El Constitucional ante la amnistía: deberá valorar si el exministro Campo o el conservador Macías están 'contaminados'

Tras la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a la malversación en el procés, el papel que aún debe desempeñar el Tribunal Constitucional frente a los recursos anunciados contra la ley centra ahora el foco del principal partido de la oposición. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, señalaba este martes las "dificultades" que tiene para aceptar la imparcialidad de este órgano, del que dice que está "trufado de cargos del Gobierno", lo que supone señalar directamente a dos de sus magistrados, 

Se refería, sin citarles, al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la catedrática de Derecho Constitucional y durante un tiempo asesora en Moncloa Laura Díez. Ambos forman parte del bloque de siete magistrados progresistas que previsiblemente avalarán la sujeción de la ley a nuestra Constitución y podrían despejar su aplicación de forma favorable a los intereses de los ex dirigentes independentistas en sus recursos ante el órgano de garantías.

En el caso del primero, se cuenta con un precedente. El pasado mes de noviembre, Campo anunció que se abstenía frente al recurso de un particular que buscó amparo ante el órgano una vez se inició la tramitación parlamentaria de la norma. La razón se encontraba en el contenido de los informes que el propio exministro redactó en su día sobre los indultos del procés, donde afirmaba de forma categórica que la concesión de una amnistía sería "inconstitucional" de forma categórica. 

Sin embargo, este movimiento no supone que deba apartarse de los futuros recursos, según fuentes del órgano consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que señalan que esta abstención fue presentada de forma prematura en relación con un recurso de amparo que ni siquiera fue admitido a trámite. De este modo, el escrito por el que Campo argumentaba sus razones para apartarse no llegó a ser valorado por el Pleno del órgano, que podría aceptarlo o rechazarlo. 

Con respecto a Díez, pese a su pasado en Moncloa las razones para una abstención o para que prospere una recusación contra ella son más difusas, ya que no formó parte ni asesoró al Gobierno sobre este asunto en ningún momento.

La incógnita Macías

Otra incógnita es la del nuevo magistrado José María Macías, aún vocal del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial hasta que se sustancie el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para su renovación. El pasado 21 de marzo, el pleno del órgano de gobierno de los jueces aprobó un informe muy crítico contra la ley --aún en proyecto-- y entre los votos que apoyaron dicha propuesta se encontraba el del juez en excedencia y hoy abogado Macías.

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En dicho informe se dice expresamente que la amnistía no tiene encaje en la Constitución, pues este tipo de medida de gracia quedó excluido de su articulado de forma consciente. El documento sostiene, además, que la exposición de motivos no justifica la adecuación del texto legal a los principios y valores contenidos en la Carta Magna.  

La entrada de Macías supondrá un refuerzo para el sector conservador del órgano de garantías, que pasará a tener seis magistrados frente a los siete de sensibilidad progresista. Esta circunstancia, unida a la dinámica de siete frente a cinco que se ha establecido en el funcionamiento del órgano desde que se inició la presidencia de Cándido Conde Pumpido, apunta a la importancia que tiene que algunos de los magistrados puedan tener que apartarse de los recursos por la ley de amnistía.

Los ERE y la dinámica de bloques

Si Campo no pudiera participar en las deliberaciones, el bloque progresista perdería un voto, y lo mismo ocurriría en el caso de que Macías fuera recusado por llegar "contaminado" de sus posiciones anteriores en el CGPJ. Una eventual salida de Díez, aunque más improbable, reduciría aún más las distancias.

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El órgano nunca ha roto su dinámica de bloques con respecto a asuntos de carácter ideológico, como ha sido la validación de las leyes del aborto y la eutanasia. Lo mismo ha ocurrido esta misma semana con respecto a los ERE en Andalucía, ya que la mayoría progresista ha comenzado a anular las sentencias que condenaron por prevaricación y malversación, aplicando un duro correctivo al Tribunal Supremo sobre una de las causas clave contra la corrupción en el PSOE.

Esta dinámica se quebró no obstante hace solo unas semanas, cuando el Pleno declaró de forma unánime la inconstitucionalidad del voto telemático en el Parlament de Cataluña. Hasta el momento, la única disensión había aparecido en un asunto algo menor, en relación con un recurso de UGT contra la prohibición de la Delegación del Gobierno de Madrid de celebrar el 8-M en 2021. En este caso, la mayoría se conformó con miembros de las dos sensibilidades.