Clavijo intenta evitar en Madrid que se olvide a los menores por el conflicto de Vox y PP

La vía de la proposición de ley para la reforma de la ley de extranjería con la que se pretende resolver la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ya no es una opción para el Gobierno regional de Fernando Clavijo. El presidente de Canarias considera que la “crisis humanitaria” que se está dando en las Islas requiere de una “respuesta urgente” que solo se puede conseguir a través de la aprobación por parte del Gobierno central de un real decreto que entre en vigor de forma inmediata, que sirva para “simplificar” los trámites administrativos necesarios para el traslado de estos menores y los temas relativos a su tutela.

Por eso, dos días después de la compleja celebración en Tenerife de la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que las comunidades autónomas del PP eludieron dar apoyo a la reforma de la ley de extranjería y al reparto obligatorio de menores otros territorios del Estado, Clavijo instó al Gobierno de Pedro Sánchez a que aborde esta cuestión con la necesaria urgencia y apruebe esa figura legal y la traslade al Congreso para su convalidación en el pleno del próximo día 23, o en todo caso antes de que acabe julio.

Lo hizo en una comparecencia pública en la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid, “a escasos metros del Congreso” como gesto de llamada de atención hacia el conjunto de fuerzas políticas y grupos parlamentarios para que respalden esa fórmula de “respuesta inmediata a un problema inmediato” que, aseguró, “va a agravarse en las próximas semanas, y no sabemos hasta qué dimensiones, con el incremento de llegadas de cayucos y pateras a nuestras costas”. No fue esta la única comparecencia del presidente canario este viernes en Madrid, ya que pocas horas antes había presentado con la CEOE la apuesta conjunta por estrechar vínculos empresariales con África, otro modo de contribuir al desarrollo del continente para frenar la inmigración a través de la mortífera ruta canaria.

Propuestas compatibles

Clavijo no rechazo la importancia que pueda tener la presentación de una proposición de ley, por la que apuesta el Gobierno central por tener mayores garantías jurídicas, pero considera que ya no no sirve para dar salida al colapso al que están sometidos los recursos de acogida de la comunidad autónoma. “Somos conscientes de que la proposición de ley puede ser un camino importante para mejorar la redacción de la ley, para introducir medidas de mayor protección, para poder tener un diálogo más sosegado de la reforma imprescindible y necesaria de una ley que se adapte a los tiempos que nos está tocando vivir, con la posibilidad de tocar otros artículos, pero ese camino, que apoyamos, puede ir paralelo a la aprobación en julio de un decreto ley para una situación de emergencia humanitaria”, explicó el presidente.

Insistió Clavijo en la compatibilidad de ambas propuestas, pero que solo la vía del decreto ley es capaz de atender a la “emergencia humanitaria”. “Consideramos que es perfectamente compatible, y creemos que la respuesta que debe dar el Gobierno de España y todo el país como sociedad tiene que ser conjunta”, afirmó el presidente, resaltando además que esa respuesta debe hacerse “preservando los derechos de los niños y las niñas” y cumpliendo los tratados internacionales al respecto.

“Eso requiere un análisis en la proposición de ley para darle una mayor profundidad, pero la respuesta a la emergencia humanitaria tiene que ser la de un decreto ley” para cuya convalidación también instó el Gobierno central a conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación. Propuso en este sentido que el decreto pudiera tramitarse como proyecto de ley una vez lograda su convalidación y por tanto continuara su aplicación desde el día siguiente de su aprobación por el Consejo de Ministros. “La proposición de ley no va a llegar a tiempo para la respuesta que necesitamos”, reiteró.

Clavijo eludió considerar un fracaso el hecho de que en la conferencia sectorial de Tenerife sólo se aprobara la distribución de los 400 menores pendientes, y de que las comunidades no se pronunciaran sobre la reforma legal que pretende regular de forma permanente este reparto. “No comparto de entrada la idea de que la solidaridad ha fracaso ni tratar de enfrentar a las comunidades. Lo que no funciona es el sistema”, afirmó negándose a apuntar a las regiones gobernadas por del PP como las responsables de que en la cumbre de Tenerife no saliera ese respaldo a la propuesta pactada entre Canarias y el Estado.

Retoque quirúrgico

El presidente canario defendió el decreto ley como “retoque quirúrgico de la ley precisamente porque tiene que ser rápido” para que, una vez puesta en vigor, los menores que lleguen a Canarias a partir de ahora, y tras quedar bajo las medidas de protección inicial de la comunidad autónoma y ser identificado e inscrito en el registro de menores del Ministerio del Interior, “ya se le daría la ubicación en otra comunidad autónoma” al tener Canarias superada su capacidad de acogida en un 150 %.

“En sos quince días se le da al menor las medidas de protección iniciales, transcurridos los cuales sale e inicia su proyecto de vida en el contexto en el que va a permanecer”, explicó antes de señalar: “No pensemos que trasladar a un menor es coger una caja y meterlo en un avión y llevarlo y soltarlo en otro sitio. Quien piense así no tiene ni idea de lo que estamos hablando”.

Sin consecuencias

Clavijo descartó que la posición del PP rechazando de entrada el reparto obligatorio vaya a tener consecuencias en el pacto de gobierno entre CC y populares en las Islas. Según él, el PP canario y su presidente, Manuel Domínguez, a su vez vicepresidente del Ejecutivo regional, “están comprometido con la reforma” de la ley.

“Estoy contento con que en Canarias hayamos sido capaces de aislarnos de esta locura en la que se ha convertido la política en Madrid y alcanzar acuerdos en asuntos de vital importancia”, afirmó el dirigente de CC, quien destacó que “el pueblo canario está dando un ejemplo de compromiso y de solidaridad y estamos atendiendo con nuestros propios recursos a esos niños y niñas que llegan a nuestras costas”. Lo cual, aseguró, “no significa que nos vayamos a conformar o que estemos contentos en cómo se está actuando, tanto desde el Congreso de los Diputados como desde el propio Gobierno de España”.

“Estoy convencido de que al final el sentido común, la humanidad, y el respeto a la legalidad internacional se imponga y que se presente un decreto ley y que sea convalidado en el Congreso”, concluyó.

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