquier organismo público de Defensa, de las fuerzas de Seguridad del Estado o de cualquier instancia oficial".

La cuarta medida de la PNL republicana fijaba una congelación del presupuesto del CNI, actualmente de 337 millones de euros, "para evitar que continúe aumentando de manera proporcionada e injustificada".

El grupo parlamentario de Sumar ha apoyado la PNL tras aceptar los republicanos unas enmiendas -"de perfeccionamiento", ha dicho el diputado Félix Alonso- que, entre otros cambios, eliminan el capítulo de las sanciones, amplían de tres a seis meses la comparecencia periódica y proponen que, más que congelar el presupuesto, haya "una presentación específica de las partidas correspondientes al CNI" cuando se debatan los Presupuestos Generales del Estado.

El debate

El republicano Francesc-Marc Álvaro ha defendido la PNL como "una mejora de la calidad democrática e institucional" y de "la relación del Estado con los ciudadanos", y ha argumentado: "Los servicios de inteligencia están para otras cosas, no para perseguir a la disidencia política legítima".

Y ha ironizado el diputado de ERC cuando ha dicho a la comisión que, si la Generalitat es parte del Estado, cuando se asaltó el teléfono de Aragonès, "el CNI estaba espiando a una parte del Estado, que es la Generalitat". Y ha redoblado la ironía cuando ha recordado que "hace unas semanas, el presidente del Gobierno, señor Sánchez, descubrió que existe el lawfare", o sea, "ha aterrizado en la realidad imperfecta de un leviatán que se les ha escapado de las manos".

Las contestaciones más frontales a la proposición de Esquerra han llegado desde la derecha. "¿En qué cabeza cabe?", clamaba José María Sánchez, de Vox. "Es absurdo que aquellos que pueden deben ser investigados por los servicios de inteligencia de la nación quieran saber cómo el servicio de inteligencia les investiga", ha defendido, aludiendo al artículo 4 de la ley 11/2002, que regula el CNI, que fija entre los objetivos del servicio secreto las actuaciones contra la soberanía y la integridad territorial de España.

Por el PP, Carlos García Adanero ha remarcado el argumento dirigiéndose directamente a los independentistas catalanes presentes en la comisión: "Ustedes dieron un golpe de Estado, dicen que lo van a repetir... ¿y se piensan que el Estado va a estar mirando para otro lado?". En su opinión, la PNL "pretende que un Estado se quede sin defensa".

Y también se ha permitido el diputado popular la ironía: "Si ustedes quieren que los socialistas apoyen su propuesta, pónganla como condición del apoyo a Sánchez, ya verán cómo se la aceptan. Háganlo, que sus votos son todavía decisivos", le ha invitado a Álvaro.

Los socialistas, tras expresar su apoyo al trabajo de los funcionarios del servicio secreto, no han votado a favor la propuesta, sobre la base -ha explicado Caridad Rives- de que "ese control político ya existe" en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia y en el propio Congreso de los Diputados; y también existe un control económico con la Intervención Delegada de Hacienda en el CNI.

Sí ha obtenido la propuesta republicana el apoyo de EH-Bildu. Su portavoz en la comisión, Jon Iñarritu, tras señalar que en España, en materia de servicio de espionaje, "escándalo tras escándalo se han ido poniendo parches", ha apuntado una reflexión sobre si no debería promoverse "una división entre inteligencia interior y una inteligencia exterior" para evitar este tipo de situaciones.

Injerencia rusa

Ha caído también otra propuesta con flecos catalanes. El PP ha defendido sin éxito una PNL que en principio hubiera concitado el apoyo de la mayoría, para incorporar en España las conclusiones de la Comisión Europea sobre la injerencia rusa en procesos democráticos. Pero, en la defensa de la proposición, el diputado Pablo Pérez Coronado, ha puesto al procés y las relaciones con agentes rusos de Carles Puigdemont y otros independentistas como ejemplo de los "ataques híbridos que pretenden desestabilizar democracias y romper países", transformando ese hecho en reproche sobre los apoyos políticos del Gobierno. En opinión de los populares hay "pruebas abrumadoras" de injerencia rusa en el procés", y los socialistas han olvidado que "aplaudieron a Pedro Sánchez a rabiar cuando afirmó en el Congreso la complicidad entre Putin y el separatismo catalán".

El portavoz de EH-Bildu, Jon Iñarritu ha sido quien más duramente ha contestado la iniciativa, tildando de “ejemplo de bulo y desinformación” la propia proposición no de ley del PP. “No hay prueba alguna de injerencia rusa en el procés”, ha sostenido. 

El diputado abertzale ha añadido. "Si hay una persona en España que tiene vínculos, que tiene amistad con Putin, es el señor Aznar", recordando un artículo del expresidente del gobierno de junio de 2016, en que el afirmaba su amistad con el líder ruso y su creencia de que “Putin tiene un proyecto para Rusia”… dos años después de la toma rusa de Crimea.

Apoyar a Ucrania

"España es un país cicatero con la ayuda a Ucrania", ha denunciado el grupo popular este martes en la Comisión de Defensa del Congreso. Una propuesta suya para aumentar la ayuda a Kiev ha sido una de las medidas que más apoyo han obtenido -31 votos a favor, cinco en contra- en la jornada.

O sea, ha obtenido el apoyo del PSOE, pese a que el diputado del PP Agustín Conde ha señalado al Gobierno como causa de que España "no es un país que apoye a Ucrania en la medida de su fortaleza", y ha denunciado al tiempo la "opacidad y respuestas fragmentarias" de Defensa cuando se le pregunta por el material entregado. A falta de datos gubernamentales, Conde ha citado cifras del Instituto Kiev, según las cuales España es "el sexto país por la cola de una lista de 36 en entrega de ayuda y es el país 35 en transparencia" sobre esa ayuda.

El PSOE ha defendido la política del Gobierno en este flanco estratégico recordando que España es el cuarto país europeo en acogida de refugiados ucranianos, tras Polonia, Chequia y Alemania -por este orden-, y que no solo contribuye entregando material militar, también en el adiestramiento de soldados, más personas y más rápido de lo previsto: se planeó la formación de 2.000 reclutas ucranianos en 2023, pero el año terminó con 3.350 entrenados, principalmente en la Academia de Infantería de Toledo y en el campo gaditano de adiestramiento de infantes de marina de El Retín. 

En la sesión han salido cifras europeas del valor conjunto de la ayuda: hasta el momento 31.000 millones de euros en ayuda financiera. 17.000 millones para acciones de ayuda a refugiados, 28.000 millones en ayuda militar y 9.000 en líneas de préstamos. "El destino de la guerra se está jugando estas semanas. Los rusos están aprovechando el retraso de tres meses del bloqueo del a ayuda americana", ha deplorado Conde.

Ceseden

Con todo, no ha sido esta la propuesta que más consenso ha suscitado en esta sesión de la Comisión de Defensa del Congreso, sino una del Grupo Socialista para el "reconocimiento a la labor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) como principal centro docente militar".

Se ha llevado esta PNL 34 votos a favor, tres abstenciones (todas independentistas) y ninguna abstención. Se da la circunstancia de que no pocos de los parlamentarios sentados en la comisión este martes han pasado por las aulas del CESEDEN... o aspiran a seguir en algún momento alguno de los cursos con que la entidad, con reconocimiento expreso de la mayoría del espectro político, explica el trabajo de las Fuerzas Armadas y extiende la Cultura de Defensa.