Debate de política general
La CUP afirma que "no existen las condiciones" para celebrar un referéndum por la inacción del Govern
Laia Estrada ha acusado al 'president' de no haber trabajado para que existan las "condiciones internas" para entrar en un "escenario resolutivo"
Carlota Camps
La
CUP ha vuelto a demostrar durante el debate de política general su distancia con el
Govern
de Pere Aragonès. A pesar de haber iniciado la legislatura conjuntamente -aunque la unión duró poco-, la diputada Laia Estrada ha usado un tono muy duro durante el pleno, en el que ha acusado al 'president' de no haber trabajado para que existan las "condiciones internas" para entrar en un "escenario resolutivo" y poder celebrar un referéndum.
En este sentido, la 'cupaire' ha asegurado que el Govern lleva "toda la legislatura renunciando" y "perpetuando las políticas autonomistas", y ha llegado a acusar a Aragonès de convertir la
Generalitat
en una "diputación provincial" y de apostar por un "modelo de país desarrollista".
Así, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez
, que ha calificado de "osbtáculo" para la independencia, Estrada ha vaticinado que ERC y Junts renunciaran a la autodeterminación para conseguir la amnistía. Un hecho que, según la CUP, implica "un nuevo paso" en el "ciclo triste y decepcionante" que no rompe con el "régimen del 78".
En este punto, la CUP ha recordado la propuesta de ley de amnistía que presentaron con
ERC
y Junts, junto con las entidades independentistas, al Congreso en 2021. A pesar de que cayó en saco roto, ya que no llegó ni siquiera a tramitarse, Estrada han pedido que se recupere este texto, que reconcia el derecho a la autodeterminación en su preámbulo.
Justamente, los cupaires aprovecharán las propuestas de resolución que se someterán a votación al final de debate, para que ERC y Junts se comprometan a negociar una ley de amnistía como la de 2021.
También pedirán derogar la ley aprobada por PSC, ERC, Junts y los Comuns para responder a la sentencia del 25% de castellano en las escuelas. Así, pedirán recuperar y desplegar la ley catalana aprobada en 2020 -y tumbada por el
TC
- para limitar los alquileres y que la energética pública tenga capacidad de "generación, distribución y comercialización de electricidad".
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