CHOQUE EN LA COALICIÓN
Los contratos de la OTAN que critica Podemos fueron autorizados por el Consejo de Ministros
Los morados cargaron este lunes en rueda de prensa contra el ala socialista del Gobierno, acusándola de haber "adjudicado a dedo" los 37 millones que costará la organización de la próxima reunión anual de la Alianza Atlántica
Marisol Hernández / Juanma Romero
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de abril los contratos para la organización de la cumbre de la
OTAN
que este lunes criticó en rueda de prensa Podemos y usó para justificar la ausencia de sus ministros en el acto organizado por el Ejecutivo para conmemorar el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica.
El portavoz de los morados, Javier Sánchez Serna, cargó este lunes en rueda de prensa contra el ala socialista del Gobierno, acusándola de haber "adjudicado a dedo" los 37 millones que costará la organización de la próxima reunión anual de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Madrid el 29 y 30 de junio. Sin embargo, estas contrataciones fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, es decir, tienen el visto bueno de todos los ministros de
Unidas Podremos
y de la propia secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Tal y como se recoge en el acta de la reunión, fue este órgano colegiado el que aprobó un acuerdo por el que se autoriza al
Ministerio de Asuntos Exteriores
a la contratación de la cesión temporal de espacios y prestación de servicios y suministros para la cumbre por un valor estimado de 29.752.066,11 euros.
En esa misma reunión se dio también la aprobación para que el Ministerio del Interior adquiera el material necesario para organizar el dispositivo policial destinado a la seguridad de este importante encuentro de la OTAN, que debe actualizar su proyecto estratégico y que ha adquirido aún más protagonismo por la invasión rusa de Ucrania y la petición de adhesión a la Alianza Atlántica de Suecia y Finlandia por la amenaza que supone Vladímir Putin. En este caso, el montante ascendía a 1.956.564,52 euros.
Según se apuntaba en la propia referencia de aquel 26 de abril del
Consejo de Ministros,
al tratarse de contratos que superaban la cifra de 120.000 euros, era necesaria la autorización previa de este órgano.
Procedimiento negociado sin publicidad
La propia portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dio cuenta de este acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que la celebración de este acto tendrá una repercusión económica positiva para Madrid por el volumen de personas que se trasladarán a la ciudad y subrayó el valor "incalculable" en términos de reputación internacional que supone organizar esta cita en el actual contexto global "tan especial".
La denuncia de Podemos es que se adjudicaron "a dedo". Desde el Gobierno se informó entonces que al tratarse de "la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, la adjudicación del contrato se realizará mediante el procedimiento negociado sin publicidad", tal y como establece la ley de contrataciones del sector público.
El ala morada de la coalición ha utilizado estos contratos para justificar que no asistirán a la cumbre de la OTAN. Ninguno de sus ministros ha acudido tampoco este lunes al acto organizado por el Gobierno para conmemorar el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica, aunque fuentes de Moncloa han precisado que sólo estaba invitada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no ha ido, según su entorno, por una cita médica. Pero, de haber podido, aseguran en su equipo, tampoco habría querido asistir.
A pesar de avalar en el Consejo de Ministros los contratos del Ministerio de Exteriores y del de Interior, un día antes Podemos reprochó duramente al Gobierno que España tiene retos más importantes que acoger una cumbre "militarista". Al igual que han hecho este lunes, reclamaron que ese dinero -las dos contrataciones ascienden a 31,7 millones de euros, no los 37 que apunta la formación morada- se destine a reforzar el escudo social y los servicios públicos.
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